La medida contempla una eventual extensión adicional de dos años. Se anunció en plena disputa con la Argentina por el proyecto offshore Sea Lion, pocos días después de nuevas acciones contra las compañías involucradas.
El gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión por cinco años de las licencias vigentes para actividades de hidrocarburos offshore, con una opción adicional de dos años a discreción de las autoridades isleñas. Según el comunicado oficial, la medida cuenta con “el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido”.
La decisión se conoció en medio del incremento de las acciones impulsadas por la Argentina para frenar la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área.
La decisión de extender las licencias llegó después de que el Reino Unido difundiera una guía destinada a respaldar a las empresas que operan en el archipiélago.
Las autoridades isleñas señalaron que las prórrogas quedarán condicionadas al cumplimiento satisfactorio de los programas de trabajo de los concesionarios, que deberán contemplar nuevas perforaciones de evaluación.
Aunque el anuncio no especificó cuántas licencias están alcanzadas ni detalló a todos sus titulares, entre las empresas vinculadas aparecen Rockhopper Exploration, Navitas Petroleum Development and Production, socias en Sea Lion, además de Falkland Oil & Gas y Desire Petroleum.
El proyecto offshore es operado por la israeli Navitas, con una participación del 65%, mientras la angloaustraliana Rockhopper posee el 35% restante.
Sea Lion, en el centro de la controversia por Malvinas
La extensión de los permisos se produce pocos días después de una resolución de la Justicia Federal argentina que ordenó detener las actividades vinculadas con el desarrollo de Sea Lion.
La jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto dispuso el cese de las perforaciones y solicitó a las empresas involucradas que informaran sobre el grado de avance del proyecto.
El yacimiento se encuentra en la Cuenca Norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago, y constituye el principal proyecto petrolero offshore actualmente en desarrollo en la zona.
Navitas y Rockhopper sostienen que operan sobre la base de licencias otorgadas por las autoridades de las islas y han señalado que la situación política no debería modificar el cronograma previsto para el emprendimiento.
La administración isleña, por su parte, defendió la continuidad de las inversiones.
Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que las extensiones “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas”.
También afirmó: “Estos son nuestros recursos para desarrollar, y garantizaremos que se desarrollen de forma responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, para aportar beneficios de largo plazo a las generaciones actuales y futuras”.
Inversiones y expectativas alrededor del petróleo
El desarrollo de Sea Lion ya moviliza recursos financieros y empleo especializado. Rockhopper comunicó recientemente que busca obtener US$ 200 millones entre sus accionistas para fortalecer el avance del proyecto y anticipar etapas de explotación, mientras que la compañía informó que inicialmente consiguió US$ 20 millones.
El proyecto también aparece vinculado a expectativas de transformación económica para las islas. Con una población permanente cercana a los 3.700 habitantes, el desarrollo de la industria petrolera incorporó trabajadores especializados y generó nuevas necesidades de infraestructura.
Las autoridades isleñas proyectan ingresos derivados de regalías, impuestos y permisos que podrían destinarse a obras consideradas prioritarias.
Entre ellas figuran la modernización del sistema eléctrico, la ampliación de la conectividad y la expansión del puerto de Puerto Argentino, infraestructura que también adquiriría mayor relevancia ante un eventual crecimiento de las operaciones petroleras.
El respaldo británico y la presión argentina
La decisión de extender las licencias llegó después de que el Reino Unido difundiera una guía destinada a respaldar a las empresas que operan en el archipiélago.
También se conoció luego de que la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificara de “inaceptables” los procedimientos impulsados desde la Argentina contra compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos.
En paralelo, el Gobierno argentino profundizó su ofensiva legal y administrativa contra las empresas relacionadas con los proyectos petroleros. El reclamo se sustenta en la posición argentina de que las licencias otorgadas por las autoridades de las islas carecen de validez por la disputa de soberanía.
El cruce adquiere además una dimensión económica para el Reino Unido. En el debate británico aparecieron propuestas vinculadas con el destino de los futuros ingresos petroleros y el financiamiento de infraestructura y defensa en el Atlántico Sur. Se trata, por ahora, de planteos formulados en el ámbito político y periodístico, no de decisiones oficiales.
