Las reiteradas medidas de fuerza en la principal terminal de contenedores de Uruguay tensan la cadena de suministro, provocan reacciones políticas y desatan duras advertencias del sector exportador e industrial por pérdidas millonarias.
Con un nuevo paro que comenzó en la tarde de este viernes, la terminal TCP del puerto de Montevideo se quedó nuevamente sin actividad, y sin precisiones respecto de cuándo volverán a poder operar con normalidad.
El puerto de Montevideo, principal nodo de entrada y salida del comercio internacional uruguayo se encuentra sumido en un conflicto sindical de alta intensidad que amenaza con desarticular la competitividad regional de la plaza marítima oriental.
Las medidas de fuerza recurrentes llevadas adelante por los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP), empresa operadora de la terminal especializada de contenedores donde el consorcio belga Katoen Natie posee el 80% del paquete accionario y la Administración Nacional de Puertos (ANP) el 20% restante, han provocado interrupciones sistemáticas en la atención de buques y la recepción de camiones.
La situación encendió todas las alarmas en el sector del transporte, los operadores de comercio exterior y las cámaras empresariales.
Uno de los reclamos centrales del sindicato de trabajadores es el de asegurar una determinada cantidad de jornales (24 por mes), pero los representantes de la empresa se niegan a llegar a esa cantidad.
“Los costos son muy importantes pero lo más importante es el daño reputacional para el país y para el puerto que nos está causando esto”, dijo Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, la principal accionista de Terminal Cuenca del Plata.
“La incertidumbre de si se va a operar o no se va a operar es algo que no puede estar presente en la planificación y hoy el puerto de Montevideo está teniendo una serie de eventos en los últimos dos años que hace pensar que está teniendo un severo daño en su reputación respecto a la falta de continuidad operativa”, agregó, en declaraciones a Canal 12 de Uruguay.
Las negociaciones se estancaron nuevamente, tras un acuerdo logrado en julio, luego de que el sindicato pretendiera incorporar la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial entre los reclamos.
Cruces políticos por el conflicto en el puerto
El conflicto responde a una prolongada puja salarial y de condiciones laborales entre el Sindicato de TCP-Nelsury, integrado en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), y la conducción de Katoen Natie.
La falta de acuerdos definitivos en los convenios colectivos derivó en sucesivas paralizaciones de actividades, incluyendo medidas de hasta 72 horas continuas que frenaron por completo las compuertas terrestres y los muelles de atraque.
La persistencia de las medidas de fuerza llevó a la oposición parlamentaria uruguaya a solicitar la comparecencia urgente ante el Poder Legislativo del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; y del directorio en pleno de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Los legisladores buscan que los jerarcas detallen el plan de contingencia estatal, la cuantificación de los perjuicios económicos y las medidas orientadas a preservar la continuidad de los servicios esenciales.
Desde el ámbito parlamentario, el senador del Partido Colorado Robert Silva advirtió que la paralización de la principal terminal de contenedores del país representa un bloqueo directo a la economía nacional.
Silva remarcó que las horas operativas perdidas deterioran la credibilidad de Montevideo como polo de transferencia regional y cuestionó la desproporcionalidad de las medidas sindicales, señalando que condicionan a todo el entramado productivo ajeno a la disputa laboral.
Un postura contraria fue la que adoptó el senador del Frente Amplio (FA), Gustavo González, quien apuntó contra las empresas portuarias por el conflicto, y cargó también contra los legisladores de la oposición, que «siempre defienden a las patronales».
«Entonces, hay un conflicto y el conflicto hay que respetarlo, y el derecho a huelga es derecho a huelga. Ahora, se dice que se perjudica. Sí, claro que se perjudica, pero también se perjudican los trabajadores cuando no se les da un salario como la gente«, consideró.
Protestas de empresarios por el impacto de los paros en TCP
Por su parte, Pozzi, el representante del gobierno en el directorio de TCP —donde la empresa belga tiene el 80% de la concesión—, consideró «exagerado» el llamado parlamentario a las autoridades del Poder Ejecutivo, incluso cuando «el Parlamento tiene derecho a preguntar sobre las cosas que están pasando, sobre todo en la industria sensible en el puerto».
En ese mismo sentido, las cámaras de la producción insistieron en la necesidad de que el Poder Ejecutivo analice la declaración de esencialidad de la operativa portuaria.
