La cámara que reúne a las plantas elaboradoras del interior cuestionó el 10% del proyecto que debate el Senado y advirtió por el impacto que podría tener sobre 25 establecimientos y unos 10.000 puestos laborales. Su contrapropuesta propone establecer un esquema de participación para cada segmento productivo.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) salió al cruce del proyecto de ley de biocombustibles que será analizado en el Senado y planteó una alternativa para modificar el esquema de biodiésel.
Mientras la iniciativa oficial propone elevar el corte obligatorio del gasoil del 7,5% al 10%, las empresas regionales reclaman llevarlo al 12,5% y distribuir el nuevo volumen entre los distintos actores.
“La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que están en riesgo», señalaron desde la CEPREB.
La entidad sostiene que el problema no está en incrementar el uso obligatorio del biodiésel, sino en la forma en que se asignará ese mercado.
Según su planteo, si no existe una participación definida para las plantas regionales, el crecimiento podría concentrarse en las compañías de mayor escala y afectar a establecimientos ubicados fuera de los principales polos industriales.
Una propuesta para ampliar el mercado de biocombustibles
La CEPREB propuso repartir el corte del 12,5% entre tres grupos: un 5% para las 17 plantas pyme regionales, 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras. El objetivo es que la mayor demanda permita sumar producción sin desplazar a quienes actualmente abastecen el mercado interno.
La cámara aclaró que no rechaza una nueva normativa, el aumento del corte ni el ingreso de nuevos participantes. Su cuestionamiento apunta a que el crecimiento no implique una transferencia de participación desde las empresas regionales hacia firmas integradas o de mayor escala.
Para la entidad, las diferencias de estructura productiva resultan determinantes. Las pymes compran aceite de soja como materia prima a empresas que también participan en el negocio del biodiésel, por lo que competir en igualdad de condiciones se vuelve complejo frente a compañías que controlan etapas anteriores de la cadena.
“La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que están en riesgo. El resultado de una buena ley lo define la escala, y ahí las plantas regionales pyme no tienen forma de competir con las plantas no integradas y con las aceiteras, que son las productoras de la materia prima: el aceite”, señalaron desde CEPREB.
El impacto sobre las provincias
Las 25 plantas están distribuidas en diferentes provincias y producen unas 900.000 toneladas anuales destinadas al corte vigente del 7,5%. Santa Fe concentra 360.000 toneladas, seguida por Buenos Aires con 355.000. La producción se completa con 85.000 toneladas en La Pampa, 55.000 en Entre Ríos y 45.000 en San Luis.
Cada establecimiento cuenta con una capacidad de hasta 50.000 toneladas anuales. Detrás de esas instalaciones existe además una red de aproximadamente 400 extrusoras que proveen el aceite utilizado como insumo, generando actividad económica y empleo en distintas localidades del interior.
La CEPREB estima que elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de unas 600.000 toneladas. Santa Fe captaría una parte importante de ese crecimiento por la concentración de compañías no integradas, pero la cámara sostiene que eso no representa un inconveniente mientras se trate de producción nueva.
“Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar”, añadió la cámara.
El reclamo por reglas previsibles
Para las pymes, los porcentajes de corte deberían asignarse mediante reglas conocidas y aplicadas de manera uniforme a quienes cumplan con las condiciones de inversión establecidas por la normativa, independientemente de su escala.
La entidad recordó que ese principio fue utilizado para configurar el actual mapa productivo del biodiésel. En ese sentido, sostuvo que la Ley 27.640 permitió que quienes invirtieran bajo determinadas condiciones contaran con un porcentaje de corte y un período para recuperar el capital.
El temor del sector es que el nuevo esquema habilite el co-procesamiento sin establecer una división concreta del mercado. Desde su perspectiva, esa combinación permitiría que las grandes empresas capturen tanto el incremento de la demanda como parte del volumen que actualmente elaboran las pymes regionales.
La cámara también comparó su reclamo con el tratamiento diferencial previsto para el bioetanol de caña de azúcar frente al producido a partir de maíz, argumentando que la protección vinculada al impacto territorial también debería aplicarse al biodiésel elaborado en el interior.
La CEPREB anticipó que participará del debate parlamentario y pondrá a disposición su propuesta como base técnica.
