El acuerdo entre la minera y San Juan incluye blindaje jurídico en tribunales internacionales y la entrega del control ambiental por parte del Estado. Estas condiciones recrudecieron las críticas en torno al proyecto y en algunos sectores tildan el convenio como “entreguista”.
La explotación de cobre en el noroeste del país se mantiene como una de las oportunidades económicas más relevantes de la región y Vicuña es el proyecto que más producción promete. Sin embargo, la inciativa sigue sumando controversias que ponen en cuestionamiento si se trata realmente un milagro exportador o una entrega de recursos.
El desarrollo ingresó en una nueva etapa tras el acuerdo firmado entre el gobierno de San Juan y Vicuña Argentina S.A. que establece un esquema específico para ordenar durante décadas la relación entre el Estado y la empresa en materia de aportes, infraestructura, regalías y resolución de conflictos.
La Provincia no tendrá la posibilidad de exigir un aporte adicional a la empresa.
Este Acta Compromiso se formalizó el 5 de agosto de 2026 y posteriormente obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados de San Juan. Sin embargo, desde “Jáchal No Se Toca”, una asamblea ciudadana ambientalista y autónoma de la provincia, señalaron irregularidades en la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) incluido en el documento.
El cuestionamiento principal es que se tomó el IIA del Proyecto Josemaría como válido a pesar de que Vicuña abarca un territorio aún mayor. Desde la organización piden que se haga un informe nuevo que aborde todos los problemas que incluía el original.
El Inpres no aprobó el IIA de Josemaría porque el paredón del dique de colas de 200 metros de altura se construirá sobre una falla sísmica. “Además, con este proceder se está acumulando ilegalmente impactos ambientales del Proyecto Filo Del Sol”, agregaron desde la organización.
Es clave recordar que este acuerdo no se inscribe en un vacío, Vicuña llega a este nuevo capítulo con varios antecedentes que generan dudas por la forma en que la empresa se vincula con el Estado, la infraestructura y los proveedores locales.
Primero fue la contratación por unos u$s52 millones de PowerChina para construir el módulo habitacional del proyecto con una limitada participación de proveedores nacionales.
Después apareció otra disputa, esta vez por la infraestructura eléctrica: la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgarle a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente del corredor Nueva San Juan–Rodeo durante 25 años despertó objeciones por la concentración de un recurso estratégico en un único emprendimiento.
Vicuña y la pérdida de soberanía jurídica
Estas controversias que atravesó (y atraviesa) la megaminera pone bajo la lupa la entrega de recursos nacionales y provinciales a cambio del ingreso de divisas que, mirando la letra chica del acuerdo, podría no ser tan “transformador” para el país como se quiere presentar.
El anuncio político del acuerdo tuvo como protagonista los u$s250 millones que Vicuña aportará a San Juan antes de comenzar a producir. Pero en el texto aprobado se explicita que el monto a desembolsar por la compañía ascendería “hasta” ese monto, por lo que la inversión concreta podría ser menor y queda a discreción de la multinacional.
Por otro lado, el acuerdo crea un esquema específico para canalizar los fondos y contempla, además, un aporte posterior equivalente al 1,5% de las ventas netas desde el sexto año y hasta el año 71. Esta parte desató los cuestionamientos del economista sanjuanino Hugo Berozzi en el análisis que difundió antes de la aprobación legislativa.
La propia empresa describe el mecanismo de otra manera: habla de una contribución del 1,5% de las ventas brutas desde el sexto año de operaciones y de la «estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante la vida útil del proyecto«.
La diferencia entre ambas formulaciones no es menor y merece ser mirada con atención porque muestra justamente por qué la discusión no debería quedar atrapada en el anuncio de los u$s250 millones.
Asimismo, el acuerdo busca consolidar en un único mecanismo contractual las obligaciones financieras vinculadas a la DIA y, según la propia empresa, establece que la Provincia no impondrá contribuciones adicionales de naturaleza análoga relacionadas con Vicuña.
Para Berozzi, ese esquema representa un problema económico de fondo. El economista sostiene que el aporte inicial no es automático ni equivale a una transferencia libre de fondos, sino que está sujeto a condiciones y a la ejecución de obras.
También hizo hincapie en que, si los recursos asignados no alcanzan para una obra determinada, la Provincia no tendría simplemente la posibilidad de exigir un aporte adicional a la empresa.
El planteo adquiere todavía más importancia cuando se observa que una parte de las obras necesarias para el desarrollo minero no son menores. Vicuña requiere caminos, energía, agua, instalaciones industriales y servicios de apoyo para una operación que se extendería durante varias décadas.
Qué margen conserva el Estado
La dimensión jurídica también estuvo en el centro de las críticas y aparece con mayor claridad en el artículo 8 del Acta Compromiso. Allí se establece un mecanismo específico para resolver controversias que puede llevar las disputas a instancias arbitrales internacionales.
Para quienes se oponen al acuerdo, esto reduce el margen de actuación de la Provincia frente a una compañía que desarrollará una actividad extractiva durante aproximadamente siete décadas.
En ese sentido, el diputado sanjuanino Mario Herrero cuestionó durante el tratamiento legislativo que el convenio pudiera entrar en conflicto con la Constitución Nacional, la Constitución provincial, la Ley General del Ambiente, la legislación minera y el Acuerdo de Escazú. “El acuerdo es una suma de ilegalidades que lo tiñen de inconstitucional”, señaló.
Por su parte, Berozi indicó que “primero pone plata la provincia, después aparece la plata de la minera cuando aparece el certificado de esa obra. Si no alcanza, no podés pedir más, si sucede un derrame, como en Veladero, no podés cobrar una multa, ni juzgarlo acá, para todo se debe recurrir a un tribunal internacional, y todo durante 70 años”.
Días después del informe elevado por el economista, este fue despedido del trabajo en el que llevaba seis años. “Me pareció tan grave lo que se estaba permitiendo que empecé a compartir ese análisis para intentar que no se aprobara. Puntualmente me dijeron, de manera oral, que el motivo (del despido) era ese, criticar el acuerdo”, explicó al medio Agencia Tierra Viva.
