Cámaras empresarias y actores de la construcción modular cuestionan que una de las primeras grandes adjudicaciones del proyecto no haya tenido mayor participación de fabricantes argentinos.
Mientras todavía resuenan las discusiones por el acceso prioritario a la infraestructura eléctrica en San Juan, el proyecto Vicuña quedó envuelto en una nueva controversia que golpea sobre un punto especialmente sensible para la provincia: la participación de la industria local en una inversión que promete transformar el mapa minero argentino.
La polémica se desató luego de que trascendiera que uno de los contratos más importantes adjudicados hasta el momento por el proyecto quedó en manos de un consorcio liderado por empresas chinas para la ampliación del campamento Batidero.
Las compañías chinas desembarcaron en la licitación con el respaldo de la Cámara de Comercio China.
La decisión generó cuestionamientos entre cámaras empresarias, proveedores y actores vinculados a la construcción modular, que esperaban que una iniciativa de semejante magnitud se tradujera en mayores oportunidades para la industria nacional.
“Aunque parezca mentira, vamos a tener una ciudad importada desde China. Esto fue un shock, porque es la primer gran contratación que hace Vicuña, todos esperábamos la puesta en marcha de este mega proyecto, con la expectativa de que se generara trabajo para los proveedores locales”, señaló Juan Pablo Rudoni presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular (CACMI) en diálogo con Infobae.
La discusión por el contenido local
Las críticas llegaron principalmente desde el sector dela construcción modular industrializada. “El proyecto son 18.000 mil millones de dólares de inversión de acá al 2040 y el campamento significa el 0,1% de esa inversión«.
«Y el ahorro entre la diferencia de la oferta china y la oferta nacional es prácticamente nada. También consideramos que la empresa, a través del RIGI tiene un beneficio en carga impositiva para este proyecto estimado en 5000 millones de dólares”, cuestionó.
La nueva polémica se da en paralelo al envío a la Legislatura provincial de un nuevo proyecto de compre local que llevó meses de debate entre distintos sectores de San Juan.
El empresariado nacional considera que las empresas externas cuentan con mejores condiciones y no es posible competir contra las estatales chinas subsidiadas. Señalan que los beneficios de importación del RIGI generan exenciones impositivas que inclinan la cancha. «Tenemos que ver si queremos que el desarrollo de la minería genere desarrollo del país o esos dólares se vayan afuera», disparó Rudoni.
El malestar también encuentra eco en un contexto donde la minería busca consolidar su licencia social mostrando beneficios concretos para las comunidades y economías regionales. Cuando los grandes contratos terminan fuera del país, el discurso sobre el desarrollo local inevitablemente queda bajo observación.
La situación adquiere una dimensión todavía más relevante porque se trata de una de las primeras grandes contrataciones vinculadas al proyecto. En ese sentido, algunos actores del sector consideran que la adjudicación es una señal de lo que podría ocurrir más adelante con otros paquetes de obras y servicios de mayor escala.
No son pocos los que advierten que el debate excede a un contrato puntual. Lo que está en discusión es el modelo de desarrollo que acompañará al boom del cobre. Si las inversiones terminan concentradas en proveedores extranjeros, el impacto económico local podría resultar considerablemente menor al que hoy se proyecta en los anuncios oficiales.
De acuerdo con la información que circula en el sector, las compañías chinas desembarcaron en la licitación con el respaldo de la Cámara de Comercio China y se asociaron con una empresa santafesina para competir por el contrato destinado a la construcción de un campamento con capacidad para 2.000 trabajadores en Batidero.
La oferta presentada resultó lo suficientemente competitiva como para dejar fuera de carrera a firmas como Tekno Fast y Modular Homes, que habían conformado alianzas con empresas locales para participar del proceso. La obra es considerada estratégica no solo por su magnitud, sino también por el potencial de generación de empleo, ya que distintas estimaciones hablan de más de 1.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.
Uno de los dirigentes que se pronunció públicamente sobre el tema fue Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA). Según explicó, la entidad tomó conocimiento de la situación a partir de planteos realizados por empresas asociadas y de documentación que llegó a la institución.
“Desde la cámara estamos al tanto de la situación por la denuncia que nos hicieron algunos socios, por la documentación que nos llegó y no salimos del asombro. Sabemos que se contrató a una empresa china y eso deja a toda la cadena de valor argentina fuera de muchas oportunidades de desarrollo. Con los chinos no podemos competir en precio. Vicuña lo sabe”, afirmó.
Según los cuestionamientos planteados por distintos actores del sector, parte de los módulos del campamento serían fabricados en China, luego trasladados a Rosario para su ensamblaje parcial y finalmente enviados a San Juan para su instalación definitiva en el proyecto.
La respuesta de Vicuña
Frente a las críticas, la empresa defendió el proceso de selección y aseguró que la adjudicación fue el resultado de una evaluación competitiva basada en criterios técnicos, de seguridad, plazos de ejecución y costos. También destacó la participación de una firma argentina dentro del consorcio ganador y afirmó que continuará trabajando con proveedores locales siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el proyecto.
La compañía además remarcó que la gran mayoría de sus trabajadores en el país son argentinos y sostuvo que el desarrollo de Vicuña generará oportunidades económicas significativas para San Juan durante las próximas décadas.
Sin embargo, esas explicaciones no alcanzaron para desactivar las críticas, especialmente entre quienes entienden que una iniciativa de esta magnitud debería priorizar de manera más clara la fabricación nacional.
La controversia aparece, además, en un momento delicado para Vicuña. La empresa todavía enfrenta cuestionamientos por su pedido de prioridad sobre infraestructura eléctrica estratégica para la provincia, una discusión que expuso diferencias con organismos reguladores, otras mineras y distintos actores del sector energético.
