Desde la UIA y el sector minero reclaman un reglamento de contrataciones que no fomente las importaciones extranjeras frente a los proveedores locales. Advierten que el caso Vicuña puede marcar un precedente para el desarrollo de la minería bajo el esquema de incentivos.
La decisión de adjudicar parte de la construcción del campamento del Proyecto Vicuña a la firma china PowerChina dejó de ser una discusión sobre una contratación puntual para transformarse en uno de los primeros grandes debates que enfrenta la minería argentina bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A eso se sumó el anunció de un Súper RIGI, que profundiza los incentivos a empresas extranjeras, lo que multiplicó los cuestionamientos de cámaras empresarias, referentes industriales, especialistas, gremios y la propia Unión Industrial Argentina (UIA). Las entidades advierten sobre el precedente que podría sentar para los próximos megaproyectos.
La controversia adquirió mayor relevancia por el peso específico de Vicuña. El emprendimiento, impulsado por Lundin Mining y BHP, demandará inversiones estimadas en unos 18.000 millones de dólares y representa el mayor desarrollo cuprífero del país.
Para buena parte de la industria, la forma en que se estructuren las contrataciones durante esta etapa inicial podría convertirse en un modelo para futuras inversiones mineras.
El RIGI fue concebido para atraer inversiones de gran escala, pero también con la expectativa de generar empleo, desarrollo industrial y fortalecimiento de proveedores nacionales.
Por su parte, Vicuña respondió a los cuestionamientos asegurando que las empresas argentina deben mejorar su estructura de costos para poder ser competitivas.
La UIA busca endurecer las reglas para fortalecer la participación de la industria nacional
La controversia motivó un pronunciamiento público de la Unión Industrial Argentina. A través de una serie de publicaciones difundidas en X, la entidad aprovechó el debate para insistir con cambios en la implementación del flamante Súper RIGI, con el objetivo de garantizar una mayor participación de proveedores nacionales en los grandes proyectos de inversión.
Entre las propuestas, la UIA planteó que el requisito de inversión mínima del 20% previsto por el régimen se aplique exclusivamente sobre bienes con valor agregado local, evitando que ese porcentaje se diluya en contrataciones que, por su naturaleza, inevitablemente se realizan dentro del país.
Además, propuso establecer esquemas de integración progresiva que incrementen la participación de empresas argentinas a medida que los proyectos avanzan desde la etapa de construcción hacia la operación.
También reclamó la creación de reglas objetivas que permitan verificar previamente la existencia de proveedores locales competitivos en precio y calidad antes de recurrir a contrataciones en el exterior. «Más integración local significa más desarrollo productivo, inversión y empleo para la industria argentina», sintetizó el posteo de la UIA.
La mirada de Empresarios y especialistas
El tema también ocupó un lugar central en una edición del ciclo Aguas Arriba, producido por EconoJournal, donde participaron la ex secretaria de Minería y Energía, Flavia Royón; el secretario de la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada (CACMI), Leandro Seoane; el abogado especializado en minería Juan Biset; y el economista Santiago Bulat.
Aunque cada uno abordó el caso desde una perspectiva diferente, todos coincidieron en que el episodio abrió una discusión de fondo sobre el desarrollo de proveedores nacionales.
La decisión de adjudicar parte de la construcción del campamento del Proyecto Vicuña a la firma china PowerChina dejó de ser una discusión sobre una contratación puntual para transformarse en uno de los primeros grandes debates que enfrenta la minería argentina bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde la CACMI. Seoane sostuvo que apenas una empresa argentina habría participado del proceso de contratación, una situación que, a su entender, impide determinar si la oferta local realmente era menos competitiva que la alternativa extranjera.
«Al solo haber participado una empresa nacional en la licitación, no es posible ponderar la competitividad real de toda la oferta argentina respecto de la china», explicó. El dirigente aseguró además que el sector cuenta con capacidad suficiente para responder a proyectos de gran escala.
Incluso reveló que la entidad elabora un relevamiento sobre unas 60 empresas nacionales dedicadas a la construcción modular para demostrar que existe infraestructura, experiencia y capacidad instalada para abastecer emprendimientos mineros de esta magnitud.
«Estoy convencido de que, si nosotros terminamos de acreditar nuestra capacidad a las mineras y a todas las empresas que están por desarrollar proyectos con el RIGI, esto va a cambiar», señaló.
Por su parte, Juan Biset, socio de Nicholson y Cano Abogados, explicó que en proyectos con inversiones multimillonarias suele imponerse una lógica donde las compañías priorizan minimizar riesgos antes que explorar nuevos proveedores. «Les gana la aversión al riesgo y la necesidad de apurarse», sostuvo.
En ese escenario, indicó, muchas operadoras optan por contratar empresas con las que ya tienen experiencia para reducir incertidumbre y cumplir los cronogramas de obra. Sin embargo, remarcó que eso no debería impedir que los proveedores argentinos participen de los procesos de selección.
En tanto, Flavia Royón planteó que el verdadero debate excede ampliamente el caso Vicuña. La ex funcionaria recordó que el RIGI fue concebido para atraer inversiones de gran escala, pero también con la expectativa de generar empleo, desarrollo industrial y fortalecimiento de proveedores nacionales.
«Esto va mucho más allá de si la decisión fue acertada o no, sino de cuál es la foto que queremos, porque no estamos hablando de 100 proyectos, sino de oportunidades que se cuentan con los dedos de la mano», resumió. En ese sentido, sostuvo que las importaciones deberían reservarse para aquellos bienes o servicios que el país efectivamente no pueda producir.
Por último, Santiago Bulat advirtió que el problema también expone las dificultades estructurales que enfrenta la industria argentina para competir. Elevados costos financieros, presión tributaria y un acceso más limitado al crédito reducen la competitividad frente a proveedores internacionales.
Por eso, consideró que la discusión no debería enfocarse únicamente en restringir importaciones, sino en construir herramientas que permitan fortalecer la oferta nacional. Como ejemplo mencionó el modelo australiano, donde las empresas realizan primero una búsqueda de proveedores locales antes de recurrir al mercado externo cuando no encuentran alternativas competitivas.
