La discusión por el nuevo marco regulatorio de los biocombustibles está exponiendo un debate de fondo sobre qué modelo industrial y de transición energética adoptará la Argentina para los próximos años.
El proyecto de nueva ley de Biocombustibles impulsado por la bancada oficialista, bajo la firma de Patricia Bullrich en la Cámara de Senadores, reabrió un frente de tensión en las comisiones del Congreso donde se cruzan las pretensiones de desregulación del Poder Ejecutivo, los reclamos de supervivencia de las pymes del interior productivo y los planes de expansión exportadora de los gigantes del sector petrolero.
El texto en debate busca reemplazar la Ley N° 27.640, sancionada en 2021, y propone un esquema a 15 años que incrementa la mezcla obligatoria en los surtidores: elevar del 7,5% al 10% el corte de biodiésel en el gasoil, y del 12% al 15% el de bioetanol en las naftas.
Sin embargo, el eje de la disputa excede los porcentajes y se centra en el fin de la asignación estatal de cupos y en la eliminación de los precios oficiales, reemplazados por la paridad de importación y un mercado electrónico de comercialización.
A esto se suma la autorización para que las refinadoras de petróleo realicen coprocesamiento de materias primas vegetales en sus instalaciones y lo computen dentro del corte obligatorio, y a la vez que las grandes corporaciones de la cadena sojera pongan un pie en el mercado interno, ante el cierre de los mercados externos de los últimos años.
El biodiésel se utiliza para un corte obligatorio del gasoil en el mercado local del 7,5%, un producto concentrado en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba.
En tanto, el bioetanol se emplea para el corte obligatorio del 12% en las naftas, repartido hoy en partes iguales entre la producción a base de maíz (Córdoba, Santa Fe y San Luis) y la de caña de azúcar (Tucumán, Salta y Jujuy).
En el Congreso se cruzan las pretensiones de desregulación del Gobierno, los reclamos de supervivencia de las pymes y la expansión de la grandes cerealeras y los planes exportadores del sector petrolero.
Durante las audiencias en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto del Senado, los funcionarios del oficialismo defendieron la medida bajo el argumento de priorizar al consumidor mediante precios competitivos y promover la libre concurrencia.
El crecimiento a gran escala y el arraigo local, como posturas enfrentadas en el debate por los biocombustibles
No obstante, las asimetrías de escala desataron el rechazo categórico de las industrias regionales. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) elevó su reclamo con cifras concretas sobre el impacto territorial del proyecto.
Desde la entidad advirtieron que la eliminación de los esquemas de protección y el ingreso de las grandes compañías integradas pone en riesgo inminente la operatividad de 25 plantas productoras ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, comprometiendo más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Actualmente, las pymes vuelcan al mercado interno unas 900.000 toneladas anuales de biodiésel para cubrir el corte del 7,5%.
El sector sostiene que competir en igualdad de condiciones con los grupos agroexportadores implica comprarles la materia prima —el aceite de soja— a precios de mercado para luego rivalizar con ellos en la venta del producto final.
Como contrapropuesta, las pymes exigieron fijar un corte obligatorio del 12,5%, volumen que generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas anuales, suficiente para absorber la capacidad de las plantas regionales sin desplazar oferta ni forzar cierres.
Las pymes afirman que el ingreso de las grandes compañías integradas pone en riesgo la operatividad de 25 plantas productoras ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y San Luis
En el otro extremo del tablero, la visión de los refinadores tradicionales mira hacia el mercado global. Las recientes declaraciones de Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), revelaron la vocación de los grandes jugadores petroleros.
El ejecutivo calificó como «un sinsentido» la restricción legal que impide a las refinadoras invertir en la producción de biocombustibles en la Argentina. Para PAE y otros actores integrados, el interés trasciende el abastecimiento interno y apunta a las oportunidades de exportación que exige la agenda de descarbonización global.
Se trata de reactivar un complejo que en sus picos históricos generó divisas por montos situados entre los USD 1.500 y USD 1.800 millones anuales, pero que en los últimos ejercicios vio caer de forma sustancial sus envíos al exterior, registrando ventas por solo USD 322 millones hacia la Unión Europea en el último año.
Asimismo, la posibilidad de desarrollar combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y biometano aparece como una plataforma de inversión verde de alto volumen.
Mientras la desregulación aspira a atraer inversiones de escala, mejorar la competitividad de la oferta exportadora e integrar a las refinadoras tradicionales, las provincias de la región centro, en particular Santa Fe, plantean que una apertura sin filtros derivará en la concentración del mercado en un puñado de actores, desarticulando la red industrial del interior.
Fijar la letra chica de la nueva ley tiene el desafío de conciliar el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina como una herramienta de arraigo e industrialización regional y a la vez dar la posibilidad de potenciar al sector con nuevos actores que permitan elevar el negocio a gran escala volcada al comercio internacional.
