Puertos de todo el país avanzaron en sus trámites para lograr la habilitación definitiva. Habría una extensión de plazo para que las autoridades resuelvan la documentación faltante. El impacto en las obras portuarias.
El martes 26 de mayo fue el último día que tenían los más de 30 puertos públicos de distintas provincias para presentar la declaración jurada con datos claves para lograr su habilitación definitiva.
En el marco de la Resolución 33, de agosto de 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), había simplificado el trámite de presentación de declaración jurada para que cada autoridad portuaria pudiera completar su habilitación definitiva.
Esa actuación administrativa establecía un plazo de 180 días (hábiles), que vencieron el martes, sin que los puertos hayan avanzado en forma concreta con sus presentaciones. Según relataron autoridades portuarias provinciales, algunos mantuvieron un fluido intercambio y avanzaron con el proceso, sin poder completarlo, mientras otros tuvieron una actitud de desinterés y se limitaron a reclamar una nueva prórroga de plazos.
Entre los considerandos de la normativa, se destacaba que, con una habilitación precaria, la autorización para operar puede ser revocada en caso de detectarse “falsedad u omisión esencial en la documentación”.
Mediante diversas notas, ANPYN había reclamado a los dirigentes portuarios terminar sus declaraciones juradas (respecto de los límites de su jurisdicción, operatoria y otros aspectos de seguridad) a puertos como el de Santa Fe o Rosario (de la provincia de Santa Fe), de Barranqueras (Chaco), de la provincia de Buenos Aires (como La Plata, Dock Sud o Mar del Plata), Concepción del Uruguay (Entre Ríos), de Corrientes, y Punta Loyola (Chubut), por mencionar a algunos.
Diversos directivos habían reclamado a la ANPYN (antes, a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) avanzar en la simplificación del trámite que les permitiera disponer libremente de sus terrenos.
Cumplido el plazo, la Agencia avanzaría con una nueva prórroga para continuar los intercambios y solucionar las dificultades de aquellos que demostraron su voluntad de cumplir las exigencias.
La habilitación, un pedido central de los puertos para Nación
Lograr la habilitación definitiva es un paso esencial para el futuro de obras e inversiones que muchos puertos de gestión pública buscan para lograr competir con los privados o ser el eslabón logístico que las provincias impulsan.
En ese marco, diversos directivos habían reclamado a la ANPYN (antes, a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables) avanzar en la simplificación del trámite que les permitiera disponer libremente de sus terrenos.
Con habilitaciones precarias y espacios muchas veces en disputa con algún organismo nacional, su propia provincia o incluso con alguna organización civil, los puertos no pueden avanzar con obras (con fondos propios) o con cesiones de su gestión a un operador privado (por falta de certezas jurídicas).
Esas habilitaciones, además, pueden ser revocadas por la autoridad portuaria nacional (la ANPYN) en caso de detectar cualquier falla durante una inspección.
De hecho, cuando se produjo la intervención del Puerto de Ushuaia, la resolución de la autoridad portuaria establecía en el punto 1 la quita de dicha habilitación; sin embargo, dada la relevancia estratégica del puerto, esa quita de habilitación fue suspendida temporalmente, siempre y cuando se pudiera avanzar durante la intervención con las obras necesarias para su normalización.
En ese caso extremo, ANPYN realizó, tras una denuncia de empresas y trabajadores del puerto, una inspección en la que constató diversas irregularidades administrativas y serias fallas de infraestructura que impulsaron la intervención.
En diciembre pasado, la agencia también realizó inspecciones en el Puerto Dock Sud, aunque sin ningún tipo de sanciones.
