La aprobación del acuerdo por un adelanto de 250 millones de dólares encendió el debate sobre quién será el verdadero beneficiado. La pérdida de soberanía judicial y el dato clave sobre el autor sanjuanino de un informe crítico.
Desde que se anunció el monto millonario que el proyecto Vicuña planea inyectar en la Argentina, la iniciativa suma tanto expectativas como preocupaciones. Casos como la licitación de los módulos habitacionales o la prioridad que obtuvo para conectarse a una línea eléctrica troncal, despertaron debates sobre el impacto económico real que Vicuña podía tener en la zona y que tanto puede comprometer otros desarrollos.
Estos señalamientos ganaron fuerza en las últimas semanas a partir del Acta Compromiso firmada entre el Gobierno de San Juan y la minera. El convenio fue presentado como un hecho histórico, pero varios de los ítems generan dudas.
El acuerdo mantiene para Vicuña una tasa del 3% sobre el valor bruto de comercialización de los minerales.
Según el documento, la compañía aportará hasta u$s250 millones para financiar obras antes del inicio de la producción del proyecto minero que integra Josemaría y Filo del Sol. La Cámara de Diputados provincial lo ratificó el 19 de agosto, con 27 votos a favor y 9 en contra.
El anuncio tiene peso. Vicuña proyecta una inversión inicial cercana a los u$s9.700 millones y se convirtió en una de las principales apuestas mineras de la Argentina. El aporte acordado con San Juan será destinado a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, mientras que la compañía asumirá además obras vinculadas directamente con el desarrollo del emprendimiento.
El esquema contempla un fideicomiso para administrar los fondos y establece que las obras deberán ejecutarse bajo mecanismos de contratación pública. Sin embargo, el acuerdo podría ser mucho menos beneficioso de lo que aparenta.
Limitar el alcance de la provincia
El economista sanjuanino Hugo Berozzi elaboró un informe crítico sobre el impacto económico del acuerdo y puso el foco en las condiciones que, a su criterio, pueden limitar el margen de maniobra futuro de la provincia.
Berozzi no cuestiona la actividad minera en sí misma, pero destaca la importancia de que el Estado conserve capacidad para controlar, fiscalizar y exigir reparaciones frente a eventuales impactos de un proyecto cuya vida útil está proyectada en varias décadas.
Uno de los puntos centrales del análisis es el régimen de regalías. El acuerdo mantiene para Vicuña una tasa del 3% sobre el valor bruto de comercialización de los minerales durante la vida útil del proyecto. Ese mecanismo, implica fijar de antemano una condición fiscal para un emprendimiento que tendrá una escala y una duración excepcionales.
El propio debate legislativo confirmó que el convenio establece ese esquema como parte de las condiciones de largo plazo del proyecto. Berozzi también realizó una estimación sobre el costo de resignar una mayor participación provincial.
Según su informe, tomando las proyecciones productivas del proyecto, los precios utilizados y una tasa de descuento del 9,2% en dólares, cada punto porcentual adicional de regalías que San Juan no cobre representaría alrededor de u$s491,2 millones en valor presente.
El punto más sensible: qué pasa cuando cambian las reglas
El aspecto que probablemente genere mayor discusión es el mecanismo previsto para resolver controversias. Según el análisis de Berozzi, el artículo 8 del Acta establece la intervención de tribunales arbitrales vinculados con la Cámara de Comercio Internacional para determinadas disputas entre la empresa y la provincia.
El economista sostiene que esto podría limitar la capacidad de San Juan para ejercer en el futuro sus potestades regulatorias, ambientales, tributarias o de fiscalización sin exponerse a reclamos internacionales.
Es cierto que para los proyectos mineros de esta escala, la previsibilidad jurídica es una condición que las compañías suelen considerar indispensable antes de comprometer miles de millones de dólares. De hecho, Vicuña sostuvo al anunciar el acuerdo que proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad de largo plazo.
El problema aparece cuando la previsibilidad para el inversor puede transformarse, con el paso de los años, en rigidez para el Estado. El horizonte utilizado en el análisis de Berozzi alcanza los 71 años.
Y nadie puede saber hoy qué gobierno tendrá San Juan dentro de veinte años, qué tecnología existirá dentro de treinta, cuánto valdrá el cobre dentro de cuarenta o cuáles serán los estándares ambientales dentro de medio siglo.
El destino de los anunciados 250 millones de dólares
El otro punto que merece atención es el famoso aporte de u$s250 millones. El Gobierno provincial lo presentó como un aporte extraordinario, único, no reembolsable y previo al comienzo de la producción. La compañía, por su parte, informó que el desembolso se completará hacia fines del cuarto trimestre de 2026.
Sin embargo, los fondos no funcionan como una transferencia inmediata de u$s250 millones a las cuentas provinciales. El mecanismo está asociado al fideicomiso y a los certificados de avance de las obras. En otras palabras, primero hay que hacer, certificar y pagar. La estructura busca darle trazabilidad al dinero, pero también significa que el impacto financiero del aporte se desplegará progresivamente.
Además, el fideicomiso tendrá un costo de administración. El Banco San Juan fue designado como fiduciario y el acuerdo establece una remuneración de hasta el 0,45% más IVA sobre los fondos transferidos. Si se aplicara ese porcentaje sobre la totalidad de los u$s250 millones, el honorario alcanzaría u$s1,125 millones antes del IVA.
Un dato central permite estimar el impacto que el informe del economista generó en la provincia: Hugo Berozzi fue despedido de su cargo en Garantía San Juan, el Fondo de Garantías Público de la Provincia, donde se desempeñaba desde 2020, sin causa ni preaviso.