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) emitió una enérgica declaración pública en la que calificó de inadmisible la situación y responsabilizó de manera tripartita al sindicato, a la concesionaria TCP y al gobierno nacional por la incapacidad de encauzar una salida institucional que preserve a terceros perjudicados.
De acuerdo con las gremiales pesqueras, el 95% de la captura marítima local tiene como destino el mercado externo, con productos insignia como la corvina y la merluza.
El bloqueo portuario interrumpió de forma crítica un período de récord exportador en el sector, generando sobrecostos por mantenimiento de cadena de frío en depósitos, reprogramación forzosa de buques portacontenedores, penalizaciones comerciales internacionales por incumplimiento de plazos de entrega y la imposibilidad de operar contenedores reefer en tiempo y forma.
La entidad empresarial denunció además lo que consideró una actitud pasiva por parte de TCP, argumentando que una compañía a la que el Estado le otorgó la concesión estratégica de un servicio público esencial no puede limitarse a emitir avisos de suspensión operativa y trasladar la totalidad de los sobrecostos y demoras a los clientes de la terminal.
En ese marco, los trabajadores de TCP definieron la realización de nuevas paralizaciones de actividades y asambleas de base para evaluar las propuestas presentadas en los ámbitos de mediación oficial.
El presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), Álvaro Reinaldo, confirmó que el gremio mantendrá el estado de alerta y no descartó profundizar el plan de lucha en caso de no recibir respuestas satisfactorias a los reclamos laborales y salariales planteados a la empresa operadora.
El segmento de cruceros: repliegue de base y concentración en Buenos Aires
El impacto en la industria de cruceros se tradujo tanto en cancelaciones operativas como en modificaciones estructurales de itinerarios de las principales líneas de turismo marítimo internacional:
- MSC Cruceros y la cancelación de operaciones de embarque/desembarque: La naviera tomó la decisión de cancelar a Montevideo como puerto de recambio de pasajeros (homeport/turnaround) para sus próximas temporadas. Los viajeros uruguayos deben trasladarse al Puerto de Buenos Aires para iniciar o finalizar sus viajes.
- Reducción drástica de escalas en la capital uruguaya: MSC redujo sustancialmente sus recaladas en Montevideo (pasando de 16 a solo 5 escalas programadas para escalas técnicas/turísticas de tránsito breve), redistribuyendo recaladas hacia fondeaderos en Punta del Este y consolidando la operativa de embarque masivo en la terminal de cruceros Benito Quinquela Martín de Buenos Aires.
- Pérdida de servicios conexos: La pérdida del estatus de puerto de embarque eliminó la contratación de servicios de hotelería previaje, transfers, abastecimiento de provisiones a gran escala (chandlering), provisión de combustible (bunkering) y manejo de equipajes en la terminal montevideana.
Navieras de contenedores: omisiones de escala y desvío de líneas regulares
Las líneas navieras que integran los principales consorcios globales han omitido escalas programadas en Montevideo debido a las demoras acumuladas por paros que impiden cumplir con las ventanas horarias de navegación:
- Mediterranean Shipping Company (MSC): Ha aplicado de manera reiterada la omisión de escala (skip call) en Montevideo ante la falta de garantías operativas en TCP y muelles públicos, derivando la descarga y carga de contenedores hacia los puertos de Buenos Aires y Río Grande.
- Maersk (y Alianza Gemini): La naviera danesa ha cancelado recaladas regulares en Montevideo durante jornadas de conflicto, redirigiendo la mercadería en tránsito hacia los puertos de Santos, Itapoá y Buenos Aires, lo que obliga a los exportadores locales a asumir costos adicionales por transbordos diferidos.
- Ocean Network Express (ONE): El consorcio japonés ajustó rotaciones en sus servicios hacia Asia y Norteamérica, salteando Montevideo para evitar sobrecostos por buques parados en rada, transfiriendo los volúmenes a terminales brasileñas y argentinas.
- Hapag-Lloyd y COSCO Shipping: Ambas compañías han registrado cancelaciones directas de atraque en la terminal de contenedores de Montevideo durante los picos de conflicto gremial, reprogramando los despachos de importación y exportación a través de conexiones alternativas en el Río de la Plata y la costa atlántica sur.
