La empresa belga cumplió uno de los pasos administrativos para poder firmar el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal. El gobierno determinaría entre hoy y mañana la adjudicación definitiva.
Tras la preadjudicación de la licitación para la concesión de la Hidrovía, el consorcio Jan de Nul – Servimagnus avanzó en la conformación de una nueva sociedad anónima, de cara al futuro contrato con el gobierno nacional.
En el Boletín Oficial de hoy se publicó la creación de Vía Navegable Argentina S.A., la empresa conformada por Jan de Nul y su socio local, Servimagnus, con un reparto de 60% de las acciones para la actual operadora de la Vía Navegable Troncal y un 40% para Servimagnus.
Se trata de un paso administrativo clave, ya que para la firma del contrato de concesión –previsto para al menos 30 días posteriores a la adjudicación- era uno de los requisitos legales que debían cumplir.
Durante meses, la licitación fue parte de una disputa entre empresas oferentes, espacios políticos y las tensiones geopolíticas que siguieron el minuto a minuto del destino de la principal vía del comercio exterior argentino.
“La Sociedad tiene por objeto exclusivo realizar las siguientes actividades: modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”, especifican en la conformación de Vía Navegable Argentina S.A.
En tanto, se espera para las próximas horas (se daría entre hoy y mañana) la adjudicación definitiva de la licitación que confirme como ganadores a los integrantes de la nueva sociedad, que se impusieron ante DEME en la evaluación de la licitación por 186 contra 162. Es decir, una diferencia de 24 puntos.
Hasta el viernes, el gobierno no había recibido ninguna impugnación formal al dictamen de Preadjudicación, por lo que el plazo para reclamar contra la evaluación habría concluido sin interrupciones.
De esta manera, el gobierno cerraría una de las privatizaciones más disputadas, avanzando otro casillero en la salida del estado de la gestión del transporte (tal como sucedió con las rutas nacionales, transferidas a operadores privados).
Durante meses, la licitación fue parte de una disputa entre empresas oferentes, espacios políticos y las tensiones geopolíticas que siguieron el minuto a minuto del destino de la principal vía del comercio exterior argentino.
Las últimas apuestas de una licitación clave para el futuro de la Hidrovía
Tras el dictamen que preadjudicó la concesión a Jan de Nul, la guerra silenciosa entre las dos empresas que llegaron a la instancia final del proceso (DEME NV y Jan de Nul – Servimagnus) se trasladó públicamente hacia los usuarios.
Tras el fracaso de los reclamos administrativos y judiciales contra la licitación, DEME movió sus últimas fichas: primero, en una carta al ministerio de Economía, donde propuso una nueva licitación –vía el Régimen de Iniciativa Privada-, adelantando que podría ofrecer un piso tarifario menor al del proceso actual.
Después, en la carta que envió a los propios usuarios privados, donde les “hacía notar” que su propuesta podía beneficiarlos por tener mejores costos –“un 17,4% menor”- en el peaje de la Hidrovía, que se trasladarían a los productores.
La respuesta no tardó en llegar. Menos de 24 horas después, el consorcio Jan de Nul – Servimagnus también hizo pública su postura. En este caso, argumentando que la propuesta de su competidora carece de sentido.
Jan de Nul explicó que la propuesta de DEME se basa en tres pilares que considera inconsistentes:
- La omisión de obligaciones impositivas,
- Un nivel de inversiones insuficiente para garantizar la modernización de la vía navegable
- Una estimación de ingresos construida sobre valores de peaje que excederían los máximos contemplados en el pliego.
El primero es la omisión del pago de IVA. Mientras DEME proyectó pagos de IVA por US$95 millones en 25 años, su competidora sostiene que el monto correcto rondaría los US$ 1600 millones. Afirma que estos números están en línea con el modelo de referencia de Unctad, el organismo de las Naciones Unidas que monitoreó el proceso.
Las inversiones son el segundo punto de la lista: el plan de DEME prevé inversiones por US$280 millones durante los primeros cinco años y ninguna inversión en los veinte años restantes, mientras que tanto el modelo Unctad como la oferta de Jan de Nul contemplan inversiones superiores a US$850 millones.
Por último, la sobreestimación de los ingresos. DEME proyectó tarifas de peaje posteriores a la profundización que superan los máximos permitidos por el pliego, lo que habría sobreestimado sus ingresos en aproximadamente US$400 millones.
Mientras la disputa se instalaba frente a los usuarios y ante el ministerio de Economía, el tiempo siguió corriendo y DEME no presentó una impugnación formal –que podía demorar la resolución de la licitación- ante la ANPYN.
Ahora, el gobierno cerraría el capítulo de la evaluación de ofertas, para avanzar definitivamente hacia la nueva concesión.
