La nueva metodología rige para los consumos registrados desde el 13 de octubre y modifica la forma en que se calcula la asistencia estatal. Aunque los hogares patagónicos conservarán la cobertura territorial, una parte de los conceptos que integran el servicio dejará de estar alcanzada por la bonificación, con consecuencias sobre el importe final.

Los usuarios residenciales de gas de la Patagonia comenzaron a recibir el impacto de los cambios en el Régimen de Zona Fría. Desde los consumos registrados el 13 de octubre de 2026, la bonificación dejó de calcularse sobre el importe total de las facturas y pasó a aplicarse exclusivamente sobre el componente correspondiente al gas natural.

Para las subzonas abastecidas por Camuzzi Gas del Sur (CGS), la modificación representa un incremento promedio anual ponderado estimado en torno al 32%., según un cálculo de la consultora Economía & Energía.

La reforma modifica uno de los aspectos centrales del esquema de asistencia que históricamente recibieron los hogares de la región.

Otro de los cambios relevantes alcanza a las zonas que fueron incorporadas al Régimen de Zona Fría durante 2021. Estos usuarios dejan de contar con la bonificación del 30% que anteriormente se aplicaba sobre el importe final de la factura.

Si bien se mantiene la cobertura territorial para la Patagonia, el descuento pierde alcance porque deja de comprender otros conceptos que forman parte del costo del servicio, como el transporte, la distribución y los cargos fijos.

Para entender el cambio es necesario considerar cómo se compone una factura de gas. El importe final contempla el valor del combustible adquirido por las distribuidoras, el costo de trasladarlo mediante los gasoductos y los gastos asociados con su distribución hasta los domicilios. A estos componentes se suman los cargos fijos correspondientes al suministro.

Con el nuevo mecanismo, la reducción se concentra únicamente en el primero de esos conceptos. Por lo tanto, aunque el porcentaje de bonificación se mantenga, su efecto sobre el total que deben pagar los usuarios será menor y dependerá de la composición tarifaria de cada subzona y del consumo registrado.

Qué sucede con las localidades incorporadas en 2021

Otro de los cambios relevantes alcanza a las zonas que fueron incorporadas al Régimen de Zona Fría durante 2021. Estos usuarios dejan de contar con la bonificación del 30% que anteriormente se aplicaba sobre el importe final de la factura.

A partir de la reforma, la posibilidad de acceder a una reducción adicional queda vinculada con la inclusión del hogar en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Este sistema organiza la asistencia estatal de acuerdo con las condiciones económicas de los usuarios y establece criterios para determinar quiénes pueden recibir subsidios energéticos.

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Los recursos recaudados financiarán los subsidios para la comercialización de garrafas, cilindros y gas licuado de petróleo a granel.

Además, el porcentaje de la bonificación sobre el precio del gas ya no queda establecido directamente por la legislación, sino que su determinación corresponde a la autoridad de aplicación.

De esta manera, el acceso y la magnitud de la asistencia quedan sujetos a las condiciones definidas dentro del nuevo esquema de subsidios.

Por qué el impacto puede ser mayor durante el verano

La reducción de la base sobre la que se calcula el descuento también modifica la incidencia de los componentes tarifarios según la época del año. Los estudios realizados sobre el nuevo régimen muestran que las variaciones porcentuales pueden ser más importantes durante los meses de menor consumo.

Esto ocurre porque, cuando los hogares utilizan menos gas, el valor del combustible representa una proporción más pequeña de la factura. En ese escenario, los cargos fijos y los costos de transporte y distribución adquieren mayor participación relativa, precisamente los conceptos que dejaron de estar alcanzados por la bonificación territorial.

Durante el invierno, cuando aumenta la demanda para calefacción, la estructura del importe cambia y el precio del gas tiene un peso diferente.

Por ese motivo, la estimación promedio anual del 32% para el área de Camuzzi Gas del Sur no debe interpretarse como un aumento uniforme para todos los usuarios ni para todos los períodos del año.

Las normas que establecen el nuevo régimen

La modificación quedó formalizada mediante la Ley 27.828, sancionada en septiembre de 2026, y posteriormente reglamentada por el Decreto 1266/2026 y la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía. La nueva metodología alcanza a los consumos registrados desde el 13 de octubre y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

El financiamiento del sistema continuará mediante un recargo sobre el precio del gas natural, cuya alícuota podrá llegar al 7,5%. El Poder Ejecutivo cuenta con facultades para modificar ese porcentaje hasta un 50%, mediante una resolución del Ministerio de Economía.

Gas Liquado de Petróleo, Secretaría de Energía.
El costo de distribución puede ser mayor y tener un impacto sobre las tarifas.

Los recursos recaudados se distribuirán entre distintos destinos: el 50% se asignará a las bonificaciones de la Patagonia, Malargüe y la Puna; otro 20% se destinará a los beneficios correspondientes al régimen SEF; y el monto restante financiará los subsidios para la comercialización de garrafas, cilindros y gas licuado de petróleo a granel.

También se modificó el circuito administrativo de las compensaciones. Los desembolsos se realizarán directamente a las empresas productoras de gas, mientras que las distribuidoras tendrán la responsabilidad de trasladar las bonificaciones a las facturas y comunicar cómo se implementan.

El decreto aprobó, además, un nuevo modelo de contrato de fideicomiso para adecuar su funcionamiento a la legislación vigente. Sin embargo, no implica la creación de un fondo diferente ni la desaparición del anterior: el Banco Nación continuará como fiduciario y el Ministerio de Economía mantendrá el rol de fiduciante.

El cambio también puede tener repercusiones sobre las cuentas de los municipios patagónicos, que utilizan gas y electricidad en edificios públicos y deben afrontar gastos energéticos vinculados con servicios como el alumbrado y el bombeo de agua.

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