La salida al conflicto se produjo tras un encuentro entre la administración provincial y la minera Newmont, que presentó un programa para atender las observaciones realizadas durante una inspección. El yacimiento enfrenta el desafío de sostener inversiones, empleo local y niveles de producción.

El Gobierno de Santa Cruz levantó las ocho clausuras preventivas que afectaban distintos sectores de Cerro Negro, el principal yacimiento aurífero de la provincia, y Newmont anunció que comenzará a normalizar de manera progresiva las operaciones.

La decisión oficial permitió destrabar una paralización que había interrumpido las tareas en la mina.

La resolución llegó luego de una reunión entre el gobernador Claudio Vidal y representantes de la empresa.

Durante el encuentro, la compañía presentó un plan de remediación destinado a responder a los incumplimientos detectados por las autoridades provinciales y establecer las condiciones para retomar las actividades.

El mercado calculó que cada semana de inactividad representaba unas 3.900 onzas de oro que dejaban de producirse y cerca de US$13 millones de facturación bruta postergada.

El conflicto comenzó a tomar dimensión durante la semana anterior, cuando una inspección provincial derivó en la clausura de ocho áreas del complejo minero.

Las observaciones estuvieron relacionadas con cuestiones de seguridad e higiene, documentación y condiciones de los vehículos utilizados para las tareas internas.

La respuesta empresarial fue detener las actividades y retirar parte del personal del campamento.

Desde la compañía argumentaron que las restricciones impedían garantizar el funcionamiento habitual de la operación, particularmente por las dificultades para ingresar insumos considerados esenciales, entre ellos combustible y equipamiento de apoyo.

El secretario de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, confirmó posteriormente que las clausuras fueron levantadas una vez que Newmont presentó el programa destinado a corregir los puntos observados durante el procedimiento de control.

En paralelo, la administración provincial buscó encauzar la discusión hacia una agenda más amplia.

Se acordó avanzar con mesas de trabajo vinculadas con seguridad, empleo y desarrollo local, mientras que la empresa ratificó su compromiso con la incorporación de trabajadores de la provincia.

El empleo local en la mina Cerro Negro

Uno de los puntos que quedó sobre la mesa es el cumplimiento del régimen 90/10, que establece que el 90% de los puestos laborales deben estar ocupados por residentes santacruceños.

La exigencia se encuentra en el centro de las conversaciones entre las autoridades, la compañía y los representantes sindicales.

La empresa minera viene señalando que la sustitución de personal debe realizarse de manera gradual, especialmente cuando se trata de posiciones que demandan conocimientos técnicos, experiencia específica o capacitación previa.

En una actividad donde las condiciones de seguridad tienen un peso determinante, la cobertura inmediata de determinados puestos puede resultar compleja.

La discusión adquiere mayor relevancia en operaciones maduras. Con el paso del tiempo y la disminución de la ley del mineral, las compañías necesitan mover y procesar mayores cantidades de roca para obtener volúmenes similares de metal. Esto incrementa los costos y obliga a sostener inversiones para preservar la productividad.

El costo económico de una interrupción

Cerro Negro comenzó a producir en 2014 y durante 2025 generó ingresos estimados en unos US$691 millones, a partir de una producción cercana a las 202.000 onzas de oro.

El complejo emplea alrededor de 1.200 personas y sostiene además una cadena de contratistas y proveedores con impacto en Perito Moreno y otras localidades santacruceñas.

Estimaciones difundidas por Clarín calcularon que cada semana de inactividad representaba unas 3.900 onzas de oro que dejaban de producirse y cerca de US$13 millones de facturación bruta postergada.

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El conflicto en Cerro Negro comenzó a tomar dimensión durante la semana anterior, cuando una inspección provincial derivó en la clausura de ocho áreas del complejo minero.

La Secretaría de Minería provincial también había advertido que una interrupción prolongada podía repercutir sobre la producción, las exportaciones y las regalías.

De acuerdo con datos del INDEC, en julio la extracción de oro y plata en concentrados disminuyó 9,9% interanual, mientras que la producción de bullón dorado o doré retrocedió 20,7%.

En el mismo período, el conjunto de los minerales metalíferos registró una baja de 12,4%.

Una inversión que depende de la previsibilidad

El conflicto también se produjo mientras Newmont avanza con un ambicioso programa para Cerro Negro.

La compañía proyecta desembolsar US$800 millones en la expansión denominada Cerro Negro Expansión 1, con el objetivo de extender la vida útil del yacimiento más allá de 2035.

A esto se suma una nueva etapa de explotación a cielo abierto que podría demandar aproximadamente un centenar de trabajadores adicionales. Para concretar ese proceso, la estabilidad de las condiciones operativas aparece como un factor relevante.

En ese sentido, la compañía sostuvo que «un entorno operativo estable y predecible es fundamental para sostener la inversión de largo plazo, el empleo, las oportunidades económicas y los beneficios que la minería aporta a la provincia de Santa Cruz y a la Argentina».

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