La iniciativa que comenzó a debatirse en el Senado propone modificar el régimen vigente desde 2007, aumentar los porcentajes de mezcla obligatoria y reducir la intervención estatal. Los fundamentos de la iniciativa y los cuestionamientos de las pymes del sector.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de desregulación económica al impulsar una reforma integral del mercado de biocombustibles.
La propuesta, que ingresó recientemente al Senado, busca reemplazar parte del esquema de protección vigente desde 2007 bajo el argumento de que la industria alcanzó un grado de desarrollo que le permite competir con menores niveles de intervención estatal.
La iniciativa es promovida por senadora oficialista Patricia Bullrich, y fue elaborada tras casi dos años de trabajo entre la Secretaría de Energía y representantes de la cadena productiva.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que reúne a productores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, manifestaron su rechazo al proyecto por considerar que podría profundizar la concentración de la actividad y reducir la participación de los actores de menor escala.
Entre los principales cambios previstos se encuentra el aumento del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y del bioetanol en las naftas del 12% al 15%, además de la incorporación de vehículos Flex Fuel y la creación de un sistema electrónico para la comercialización de los combustibles renovables.
El diagnóstico oficial sobre el sector
Durante su exposición ante el Senado, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió la necesidad de actualizar el marco regulatorio y reconoció que la iniciativa generará impactos diferentes dentro de la industria.
“Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo el funcionario, quien además consideró “oportuno discutir una nueva ley” y aseguró que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.
La posición oficial parte de la premisa de que el régimen creado por la Ley 26.093 cumplió los objetivos para los cuales fue diseñado.
Aquella norma estableció mezclas obligatorias de biocombustibles con combustibles fósiles e incorporó beneficios fiscales destinados a promover inversiones productivas en un contexto internacional marcado por elevados precios del petróleo.
Según el Gobierno, la industria del biodiésel y del bioetanol desarrolló durante estos años una capacidad productiva, tecnológica y logística que le permitiría desenvolverse en un entorno más competitivo y con menor dependencia de precios administrados o mercados cautivos.
Costos, eficiencia y exportaciones de biocombustibles
Uno de los principales argumentos utilizados por el oficialismo está vinculado con el costo económico del esquema actual.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, los beneficios fiscales otorgados al sector representaron aproximadamente US$6.000 millones en los últimos quince años.
A esa cifra se sumarían otros US$1.400 millones asociados a exportaciones agrícolas que no se concretaron debido a la obligación de destinar parte de la producción de soja y maíz al abastecimiento interno de biocombustibles.
El Gobierno también pone el foco en la eficiencia energética de estos combustibles. Tomando datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), sostiene que el etanol aporta alrededor del 75% del poder energético de la nafta, mientras que el biodiésel alcanza cerca del 87% respecto del gasoil convencional.
Según esta visión, esa diferencia puede traducirse en una menor autonomía para los vehículos y mayores costos operativos para los usuarios.
Respecto del biodiésel, González planteó reparos a la posibilidad de avanzar hacia porcentajes de mezcla más elevados. “Es muchísimo más alto que el fósil”, afirmó al referirse a su costo, y descartó una duplicación del corte obligatorio al considerar que implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.
Otro de los pilares de la propuesta es la inserción internacional.
Desde el Ejecutivo consideran que la Argentina posee ventajas competitivas por su condición de tercer exportador mundial de maíz y principal proveedor global de aceite de soja, dos insumos clave para la producción de biocombustibles.
Las economías regionales y el fantasma de la concentración
La reforma también reabrió la discusión sobre la estructura actual de la industria.
Desde el Gobierno sostienen que, pese a que el régimen original buscó impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, buena parte de la capacidad instalada terminó concentrándose en grandes grupos empresarios.
Sin embargo, ese diagnóstico es cuestionado por sectores pyme, que observan riesgos en una eventual liberalización del mercado.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que reúne a productores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, manifestaron su rechazo al proyecto por considerar que podría profundizar la concentración de la actividad y reducir la participación de los actores de menor escala.
El debate también contempla situaciones particulares, como la producción de bioetanol de caña de azúcar en el noroeste argentino.
En este caso, el propio Gobierno reconoce que las condiciones de las economías regionales presentan características diferentes, asociadas a las dificultades para exportar y al contexto de sobreoferta internacional.
