La medida habilita la incorporación de corredores viales de distintas provincias al sistema de gestión privada mediante contratos de peaje. Economía tendrá un plazo de 12 meses para avanzar con los llamados a licitación, mientras que Vialidad Nacional conservará las funciones de supervisión y control de las futuras concesiones.
El Gobierno nacional habilitó la incorporación de 27 nuevos tramos de rutas nacionales a la Red Federal de Concesiones, el programa que busca trasladar al sector privado la explotación, conservación y ejecución de obras sobre distintos corredores viales.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa permite sumar caminos que actualmente se encuentran bajo administración estatal al régimen de concesiones establecido por la Ley 17.520.
La ampliación se inscribe en el programa Red Federal de Concesiones, diseñado por el Gobierno para reemplazar progresivamente la administración estatal de distintos corredores por contratos de explotación y obra pública financiados mediante peajes.
De esta manera, los segmentos incorporados podrán ser incluidos en futuras licitaciones para adjudicar su operación y mantenimiento a empresas privadas, que tendrán entre sus fuentes de ingresos el cobro de peajes.
El listado comprende rutas distribuidas en buena parte del territorio argentino. En la provincia de Buenos Aires se incluyeron las nacionales 3, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. También figura la ruta 9, que atraviesa Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
En la región centro y litoral se incorporaron las rutas 11, en Santa Fe, Chaco y Formosa; 12, en Entre Ríos; 14, entre Corrientes y Misiones; y 16, en sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta.
La nómina también contempla las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y 89, entre Chaco y Santiago del Estero.
Las rutas incorporadas en la Patagonia y el Norte
La ampliación alcanza igualmente a distintos corredores de la Patagonia. En Chubut se sumaron las rutas nacionales 25 y 26, mientras que en Neuquén quedó comprendida la 237. A su vez, La Pampa incorporó los trazados de las rutas 151 y 152.
En el nordeste argentino, el decreto incluyó las rutas 81 y 86, en Formosa, y las 120, 121 y 122, en Corrientes.
Cada uno de estos caminos podrá incorporarse de manera completa o parcial a los futuros corredores concesionados, siempre que los sectores seleccionados no estén alcanzados por contratos que ya se encuentren vigentes.
La disposición también contempla una situación particular para las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35.
Estos corredores ya habían sido considerados en etapas anteriores del programa, por lo que su nueva inclusión no implica necesariamente que la totalidad de sus recorridos vuelva a licitarse. La condición establecida apunta a evitar superposiciones con concesiones existentes.
Economía tendrá 12 meses para abrir las licitaciones
El decreto establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá facultades para definir cómo se conformarán los nuevos tramos. Podrá agrupar rutas completas o seleccionar determinados sectores, pero deberá contar previamente con un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Una vez definidos los corredores, Economía tendrá a su cargo la preparación y aprobación de los pliegos, la convocatoria a concursos públicos nacionales e internacionales, el análisis de las propuestas, la adjudicación y la suscripción de los contratos. El plazo fijado para realizar los llamados a licitación es de 12 meses desde la entrada en vigencia de la normativa.
Las empresas que resulten adjudicatarias podrán asumir distintas responsabilidades vinculadas con la infraestructura. Entre ellas se encuentran la construcción, rehabilitación, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, además de la administración y explotación de los corredores.
El esquema también contempla la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que permitan obtener ingresos adicionales a los provenientes de los peajes. De esta forma, los contratos podrán incorporar otras fuentes de financiamiento vinculadas con la explotación de los espacios concesionados.
Aunque el Ministerio de Economía será responsable de organizar los concursos y otorgar las concesiones, la Dirección Nacional de Vialidad conservará el rol de autoridad de aplicación. Esto significa que deberá controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y supervisar las tareas que desarrollen los operadores privados.
El avance de la Red Federal de Concesiones
La ampliación se inscribe en el programa Red Federal de Concesiones, diseñado por el Gobierno para reemplazar progresivamente la administración estatal de distintos corredores por contratos de explotación y obra pública financiados mediante peajes.
El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de movilizar inversiones privadas para recuperar y mantener la infraestructura vial, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad en las rutas.
También planteó que el modelo permitiría reducir los costos logísticos y limitar la utilización de recursos presupuestarios nacionales, en línea con el objetivo de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
El esquema se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley Bases, que amplió las herramientas disponibles para otorgar concesiones de infraestructura y estableció que Corredores Viales S.A. quedara sujeta a privatización.
De acuerdo con los antecedentes incluidos en el decreto, las etapas I, II, II-B y III de la Red Federal de Concesiones ya fueron licitadas y adjudicadas.
Esos procesos comprendieron corredores como Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.
