La minera anunció que retomará obras clave como la ruta 506 y el bypass a Guandacol, incorporando empresas riojanas y avanzando con la Declaración de Impacto Ambiental exigida por la provincia.
El conflicto entre la minera Vicuña y la provincia de La Rioja sumó un nuevo capítulo que reconfigura el equilibrio de fuerzas entre las partes. Tras semanas de tensión judicial, política y operativa, la compañía comunicó su intención de retomar actividades en territorio riojano, adaptándose a las condiciones que impuso la provincia.
La decisión se conoce luego de que el gobierno riojano avanzara con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental, un paso administrativo clave para destrabar obras vinculadas al proyecto. Entre ellas se destacan la reactivación de la ruta provincial 506 y el bypass a Guandacol, infraestructura esencial para el desarrollo logístico de la iniciativa minera.
La Rioja y Vicuña se presentaron ante la justicia para suspender temporalmente la medida cautelar y lograr un acuerdo por obras y contrataciones de empresas riojanas.
El reinicio, sin embargo, no es inmediato. La empresa aclaró que las tareas comenzarán una vez que la orden judicial vigente —dictada por la Justicia provincial— quede sin efecto. Ese detalle no es menor: fue precisamente esa medida la que, semanas atrás, paralizó el tránsito de maquinaria y puso en jaque la continuidad operativa del proyecto.
El origen del conflicto se remonta a la intervención de la jueza María Greta Decker, quien hizo lugar a un planteo del gobierno de La Rioja y ordenó la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto Vicuña.
La decisión incluyó retenes policiales en rutas estratégicas, impidiendo el paso de equipos y trabajadores, en una acción inédita por su impacto sobre un emprendimiento de escala nacional.
Aunque los yacimientos Josemaría y Filo del Sol se ubican en San Juan, el acceso más eficiente depende de caminos que atraviesan La Rioja. Esa condición geográfica terminó por convertirse en un factor de poder que la provincia utilizó su control territorial para exigir mayor participación y garantías ambientales, en un reclamo que venía latente desde hacía años.
Si bien la primera respuesta fue rechazar la medida judicial -incluso amenazando con quitar inversiones en el país- Vicuña publicó finalmente un comunicado prometiendo retomar el mantenimiento de los caminos de La Rioja y la contratación de proveedores y trabajadores riojanos para su proyecto.
El gobernador Ricardo Quintela señaló que la empresa utilizó durante décadas la infraestructura riojana sin dejar beneficios concretos y reclamó una distribución más equitativa del empleo. También puso en discusión los límites territoriales entre ambas provincias, reavivando un debate histórico que sumó tensión política al conflicto.
La postura de San Juan y la negociación de la minera con La Rioja
Del otro lado, el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego defendió la jurisdicción de su provincia sobre los recursos minerales, respaldándose en la legislación vigente.
En paralelo, las operadoras del proyecto (BHP y Lundin Mining) acudieron a la Justicia de San Juan, que falló a su favor habilitando la continuidad operativa.
Sin embargo, el respaldo judicial no logró neutralizar el efecto del bloqueo riojano. En la práctica, la restricción sobre los accesos obligó a la compañía a evaluar rutas alternativas y, sobre todo, a replantear su relación con la provincia vecina.
Ese cambio de enfoque se refleja ahora en el nuevo anuncio. Vicuña no solo busca retomar las obras viales, sino que pone en el centro de su estrategia la participación de empresas riojanas en las licitaciones.
La inclusión de proveedores locales y la generación de empleo aparecen como condiciones necesarias para avanzar, en línea con los reclamos que motivaron el conflicto.
La empresa también anticipó que retomará el diálogo con el Gobierno de La Rioja para explorar oportunidades de desarrollo minero en la provincia. La propuesta incluye programas de capacitación y el fortalecimiento de cadenas de valor regionales, con el objetivo de que el impacto económico del proyecto no quede limitado a San Juan.
Detrás de estos anuncios subyace un reconocimiento implícito: sin licencia social y política en La Rioja, el proyecto enfrenta limitaciones concretas para operar. La escala de la inversión, que podría alcanzar los 18.000 millones de dólares, no alcanza por sí sola para garantizar la viabilidad si no se resuelven las tensiones territoriales.
En este contexto, la secuencia de hechos sugiere que la avanzada riojana logró alterar el esquema original del proyecto. Lo que comenzó como un conflicto judicial terminó forzando a la minera a revisar su estrategia, incorporando demandas que inicialmente no formaban parte central de su planificación.
Las próximas semanas serán clave. Representantes de la compañía mantendrán reuniones con autoridades provinciales para ordenar la agenda de trabajo y definir los próximos pasos. Allí se pondrá a prueba si este giro hacia una mayor integración regional es sostenible o si se trata de una respuesta coyuntural frente a una presión que, por ahora, demostró ser efectiva.
