La iniciativa obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos y ahora deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados. El texto incorpora cambios en el esquema de comercialización, establece un período de transición para las plantas y fija límites a la participación de una misma empresa.
El Senado dio media sanción al proyecto de una nueva ley de biocombustibles, que propone incrementar los porcentajes de mezcla obligatoria en las naftas y el gasoil.
La iniciativa plantea llevar el corte de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%, dentro de los 12 meses posteriores a una eventual sanción definitiva.
La propuesta consiguió 41 votos a favor y 25 en contra y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, donde todavía no existe un cronograma establecido para su tratamiento.
“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas”, resumió la senadora por Salta y esxsecretaria de Energia de la Nación, Flavia Royón.
El avance fue impulsado principalmente por legisladores de las provincias del norte, en un debate que también involucró a representantes de distintas regiones productoras.
La senadora por Salta Flavia Royón fue la encargada de presentar el proyecto y tuvo un papel central en las negociaciones con otros bloques provinciales para introducir modificaciones que permitieran destrabar la iniciativa.
“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas”, resumió la senadora cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
La también exsecretaria de Energía de la Nación agregó: “Busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero también crear una transición hacia un marco más competitivo. Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios”.
Diferencias entre bioetanol y biodiésel
El esquema propuesto para el bioetanol contempla que el corte obligatorio alcance el 15% durante el primer año de vigencia de la norma. Dentro de ese porcentaje, el proyecto reserva un 6% para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz. El 3% restante quedaría abierto a la competencia entre los productos habilitados.
Para el biodiésel, en tanto, el proyecto establece un incremento del corte obligatorio desde el 7,5% actual hasta el 10%.
En este segmento se incorpora además una transición específica para diferenciar a las empresas integradas, vinculadas a grupos aceiteros, de las plantas no integradas, principalmente pymes regionales que no producen la materia prima.
Las empresas no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Ese porcentaje disminuiría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% desde 2031 hasta 2036.
De esta manera, durante el período de transición se ampliaría progresivamente el espacio sujeto a competencia entre ambos tipos de compañías.
“En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló Royón.
El mecanismo generó cuestionamientos entre las pequeñas y medianas empresas del sector, que reclamaron conservar su actual participación.
Su planteo es que las compañías regionales tendrían dificultades para competir con grandes grupos aceiteros concentrados principalmente en Santa Fe y Córdoba.
“Este proyecto, tal como está, perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, donde están instaladas las pymes regionales de biodiesel. Se perjudican porque no tienen un segmento específico, porque tienen un problema logístico de distancia de los puertos. Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, planteó el senador pampeano Daniel Pablo Bensusán.
El debate por la apertura del mercado
Desde el oficialismo defendieron la transición como una herramienta para avanzar hacia un mercado con mayor competencia sin provocar un cambio inmediato sobre las empresas que actualmente participan de la actividad.
Patricia Bullrich tuvo a su cargo el cierre del bloque libertario y destacó la necesidad de avanzar hacia un esquema más abierto, aunque de manera gradual.
“No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola: le estamos dando tiempo, previsibilidad y capacidad de integración”, señaló.
El proyecto también incorpora una cláusula antimonopolio destinada a limitar la concentración en el mercado de biodiésel. De acuerdo con el texto aprobado por el Senado, ninguna empresa o grupo podrá concentrar más del 10% del biodiésel comercializado, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales por firma.
El respaldo de la agroindustria
La media sanción, en cambio, fue recibida favorablemente por entidades vinculadas con la agroindustria.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) calificó el avance parlamentario como «un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de latransición energética en la Argentina».
La entidad destacó que la «previsibilidad normativa» permitiría fortalecer «a las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar, fortaleciendo el entramado productivo del interior del país».
Según las estimaciones difundidas por el CAA, una eventual aprobación definitiva podría impulsar «inversiones privadas superiores a los USD 1.000 millones», destinadas a ampliar capacidad instalada, incorporar tecnología y mejorar infraestructura logística. La entidad también señaló que el nuevo esquema podría contribuir a generar empleo y reducir la necesidad de importar combustibles fósiles.
Para Gustavo Idígoras, presidente del CAA, modificar la ley 27.640 «es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles, un precio competitivo para el consumidor, especialmente en beneficio del agro y creación de mayor empleo de calidad».
También la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) respaldó la iniciativa. Señalaron que el proyecto «promueve el incremento de los cortes obligatorios de bioetanol y de biodiésel y fomenta la libre competencia que traerá beneficios para los consumidores y permitirá proyectar futuras inversiones».
El próximo paso será el tratamiento en Diputados. Desde el CAA remarcaron: «Queda en sus manos sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”. CIARA también pidió avanzar con la sanción definitiva para que el nuevo régimen pueda comenzar a implementarse «desde el año 2027».
