La decisión alcanza instalaciones de Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Chubut, que en conjunto representan más de 1.100 MW de potencia instalada. La extensión busca garantizar la generación eléctrica durante la transición hacia un nuevo esquema de administración privada.
El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2027 las concesiones de centrales hidroeléctricas en el marco del proceso de renovación de contratos que lleva adelante el Ministerio de Economía.
La medida permitirá que las actuales empresas continúen operando y administrando las represas hasta que finalice el plazo establecido o los nuevos adjudicatarios asuman el control de las instalaciones.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1349/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La disposición también contempla qué sucederá si alguna concesionaria decide no adherir. En ese caso, deberá garantizar la generación durante un mínimo de 45 días hábiles, período durante el cual el Estado tendrá que adoptar las medidas necesarias para evitar interrupciones en el servicio eléctrico.
El objetivo es mantener la continuidad de la generación eléctrica mientras se desarrollan las licitaciones públicas nacionales e internacionales destinadas a seleccionar a los próximos operadores privados.
Los complejos alcanzados por la disposición reúnen una potencia instalada de aproximadamente 1.127,7 MW.
La extensión de los contratos forma parte de la estrategia oficial para reorganizar la administración de los activos hidroeléctricos y avanzar con el programa de concesiones al sector privado.
Las centrales hidroeléctricas que alcanza la medida
La prórroga comprende instalaciones distribuidas en cinco provincias. En Mendoza, Hidroeléctrica Diamante S.A. continuará a cargo de Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, tres centrales que suman 388 MW de potencia.
En Santiago del Estero, la extensión alcanza a Hidroeléctrica Río Hondo S.A., responsable de las centrales Río Hondo y Los Quiroga, cuya capacidad conjunta es de 17 MW.
Por su parte, AES Argentina Generación S.A. mantendrá la operación de Cabra Corral y El Tunal, en Salta, con una potencia instalada total de 111,1 MW.
La nómina se completa con Hidroeléctrica Tucumán S.A., que administra El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 MW, y con Hidroeléctrica Futaleufú S.A., concesionaria de la central homónima en Chubut, que aporta 560 MW.
Esta última instalación representa prácticamente la mitad de la potencia comprendida en la medida y constituye uno de los principales activos hidroeléctricos incluidos en la extensión contractual.
Los requisitos para acceder a la prórroga
El decreto establece que las compañías deberán comunicar formalmente su aceptación de las nuevas condiciones mediante una carta de adhesión presentada ante la Secretaría de Energía. El plazo fijado es de siete días corridos desde la entrada en vigencia de la norma.
Una vez cumplido ese procedimiento, las empresas “continuarán operando como fecha máxima hasta el 30 de abril de 2027, inclusive”, siempre que antes no se produzca el traspaso de las instalaciones a los ganadores de los concursos.
La disposición también contempla qué sucederá si alguna concesionaria decide no adherir. En ese caso, deberá garantizar la generación durante un mínimo de 45 días hábiles, período durante el cual el Estado tendrá que adoptar las medidas necesarias para evitar interrupciones en el servicio eléctrico.
De esta manera, el Ejecutivo busca establecer un mecanismo de transición que permita desarrollar los procesos licitatorios sin comprometer el funcionamiento de los complejos ni la disponibilidad de energía para el sistema.
Energía definirá las nuevas condiciones contractuales
La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la preparación de las licitaciones, la elaboración de los pliegos y la formalización de los futuros contratos de concesión.
Entre los fundamentos de la decisión, el Gobierno señaló que los contratos originales se encuentran vinculados con los vencimientos derivados de la reforma del Estado impulsada durante la década de 1990.
Por ese motivo, consideró necesario establecer un período adicional de operación que permita completar la selección de nuevos responsables.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia de revisión de las concesiones hidroeléctricas.
Entre los procesos que ya se pusieron en marcha figuran los correspondientes a Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles.
Además de reorganizar la administración de los complejos, el programa de privatizaciones constituye una de las herramientas con las que Economía busca obtener recursos y fortalecer las cuentas públicas frente a los compromisos financieros previstos para 2027.
