La funcionaria anticipó que el Gobierno no renovará el programa de estímulo a la producción cuando finalice su vigencia, y adelantó que trabaja en cambios regulatorios para modificar la relación comercial entre productores, distribuidoras, industrias y generadores eléctricos, con menor intervención estatal.
La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, planteó que la normalización del mercado del gas natural será uno de los principales desafíos de la política energética para los próximos años.
Durante la 4ª Jornada sobre Gas Natural y Gas Natural Licuado 2026, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la funcionaria ratificó que el Gobierno no extenderá el Plan Gas cuando finalicen sus contratos, el 31 de diciembre de 2028, y anticipó que buscará consolidar un esquema basado en negociaciones entre privados.
«Durante años, la intervención estatal no solamente distorsionó las señales de precios y las tarifas, sino que también desincentivó la participación activa del sector privado en las negociaciones», dijo María Tettamanti.
El objetivo es que productores, distribuidoras, industrias y generadores eléctricos recuperen la capacidad de negociar volúmenes, precios y condiciones de suministro, mientras que el Estado se concentre en establecer las normas y supervisar su cumplimiento.
El fin del Plan Gas y el regreso de los contratos privados
«En este último punto, quiero ser clara: no vamos a extender el Plan Gas. Es fundamental que el sector privado recupere el ejercicio de la negociación y la contractualización, que supo desarrollar durante la década de 1990″, afirmó Tettamanti durante el encuentro.
La funcionaria insistió en que el abastecimiento del mercado interno deberá organizarse progresivamente mediante acuerdos comerciales directos.
«Las distribuidoras, las industrias y los generadores deben entender que el mercado local de gas se desarrollará a partir de contratos privados. Estamos trabajando en modificaciones regulatorias para garantizar que los contratos negociados de manera competitiva y transparente sean reconocidos en el esquema de abastecimiento», explicó.
La intención oficial es que las distribuidoras puedan trasladar a las tarifas los costos del gas que contraten y que los productores cuenten con condiciones que les permitan prever los ingresos y planificar sus inversiones.
En ese sentido, la Ley 27.828, publicada en octubre, incorporó el reconocimiento tarifario del costo del combustible surgido de procesos competitivos.
«Durante años, la intervención estatal no solamente distorsionó las señales de precios y las tarifas, sino que también desincentivó la participación activa del sector privado en las negociaciones. Es necesario recuperar esa dinámica: negociar, competir, buscar precios y garantizar el abastecimiento al menor costo posible», remarcó.
Cambios regulatorios y previsibilidad a las operaciones
Uno de los trabajos que lleva adelante la Secretaría de Energía apunta a modificar aspectos de la reglamentación de la Ley 24.076, que establece el marco regulatorio del transporte y la distribución de gas natural.
Para avanzar en esa revisión, el organismo contrató a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio contempla revisar disposiciones vinculadas con el mecanismo del factor de gas, con el propósito de adecuar las reglas a un mercado en el que las compañías puedan contratar directamente y obtener reconocimiento por los costos de abastecimiento. «De nuevo, volvemos a lo mismo: reglas claras», sintetizó la secretaria.
La funcionaria también defendió el cambio en el esquema de intervención pública: «Lo único que hacemos nosotros es corrernos. El Estado lo que tiene que hacer es respetar, primero, y luego demarcar la cancha para el juego, y por último decir cuáles son las reglas y respetarlas».
En paralelo, destacó que el Gobierno avanzó con una actualización tarifaria mensual, en reemplazo de los ajustes semestrales, y con la eliminación de subsidios generalizados para pasar a un sistema de asistencia focalizada.
Reconoció, no obstante, que todavía queda camino por recorrer para alcanzar una estructura de precios y tarifas que refleje los costos del sistema.
Las obras de transporte
La normalización comercial deberá acompañarse con infraestructura que permita trasladar mayores volúmenes hacia los centros de consumo y los puntos de exportación.
Entre ellas, la secretaria mencionó el proyecto de iniciativa privada de TGS para ampliar el Gasoducto Perito Moreno, con una capacidad adicional prevista de 14 millones de metros cúbicos diarios, y la propuesta de TGN para desarrollar el Gasoducto Manuel Belgrano, que conectará Tratayén con La Carlota.
La funcionaria señaló que espera que surjan nuevas inversiones para ampliar la disponibilidad de gas tanto en el mercado doméstico como en los países vecinos.
Tettamanti también vinculó el escenario actual con los cambios introducidos por la Ley de Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según su evaluación, ambas herramientas contribuyeron a generar condiciones para que las empresas avancen con proyectos de producción e infraestructura.
«Los recursos de Vaca Muerta siempre estuvieron, y las empresas y los empresarios son prácticamente los mismos. Lo que cambió fue el contexto», sostuvo. Y agregó: «No es cierto que las empresas no quieran invertir. Lo hacen cuando existen condiciones adecuadas».
