El esquema de prioridad sobre redes eléctricas encendió críticas de competidores y funcionarios provinciales, que denuncian ventajas excesivas para el megaproyecto de cobre.
El boom del cobre promete transformar a San Juan en uno de los grandes polos mineros de la región, pero los cuestionamientos al impacto de uno de los proyectos más ambiciosos se multiplican. En los últimos días, quienes se oponen al avance de Vicuña volvieron a criticar la manera en que la iniciativa busca abastecerse de electricidad.
La falta de infraestructura energética ya dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una disputa política y empresarial de alto voltaje, donde cada actor busca asegurarse un lugar antes de que la capacidad disponible se agote.
En privado, varios ejecutivos hablan de una “privatización indirecta” de capacidad eléctrica.
En ese marco, el megaproyecto integrado por Josemaría y Filo del Sol, quedó nuevamente en el centro de la polémica luego de solicitar prioridad sobre buena parte de la capacidad eléctrica futura del corredor San Juan-Rodeo.
Lo que en el papel apareció como un mecanismo para acelerar inversiones privadas terminó generando un fuerte rechazo entre otras compañías mineras y sectores del propio gobierno sanjuanino.
La polémica entre Vicuña y otras mineras
El origen de la controversia se remonta a una resolución nacional aprobada en 2025, que habilitó a empresas privadas a financiar ampliaciones de transporte eléctrico con la posibilidad de obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional generada.
El esquema buscaba atraer inversiones en un contexto donde el Estado prácticamente se retiró de la planificación energética.
Sin embargo, en la práctica abrió una discusión mucho más delicada: quién se queda con la energía en una provincia donde todos los proyectos quieren arrancar al mismo tiempo. Amparada en esa normativa, Vicuña pidió acceso preferencial sobre el 90% de la capacidad derivada de las obras proyectadas.
El problema es que ese beneficio no impactaría únicamente sobre líneas nuevas, sino también sobre infraestructura ya existente y financiada históricamente con fondos públicos. Ahí apareció el principal foco de conflicto.
Distintas empresas mineras y funcionarios provinciales consideran que el esquema deja al resto de los proyectos prácticamente “mirando desde afuera” una red estratégica que debía servir para todo el desarrollo cuprífero de San Juan.
En privado, varios ejecutivos hablan de una “privatización indirecta” de capacidad eléctrica construida durante años con recursos estatales. El malestar creció todavía más cuando el entonces ENRE autorizó inicialmente una demanda vinculada a fases de Vicuña que todavía no contaban con aprobación ambiental.
La reacción fue inmediata. Provincias, municipios y actores del sector cuestionaron la decisión y acusaron al organismo de avanzar demasiado rápido en favor de una sola compañía. La presión obligó al regulador a retroceder parcialmente.
Finalmente, el ente corrigió el expediente y limitó el pedido exclusivamente al proyecto Josemaría, con una demanda estimada en 260 MW.
Pero lejos de desactivar el conflicto, la rectificación dejó flotando una sospecha que recorre buena parte del sector: que se mantiene una posición especialmente permisiva con Vicuña.
“¿Quién nos asegura que después no vuelvan a cambiar las condiciones?”, le deslizó un actor minero involucrado en las negociaciones al medio Forbes. Nadie discute la importancia estratégica de Vicuña ni el volumen de inversión que representa, pero muchos empiezan a preguntarse si el desarrollo del cobre argentino puede quedar condicionado a las necesidades de un solo jugador.
En paralelo, siguen abiertas las diferencias sobre cuál debería ser la gran obra eléctrica para abastecer a los futuros proyectos cupríferos. Una parte importante de los especialistas impulsa el cierre del anillo Rodeo-La Rioja Sur, una iniciativa diseñada hace más de una década y que incluso cuenta con una oferta de financiamiento internacional por unos 400 millones de dólares.
La audiencia pública en duda
En medio de toda esta pelea, la audiencia pública convocada para el 3 de junio aparecía como el escenario donde las tensiones finalmente iban a quedar expuestas de manera formal. Pero ahora incluso esa instancia quedó envuelta en incertidumbre.
La creación del nuevo ENRGE, surgido de la unificación entre el ENRE y el ENARGAS, derivó en una suspensión temporal de plazos administrativos y abrió dudas legales sobre qué organismo debe hacerse cargo del proceso iniciado por una entidad que ya dejó de existir.
Aunque la resolución oficial aclara que ciertos procesos críticos podrán continuar, todavía no está claro qué ocurrirá con las audiencias convocadas después del período de transición administrativa. Así, el debate más sensible para el futuro eléctrico de la minería argentina podría quedar atrapado en medio de la propia reorganización del Estado.
Y en San Juan, donde todos corren para asegurarse energía antes del despegue del cobre, cada semana de demora pesa cada vez más.
