El crédito se destinará casi en su totalidad a las bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos, en el marco del nuevo esquema de subsidios energéticos. El financiamiento coincide con cambios en el régimen de Zona Fría, que limitarán el acceso automático a los descuentos en distintas localidades del país.
El Gobierno nacional aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$500 millones para financiar el programa de focalización de subsidios energéticos, con prioridad en la asistencia destinada a los hogares vulnerables. Según el contrato, el 98,9% de los recursos se aplicará al pago de bonificaciones sobre el consumo residencial de gas.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1178/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El programa apunta a preservar la accesibilidad de los servicios energéticos para los sectores de menores ingresos y, al mismo tiempo, contribuir al equilibrio fiscal mediante un esquema de asistencia más focalizado.
La liberación de los fondos destinados a las bonificaciones se organizará en cuatro etapas, condicionadas al cumplimiento de objetivos definidos en el programa.
Entre sus objetivos específicos figuran mantener el acceso al gas por redes, garantizar la disponibilidad de gas envasado y mejorar las herramientas estatales para identificar beneficiarios y controlar la aplicación de los subsidios.
El plan financiero contempla US$494,5 millones para las bonificaciones correspondientes a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecidos por el Decreto 943/2025, y al régimen de Zona Fría, creado por la Ley 25.565 y modificado por la Ley 27.637.
Otros US$5 millones se reservarán para fortalecer las capacidades institucionales y realizar estudios técnicos, mientras que US$500.000 financiarán tareas administrativas, auditorías y evaluaciones.
El acuerdo también habilita al organismo multilateral a reconocer hasta US$100 millones en subsidios al gas pagados entre el 28 de abril y el 5 de agosto de 2026. Para que esos desembolsos anteriores a la aprobación del crédito sean considerados elegibles, deberán ajustarse a condiciones sustancialmente similares a las previstas en el contrato.
Desembolsos sujetos a metas y controles del esquema de subsidios
La liberación de los fondos destinados a las bonificaciones se organizará en cuatro etapas, condicionadas al cumplimiento de objetivos definidos en el programa. Durante las dos primeras fases, el préstamo podrá cubrir hasta el 90% de los subsidios elegibles; en las dos restantes, el financiamiento alcanzará un máximo del 95%.
Para habilitar la segunda etapa, el Gobierno deberá implementar un mecanismo de bonificación de los SEF para los usuarios de garrafas. El avance hacia la tercera requerirá mejorar los procedimientos de identificación de beneficiarios para reducir los pagos duplicados a un mismo hogar.
También deberán presentarse estudios sobre los precios y los puntos de comercialización de las garrafas, además de una evaluación para rediseñar esa asistencia.
La cuarta fase estará supeditada a la actualización de los criterios de elegibilidad y de los niveles de consumo base utilizados para determinar los subsidios focalizados. De esta manera, el acceso a las distintas partidas quedará vinculado a la implementación progresiva de cambios en el sistema de asistencia.
El componente institucional financiará consultorías, equipamiento y mejoras en los sistemas de información. Asimismo, incluirá estudios sobre el mercado del gas envasado, la revisión de los bloques de consumo de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), y herramientas para fortalecer al organismo regulador.
Entre los trabajos previstos figuran análisis de elasticidad de la demanda y comparaciones tarifarias internacionales orientadas a simplificar los cuadros de tarifas.
Plazos financieros y organismos responsables
El préstamo tendrá un plazo de devolución de 25 años desde la firma, con pagos semestrales. El primer vencimiento de capital operará a los 66 meses de la entrada en vigencia del contrato.
Los intereses también se abonarán cada seis meses, con una tasa vinculada a la SOFR, mientras que la comisión de crédito no podrá superar el 0,75% anual. El período disponible para realizar los desembolsos será de cuatro años.
Antes de recibir el primer desembolso, el Gobierno deberá acreditar la aprobación del reglamento operativo y la conformación de un equipo ejecutor con responsables de coordinación, cuestiones técnicas, adquisiciones y administración financiera.
La ejecución estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía. La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales asumirá la gestión operativa, presupuestaria, contable, financiera y de seguimiento.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad participará como organismo subejecutor en las tareas de equipamiento y los estudios regulatorios, previa firma de un convenio.
En los considerandos del decreto, el Banco Central estimó que la operación tendría un efecto macroeconómico limitado sobre la balanza de pagos. La Oficina Nacional de Crédito Público tampoco formuló objeciones, al considerar que el costo financiero resultaría inferior al que el país afrontaría en los mercados.
Zona Fría: cambios en el acceso a los descuentos
En paralelo al financiamiento del BID, el Gobierno promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y restringe la bonificación automática en las localidades incorporadas durante la ampliación de 2021.
La reforma podría afectar a unos 3,35 millones de usuarios que dejarían de acceder al descuento por el solo hecho de residir en esas zonas. En la provincia de Buenos Aires, el cambio alcanza a 94 municipios, entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos, Junín, Pergamino, Pilar, San Nicolás y San Pedro.
La normativa mantiene el beneficio permanente para la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. En las demás áreas incorporadas al régimen en 2021, la bonificación dejará de estar garantizada exclusivamente por la ubicación geográfica y dependerá del cumplimiento de requisitos específicos para obtener asistencia adicional.
