El proyecto impulsado en el Senado sumó cuestionamientos de distintos distritos. Gobernadores, legisladores y funcionarios alertan que algunos cambios podrían acelerar la concentración del mercado y comprometer la continuidad de empresas regionales.
La discusión por una nueva ley de biocombustibles comenzó a generar fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y varias provincias vinculadas a la producción de biodiésel.
Aunque existe consenso respecto de la necesidad de actualizar el marco regulatorio vigente, los reparos se concentran en la apertura del mercado a grandes compañías integradas, una medida que, según advierten distintos actores, podría alterar el equilibrio alcanzado por las pequeñas y medianas empresas del sector.
La propuesta oficial contempla elevar el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel en el gasoil hasta el 10% y aumentar el corte de bioetanol al 15%.
El debate se instaló con fuerza en el Senado, donde avanzan distintos proyectos para reformar la Ley 27.640, que regula la actividad hasta 2030.
Entre las iniciativas en análisis se encuentra la presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que propone una mayor liberalización del mercado y una extensión del régimen por 15 años.
El punto más sensible
La propuesta oficial contempla elevar el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel en el gasoil hasta el 10% y aumentar el corte de bioetanol al 15%. En este último caso, se mantiene un esquema de participación equilibrada entre la producción derivada de caña de azúcar y la proveniente del maíz.
Sin embargo, el aspecto que más preocupación genera en varias provincias es la posibilidad de que las empresas integradas —aquellas que además producen aceite vegetal o harina proteica— puedan abastecer sin restricciones al mercado interno.
Actualmente, numerosas pymes radicadas en regiones agrícolas lograron desarrollarse gracias a un sistema que les garantiza participación en el abastecimiento destinado al corte obligatorio de combustibles.
El temor es que una mayor apertura favorezca a compañías con escalas de producción significativamente superiores y con ventajas logísticas que resultan difíciles de igualar.
La inquietud es especialmente fuerte entre las plantas ubicadas lejos de los principales puertos exportadores. Desde esos sectores sostienen que competir en igualdad de condiciones con grandes grupos industriales podría poner en riesgo la viabilidad económica de numerosos emprendimientos regionales.
Las provincias que encabezan los cuestionamientos
Una de las críticas más contundentes llegó desde la provincia de Buenos Aires. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, consideró que la iniciativa oficial beneficia principalmente a los grandes jugadores del negocio y podría afectar la continuidad de las empresas medianas y pequeñas instaladas en el interior bonaerense.
“La continuidad de las empresas existentes y su impacto positivo en las comunidades donde están radicadas, no es negociable para la visión de desarrollo que tiene la Provincia”, lanzó el funcionario de la gestión Kicillof.
Rodríguez remarcó además que cualquier modificación normativa debería apuntar a fortalecer la producción nacional, el agregado de valor en origen y el desarrollo de las economías regionales.
Pero la crítica no se reduce a una provincia con un gobierno abiertamente opositor al oficialismo nacional.
En una línea similar se expresó el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis, Federico Trombotto, quien pidió a los representantes legislativos de la provincia que rechacen la iniciativa en su formato actual.
El funcionario sostuvo que la industria local del biodiésel genera empleo directo e indirecto para cientos de familias y manifestó su “profunda preocupación” por el impacto que podría tener la reforma.
En ese sentido, advirtió que las pymes productoras de biodiésel «irían hacia un inminente cierre y desaparición de nuestra industria provincial, en beneficio de las grandes empresas del rubro, por quedar nuestras pymes productoras de biodiesel fuera de toda posibilidad de competir con las grandes industrias aceiteras integradas y exportadoras».
La Pampa también expresó objeciones. El senador Daniel Bensusán aseguró que el proyecto podría afectar a unas 25 pequeñas y medianas empresas en distintas provincias y señaló que, sólo en territorio pampeano, existen alrededor de 100 familias vinculadas de manera directa o indirecta a la actividad.
Santa Fe y Córdoba negocian
Mientras algunas provincias cuestionan abiertamente la iniciativa, Santa Fe y Córdoba adoptaron una postura más negociadora.
Ambos distritos coinciden en la necesidad de avanzar hacia un régimen más competitivo y con mayores porcentajes de mezcla, aunque reclaman herramientas que eviten posiciones dominantes dentro del mercado.
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro impulsó una serie de modificaciones orientadas a preservar espacios para productores independientes. Entre ellas, propone elevar el corte obligatorio de biodiésel hasta el 15% y reservar una porción significativa del mercado para empresas no integradas.
Además, plantea la creación de mecanismos específicos para monitorear eventuales conductas anticompetitivas, fortalecer los controles de la Secretaría de Energía y facilitar la intervención de los organismos de defensa de la competencia cuando se detecten irregularidades.
Desde Córdoba respaldaron esa estrategia y acompañan los cambios promovidos por la administración santafesina.
La discusión no es menor para una actividad estratégica. Según datos oficiales, Santa Fe concentra cerca del 85% de la producción nacional de biodiésel. En 2025, la elaboración alcanzó aproximadamente 970.000 toneladas, una cifra inferior a la registrada durante 2024.
