Un reclamo desde el país africano llegó hasta la Justicia británica por presunta contaminación con plomo y uranio. En Argentina, su operación de litio Fénix enfrenta reclamos sindicales por salarios y seguridad en la alta montaña.
La actividad minera está en un momento histórico en la Argentina con proyecciones de producción récord e inversiones multimillonarios de las firmas más grandes del mundo. Sin embargo, la llegada de estos jugadores no está exenta de polémicas.
Empresas como Glencore y Vicuña despertaron algunas alarmas por sus antecedentes en otros países en temas de impacto ambiental. Esta semana, Rio Tinto ingresó en este grupo de compañías con actuaciones «cuestionables» por un reclamo que llega desde África.
Los Jesuitas en Gran Bretaña comunicaron que evaluaban desprenderse de su participación en Rio Tinto.
Más de 6.500 personas de Madagascar presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Londres contra la compañía y QIT Madagascar Minerals (QMM), operación en la que la minera posee el 80%, por presunta contaminación de cursos de agua utilizados por comunidades cercanas al yacimiento.
Los demandantes sostienen que se habrían producido descargas de aguas residuales ácidas con uranio, plomo y otros metales. Más de 2.000 de los reclamantes serían niños, según el estudio jurídico Leigh Day, que representa a las comunidades.
El reclamo todavía debe atravesar el proceso judicial y las acusaciones no constituyen, por sí mismas, una constatación de contaminación. Rio Tinto confirmó que fue notificada de la demanda, pero señaló que aún no había recibido los documentos ni los detalles necesarios para formular una respuesta de fondo.
La empresa también sostuvo que el monitoreo realizado por QMM muestra que las muestras de uranio se ubicaron por debajo de los límites de detección de laboratorio y que la mayoría de las muestras de plomo tuvieron el mismo resultado.
El episodio, sin embargo, no surge en un vacío. La operación de QMM ya había sido escenario de protestas comunitarias. En mayo de 2022, la mina suspendió sus actividades durante cinco días después de un vertido de agua seguido del hallazgo de peces muertos.
Rio Tinto sostuvo entonces que sus análisis no habían encontrado una relación entre el vertido y la muerte de los peces. Ahora, los habitantes que impulsaron la acción judicial reclaman indemnizaciones y medidas destinadas a reparar los daños que atribuyen a la operación y evitar nuevos episodios.
El caso también expone una cuestión que suele quedar detrás de las cifras de inversión minera: la relación entre las grandes operaciones extractivas y las comunidades que conviven con ellas.
En mayo de este año, además, los Jesuitas en Gran Bretaña comunicaron que evaluaban desprenderse de su participación en Rio Tinto después de considerar infructuosas sus gestiones con la compañía sobre cuestiones ambientales en Madagascar y Guinea.
Problemas en el plano local para Río Tinto
El expediente de Madagascar no permite trasladar automáticamente sus acusaciones a la Argentina. Pero sí resulta relevante observar qué ocurre en las operaciones que Rio Tinto controla actualmente en el país, particularmente después de que la compañía completara en marzo de 2025 la adquisición de Arcadium Lithium por u$s6.700 millones.
Con esa operación pasó a controlar activos de litio que incluyen Fénix y Sal de Vida, en Catamarca, y Rincón, en Salta. En Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, la compañía enfrenta ahora un conflicto de otro tipo.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) inició a fines de septiembre una medida de fuerza en Minera del Altiplano, vinculada a reclamos salariales y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad para los trabajadores que desarrollan tareas en la Puna. La protesta se suma a otro conflicto gremial registrado durante el año.
La cuestión de la seguridad adquirió especial relevancia después del temporal de nieve ocurrido en julio. Varios trabajadores quedaron aislados durante días en la zona de Antofagasta de la Sierra, a más de 4.400 metros de altura y con temperaturas cercanas a los 24 grados bajo cero.
El operativo de rescate requirió la intervención de distintos organismos y recursos de emergencia. Posteriormente, AOMA cuestionó los procedimientos utilizados para el traslado de trabajadores durante el temporal y pidió explicaciones sobre los protocolos de invierno.
Rio Tinto, por su parte, sostiene que Fénix es una de sus operaciones estratégicas de litio en la Argentina. La compañía tiene el 100% del proyecto y su documentación corporativa indica que la expansión 1B alcanzó la primera producción en el segundo trimestre de 2026.
La ampliación representa una inversión de unos u$s700 millones y suma capacidad de producción de carbonato de litio equivalente. Sal de Vida, también en Catamarca, tiene una capacidad prevista de 15.000 toneladas anuales.
El crecimiento de Rio Tinto en el país también se apoya en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En abril, el Gobierno aprobó el ingreso de la expansión Fase 1B de Fénix al régimen por una inversión computable de u$s251,3 millones, destinada a elevar la capacidad de producción de carbonato de litio.
El proyecto contempla, entre otras obras, nuevas instalaciones de procesamiento, perforaciones e infraestructura energética.
El tamaño de estas inversiones contrasta con las cifras actuales de empleo minero. Los datos correspondientes a marzo de 2026 registraron 40.141 puestos de trabajo minero formal directo en todo el país, un 1,2% más que un año antes. El litio concentró 5.382 empleos, con una expansión interanual del 6,5%. Son cifras de empleo directo y no incluyen los puestos indirectos ni los efectos sobre proveedores y contratistas.
El contraste resulta relevante frente a las proyecciones que acompañan el actual ciclo de inversiones. En agosto, el Gobierno informó que 21 proyectos aprobados bajo el RIGI representaban u$s46.700 millones de inversión y una estimación de 95.158 empleos directos e indirectos.
Se trata de proyecciones que incluyen distintas etapas y tipos de empleo y, por lo tanto, no son comparables de manera directa con el registro oficial de puestos mineros directos.
