La multinacional suiza arrastra condenas por corrupción, sanciones regulatorias y conflictos en distintos países, un antecedente que en San Juan alimenta el debate sobre sus inversiones en El Pachón.
Desde hace unos años que la Argentina busca posicionarse como uno de los grandes productores de cobre del mundo y proyectos como El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca, concentran una buena parte de la expectativa con el nombre de Glencore como protagonista.
La multinacional con sede en Suiza figura entre las mayores compañías de materias primas del planeta y es un actor clave en la producción y comercialización de cobre, zinc, níquel, carbón y petróleo.
Sin embargo, su crecimiento también estuvo acompañado por un extenso historial de causas judiciales, sanciones regulatorias y conflictos en distintos continentes, antecedentes que alimentan el debate sobre el desembarco de nuevas inversiones mineras en el país.
Glencore opera en más de 30 países y desarrolla actividades que abarcan desde la extracción y el procesamiento de minerales hasta el transporte, el almacenamiento y la comercialización de materias primas. En 2025 se ubicó entre las diez compañías mineras con mayor valor de mercado y un año antes encabezó el ranking global por ingresos del sector.
La empresa acumula conflictos regulatorios y ambientales en varias regiones donde desarrolla operaciones.
Esa dimensión internacional también la convirtió en objeto de seguimiento por parte de organismos multilaterales y entidades que monitorean el desempeño de las empresas extractivas.
Corrupción comprobada
Uno de los capítulos más delicados de su historia quedó al descubierto en 2022, cuando la compañía se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos por el pago de sobornos y la manipulación de mercados.
La investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló un esquema que se extendió durante más de una década e involucró operaciones en países como Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Brasil y Venezuela.
Según la causa, la empresa destinó más de u$s100 millones para obtener contratos, evitar auditorías oficiales y favorecer sus negocios mediante intermediarios y funcionarios públicos. Las investigaciones continuaron en otras jurisdicciones.
Ese mismo año, un tribunal del Reino Unido condenó a Glencore por el pago de sobornos vinculados con contratos petroleros en África, mientras que en 2024 la Fiscalía General de Suiza concluyó que la empresa no había implementado una organización adecuada para impedir hechos de corrupción en la República Democrática del Congo.
El caso terminó con una multa y se evitó un juicio que podía profundizar la investigación sobre la adquisición de activos mineros en ese país.
El delicado tema de la licencia social
Además de las causas por corrupción, la empresa acumula conflictos regulatorios y ambientales en varias regiones donde desarrolla operaciones.
En Colombia, el complejo carbonífero Cerrejón enfrentó cuestionamientos por el desplazamiento de comunidades y por el impacto de la actividad extractiva sobre poblaciones indígenas y afrodescendientes.
En Perú, organismos estatales vincularon distintos episodios de contaminación de cursos de agua con explotaciones mineras operadas por la compañía, mientras que organizaciones locales denunciaron la presencia de metales pesados en poblaciones cercanas a los yacimientos.
Los antecedentes chilenos adquieren especial relevancia para Argentina por la estrecha relación geográfica y logística que existe entre ambos países en materia minera.
En Chile, Glencore participa del proyecto Collahuasi, cuya ampliación quedó parcialmente frenada tras un fallo del Segundo Tribunal Ambiental que ordenó revisar aspectos de su evaluación ambiental vinculados con comunidades indígenas y el impacto sobre el entorno marino.
Aunque la empresa sostuvo que la resolución no afectaba la producción inmediata, el caso volvió a instalar cuestionamientos sobre los controles aplicados a grandes emprendimientos extractivos.
A ello se suman procesos sancionatorios en otras operaciones chilenas. Las faenas de Lomas Bayas y el complejo metalúrgico Altonorte fueron objeto de actuaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente por incumplimientos asociados al monitoreo de recursos hídricos y otras obligaciones ambientales.
Si bien parte de esos procesos derivaron en planes de cumplimiento y multas, especialistas chilenos sostienen que dejaron al descubierto debilidades en los mecanismos de fiscalización.
Glencore en la Argentina
Ese recorrido internacional adquiere una dimensión distinta cuando se observa la presencia de Glencore en Argentina. La empresa controla los proyectos MARA y El Pachón, dos iniciativas consideradas estratégicas para ampliar la producción nacional de cobre.
En Catamarca, además, heredó el legado de Bajo La Alumbrera, una explotación que durante años enfrentó denuncias judiciales por contaminación y que aún mantiene causas abiertas vinculadas con presuntos daños ambientales y otros hechos investigados por la Justicia.
Los cuestionamientos en San Juan
En San Juan, El Pachón volvió a instalarse en el centro del debate por su potencial económico y por los interrogantes que genera su ubicación en plena cordillera.
Diversos especialistas y organizaciones locales sostienen que el proyecto se desarrolla en una zona de alta sensibilidad hídrica y cercana a glaciares inventariados, mientras que la empresa mantiene desde hace años diferencias con la aplicación de la Ley de Glaciares.
A ello se suma la concesión de un importante volumen de agua para el proyecto, un punto que continúa siendo cuestionado por sectores de la comunidad sanjuanina.
En 2017, la Justicia Federal ordenó retirar más de 40 millones de toneladas de estériles que la minera chilena Los Pelambres había depositado sobre terrenos concesionados a El Pachón, en un conflicto que puso en evidencia la complejidad operativa de los proyectos binacionales y las dificultades para controlar actividades desarrolladas en alta montaña.
Ese episodio sigue siendo citado como uno de los principales antecedentes de la zona y alimenta las dudas sobre futuros desarrollos en la cordillera.
Por el momento, el Gobierno nacional impulsa inversiones de gran escala y proyectos como El Pachón buscan avanzar con nuevos esquemas de financiamiento e incentivos, pero el historial corporativo de Glencore parece sostenerse como un obstáculo siempre latente.
