El country director de la firma sostuvo que la provisión de materiales desde China era esperable por cuestiones económicas y destacó que aún restan nuevas licitaciones para proveedores locales.
La polémica por la adjudicación del campamento de Vicuña a un consorcio liderado por empresas chinas sumó un nuevo capítulo. La discusión cobró aún más relevancia después de que el Gobierno nacional aprobara el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la iniciativa prevé una inversión inicial de US$ 9.700 millones y podría movilizar hasta US$ 18.000 millones durante su desarrollo.
La cuestión de fondo es si efectivamente los desembolsos tendrán el impacto prometido en las economías locales, después de lo que pasó con la mayor contratación del proyecto hasta el momento.
«Era esperable que hubiera provisión de materiales desde China dada la competitividad de la provisión de materiales de ese país»
Luego de varios días de cuestionamientos al respecto por parte de proveedores y cámaras empresarias, la compañía salió a defender públicamente la decisión y aseguró que la mayor parte del impacto económico del contrato permanecerá en San Juan.
La respuesta llegó de la mano de José Morea, country director de Vicuña y presidente de la Cámara Minera de San Juan, quien por primera vez se refirió a la controversia generada por la licitación de aproximadamente US$ 50 millones destinada a la construcción de 2.000 camas en el campamento Batidero.
El ejecutivo intentó poner paños fríos a una discusión que en las últimas semanas escaló entre empresas locales preocupadas por la participación de proveedores extranjeros en uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país.
Vicuña pida más competitividad
En primer lugar, Morea buscó relativizar el peso de la adjudicación al señalar que el contrato cuestionado representa apenas una parte del desarrollo total previsto. Según explicó, se trata del 25% de la primera de cuatro licitaciones vinculadas al campamento, que en su configuración final alcanzará las 8.000 camas.
Sin embargo, esa aclaración no termina de despejar los cuestionamientos. Para buena parte de los proveedores locales, justamente por tratarse de una de las primeras grandes contrataciones del proyecto, la decisión funciona como una señal sobre el perfil que podrían adoptar futuras adjudicaciones.
De todas maneras, uno de los puntos más llamativos de la defensa de Vicuña fue el planteo respecto de la competitividad de las empresas argentinas. Lejos de centrarse únicamente en las ventajas del consorcio ganador, Morea sostuvo que el debate debería enfocarse en analizar por qué compañías locales no lograron presentar propuestas capaces de imponerse en la licitación.
La afirmación no pasó inadvertida. Desde distintos sectores empresarios vienen advirtiendo que competir contraproveedores chinos resulta especialmente complejo por las diferencias de escala, financiamiento y costos productivos.
De hecho, algunos referentes del sector sostienen que la propia estructura económica argentina deja en desventaja a las firmas nacionales frente a competidores internacionales.
La empresa tampoco negó que parte de los materiales se van a comprar afuera. Por el contrario, Morea afirmó que «era esperable que hubiera provisión de materiales desde China dada la competitividad de la provisión de materiales de ese país».
El argumento del derrame local
Para contrarrestar las críticas, Vicuña puso el foco en las etapas posteriores del proyecto. Según explicó Morea, “el ensamblado, armado y construcción se realizarán en Argentina” y la “mayor parte del valor económico asociado a esta fase quedará en San Juan”. También aseguró que gran parte de los puestos de trabajo previstos serán cubiertos por mano de obra local.
El problema es que la desconfianza en la palabra de la empresa sigue creciendo y las promesas de cara al futuro no satisfacen a los privados locales. La discusión, en definitiva, no gira únicamente alrededor del empleo directo, sino también sobre cuánto trabajo y producción podrán capturar las empresas argentinas dentro de la cadena de suministro.
En paralelo, la controversia se produce en momentos en que la Legislatura sanjuanina analiza el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero impulsado por el Gobierno provincial.
La iniciativa busca precisamente fortalecer la participación de proveedores locales en los grandes emprendimientos y evitar que el grueso de las oportunidades económicas quede concentrado fuera de la provincia.
Mientras tanto, desde Vicuña insisten en que todavía quedan nuevas instancias de contratación por delante y que los proveedores locales tendrán oportunidades para ganar terreno en las próximas etapas.
Crece el rechazo gremial
En los últimos días comenzó a consolidarse un frente más amplio de críticas que incorpora a sectores gremiales. A los reclamos que ya habían surgido desde entidades empresariales del sector minero y de la construcción modular se sumó ahora la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA).
Desde el gremio metalúrgico expresaron su rechazo a la importación de estructuras modulares provenientes de China para el campamento Batidero y advirtieron sobre las consecuencias que esa decisión podría tener para la industria nacional.
Según plantearon, el esquema elegido afecta a proveedores argentinos, reduce las oportunidades para los trabajadores y limita la participación de empresas locales en uno de los emprendimientos mineros más importantes del país.
Para la organización, la medida «destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local».
La entidad, que tiene representación en varias provincias mineras, aclaró que no cuestiona la llegada de inversiones ni el desarrollo de proyectos de gran escala. Sin embargo, consideró que la discusión pasa por cómo se distribuyen los beneficios económicos asociados a esas inversiones.
En ese sentido, reclamó mecanismos que permitan una mayor participación de PyMEs nacionales y trabajadores argentinos en las distintas etapas de construcción. Con este escenario, se seguirán multiplicando los cuestionamientos sobre el alcance real del desarrollo local que promete Vicuña y sobre el lugar que ocuparán las empresas y trabajadores argentinos dentro de la “megainversión”.
