Cámaras empresarias denuncian exclusión de proveedores. El gobernador riojano Ricardo Quintela también reclamó participación en Josemaría y escala el conflicto.
Las últimas semanas fueron de alto voltaje para el futuro del proyecto minero Vicuña. Si bien los cuestionamientos sobre el bajo impacto que la iniciativa viene teniendo en el empleo local no son nuevos, estos cada vez se recrudecen más y suman actores de distintos ámbitos.
La semana pasada, un fallo de la justicia de La Rioja ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Vicuña por falta de informes ambientales. Pero esta fue aún más dura para el consorcio internacional integrado por Lundin y BHP, ya que el reclamo escaló tanto hacia las esferas privadas, como al gobierno provincial.
«Desmintieron versiones sobre una supuesta convocatoria a siete firmas riojanas»
Luego de confirmarse la resolución judicial que derivó en el cierre del camino de Guandacol —utilizado por la empresa Vicuña para su proyecto en territorio sanjuanino—, la Unión de Cámaras Riojanas, integrada por CASEMI, la Cámara Empresarial Riojana (CER), CAMARCO y el Centro Comercial e Industrial, manifestó su “profunda preocupación ante el bajo impacto socioeconómico que el proyecto minero Vicuña genera actualmente en nuestro territorio”.
El reclamo apunta directamente a la escasa integración de proveedores locales. “A pesar de que la zona de Guandacol es considerada zona 1 para contratación, se observa una preocupante falta de atención hacia los proveedores locales”, indicaron en un comunicado.
Las entidades advirtieron que esta situación “contradice la búsqueda de un modelo que combine producción, bienestar social y distribución concreta de beneficios para las comunidades”, en un contexto donde la actividad minera se presenta como una oportunidad de desarrollo regional.
El concepto de “zona 1” refiere a un anillo geográfico de prioridad establecido por normativas locales para fomentar el desarrollo económico y evitar que los proyectos generen pasivos sin retorno en las comunidades cercanas. Sin embargo, según denunciaron, ese esquema no se estaría cumpliendo en la práctica.
En cuanto a los antecedentes, las cámaras recordaron que en 2023 mantuvieron reuniones con la empresa Josemaría, tras las cuales las firmas riojanas completaron su inscripción en el registro CODIM. No obstante, señalaron que «nunca se avanzó en convocatorias a licitación».
La situación se reiteró en 2025, cuando se realizaron nuevos encuentros en La Rioja y San Juan y se solicitó a las empresas registrarse en el sistema ACHILLES. Pese a haber cumplido ese proceso, “a la fecha ninguna empresa de la Unión ha sido convocada a participar en procesos licitatorios vinculados al proyecto”.
Además, desmintieron versiones sobre una supuesta convocatoria a siete firmas riojanas para la obra de bypass en Guandacol. “Queremos aclarar que esto no es así: ninguna de nuestras firmas ha recibido tales llamados”, afirmaron.
En el tramo final, el sector empresario subrayó que “la licencia social es una condición indispensable que se construye con transparencia y beneficios reales para las comunidades” y reclamó “una solución urgente y efectiva” que garantice la participación de empresas locales en las contrataciones.
El gobernador de La Rioja reclamó participación
El conflicto también tiene repercusiones en el plano político. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, elevó el tono de la disputa con San Juan al reclamar la revisión de los límites interprovinciales definidos en 1968 y exigir la intervención del Congreso nacional.
En ese marco, puso en discusión la soberanía sobre áreas clave como el yacimiento Josemaría —hoy integrado al distrito Vicuña— y el área de Ischigualasto.
“En este momento nosotros tenemos una situación conflictiva con la empresa Vicuña, en el proyecto Josemaría que está enclavado en San Juan en el límite con La Rioja. Ellos utilizaron durante 25 años el camino de La Rioja, nunca dejaron un peso”, afirmó el mandatario, quien planteó además un esquema de participación laboral proporcional: “Que San Juan se quede con el 80% y La Rioja con el 20% de los trabajadores”.
Quintela sostuvo que los acuerdos firmados por «gobernadores de facto» carecen legitimidad política y deben ser revisados por el Senado, al que la Constitución asigna la resolución de disputas territoriales. “La Rioja tiene un conflicto de límites con San Juan que nunca fue dilucidado ni aclarado”, señaló, al tiempo que propuso incluso compartir áreas como Ischigualasto.
En paralelo, defendió el modelo minero impulsado por su provincia, basado en la participación estatal a través de una empresa pública, con el objetivo de captar una porción mayor de la renta y generar empleo local. Según explicó, busca superar el esquema tradicional centrado exclusivamente en regalías y avanzar hacia un desarrollo con mayor valor agregado.
Según trascendió en medios sanjuaninos, la propia empresa Vicuña Corp tampoco fue notificada formalmente del fallo dictado por la jueza María Greta Decker, que ordenó la suspensión de actividades por 30 días.
Mientras tanto, la compañía mantiene sus operaciones a través del denominado corredor norte, una traza ubicada íntegramente en territorio sanjuanino que evita el paso por Guandacol. De este modo, el proyecto continúa en marcha sin alteraciones inmediatas, pese al impacto político del fallo.
