El proyecto enviado al Congreso contempla una recaudación de $12,2 billones por el ICL y el impuesto al dióxido de carbono durante el próximo año. El incremento proyectado estará muy por encima del crecimiento previsto para la recaudación tributaria general y, si se aplica en su totalidad, tendrá fuerte impacto sobre naftas y gasoil en los surtidores.
El Gobierno nacional proyecta para 2027 un fuerte incremento de los ingresos provenientes de los impuestos aplicados a los combustibles. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto presentado ante el Congreso, la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) crecerá 59,3% durante el próximo año.
En términos nominales, ambos tributos aportarían $12,2 billones a las arcas públicas, según las estimaciones incluidas en el Mensaje que acompaña la iniciativa elaborada por el Ministerio de Economía.
La Ley 23.966 establece que esos valores deben ajustarse cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre, tomando como referencia la inflación acumulada durante el período anterior. Cuando una actualización se posterga, la diferencia no desaparece, sino que queda pendiente para futuros incrementos.
La suba proyectada queda muy por encima del 27,9% previsto para el conjunto de los impuestos nacionales y de los aportes y contribuciones a la seguridad social.
También supera la inflación contemplada en las proyecciones oficiales para 2027, del 18%, lo que anticipa una mayor participación de estos tributos dentro del precio de los combustibles.
El comportamiento responde principalmente a una particularidad del esquema impositivo: tanto el ICL como el IDC se calculan a partir de montos fijos que deben actualizarse periódicamente. Aunque el Gobierno viene postergando parte de esos ajustes, algo que podría repetirse en 2027.
El atraso que se acumuló durante los últimos años
La Ley 23.966 establece que esos valores deben ajustarse cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre, tomando como referencia la inflación acumulada durante el período anterior. Cuando una actualización se posterga, la diferencia no desaparece, sino que queda pendiente para futuros incrementos.
Durante los dos últimos años del gobierno anterior, esos mecanismos fueron suspendidos y el retraso llegó a superar el 350%. La gestión de Javier Milei comenzó posteriormente a recomponer los valores de manera gradual, con el objetivo inicial de completar el proceso durante 2026.
Sin embargo, el cronograma se extendió hasta 2027. Entre los factores mencionados para explicar esa postergación aparecen el incremento del precio internacional del petróleo a partir del conflicto en Medio Oriente y una inflación doméstica que terminó alejándose de la pauta del 10,1% utilizada para elaborar el Presupuesto vigente.
La recomposición de los montos también modificó el peso de estos tributos sobre el precio final. En aproximadamente tres años, la participación conjunta del ICL y el IDC dentro del valor de la nafta y el gasoil pasó de cerca del 7% a superar el 20%, aunque el impacto varía según el combustible y la empresa comercializadora.
Combustibles, por encima del resto de los tributos
El proyecto de Presupuesto estima que la presión tributaria total pasará del 21,06% del PBI en 2026 al 21,70% en 2027. En ese escenario, los combustibles aparecen como uno de los componentes con mayor crecimiento esperado.
El IVA, por ejemplo, tendría una expansión del 28,2%, mientras que Ganancias crecería 30,5%. Los impuestos coparticipados avanzarían 22,5% y Bienes Personales apenas 7,5%, en parte por la reducción de su alícuota marginal del 1% al 0,75%.
Entre los tributos vinculados al comercio exterior, los Derechos de Exportación registrarían una suba proyectada del 41,3%, mientras que los Derechos de Importación y la Tasa de Estadística avanzarían 39,2%. Los Créditos y Débitos bancarios crecerían 25,8%.
Economía explicó que el incremento de los impuestos a los combustibles responde a «las actualizaciones de las sumas fijas».
Para el resto de la recaudación, el Gobierno atribuyó la evolución prevista a los «aumentos proyectados de la actividad económica, de los volúmenes del comercio exterior, de la remuneración imponible y los puestos de trabajo, de los precios y del tipo de cambio».
Una actualización que vuelve a postergarse
El esquema de actualización ya tuvo una modificación reciente. El Decreto 829/26 postergó hasta el 1° de octubre el incremento que debía comenzar a aplicarse en septiembre. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible». Y repite la política de meses anteriores.
La norma también establece un tratamiento particular para el gasoil comercializado en la zona de influencia patagónica, que comprende Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Patagones y Malargüe.
Este panorama se da en un contexto complicado para el sector. La venta de combustibles en las estaciones de servicio registraron en julio de 2026 una nueva contracción y marcaron el sexto descenso interanual consecutivo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Energía de la Nación, durante ese mes se comercializaron 1.368.722 m³, frente a los 1.462.232 m³ del mismo período de 2025.
La diferencia alcanzó los 93.510 m³ y representó una baja del 6,4%, según los datos difundidos por Surtidores. El resultado confirma que la recuperación que algunos operadores esperaban para la segunda mitad del año todavía no aparece en los volúmenes despachados.
