El gigante minero propuso un plazo de negociación de 30 días en la Audiencia Pública donde empresas y organizaciones civiles cuestionaron su uso «excesivo» de la infraestructura existente. Qué dice el reglamento y la postura de las autoridades.
La controversia alrededor del pedido de acceso para las líneas eléctricas de Cuyo tendrá 30 días de vilo antes de que el ente regulador se expida de manera oficial. En la jornada de ayer, se celebró la audiencia pública de carácter no vinculante para que las partes puedan presentar sus argumentos a favor o en contra de la solicitud efectuada por el consorcio que integran BHP y Lunding Mining.
En ese marco, Vicuña expuso las bondades de la mega iniciativa y la necesidad de contar con una mayor capacidad reservada y prioridad de uso. Este último punto se convirtió en el eje más cuestionado, tanto por las gobernaciones provinciales como municipales, y también por las otras mineras que operan en la región.
La prioridad de uso solicitada por Vicuña es un aspecto específico del régimen de ampliaciones.
La convocatoria fue realizada y conducida por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), representado por el Ingeniero Aldo Julio Furnari, jefe del departamento de accesos y ampliaciones y servidumbre de la unidad de análisis regulatorio y estudios especiales del ente.
Durante un lapso de tres horas, se debatió la solicitud de acceso a la capacidad de transporte remanente por 260 MW, con el fin de abastecer el complejo minero a cielo abierto Josemaría (fase 1) en la Provincia de San Juan y la solicitud de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica que TRANSENER presentó a requerimiento de la empresa Vicuña Argentina para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de las obras que se detallan en el artículo 2 de la Resolución ENRE N° 79/2026.
En el inicio de la audiencia, Vicuña le solicitó al ente un plazo de 30 días corridos para “realizar actualizaciones correspondientes” en la documentación presentada. En otras palabras, la corporación quiso más tiempo para limar asperezas y negociar con las demás partes sobre los puntos más controversiales de la normativa.
Con el aval de todos los participantes, el pedido fue aceptado y la decisión final del ENReGE se conocerá a principios de julio.
Los ejes del conflicto
Justamente, es la publicación de la Resolución 79 lo que desató la polémica. Según resaltó en la convocatoria el gerente de Energía de Vicuña, Adriel Rizzato, la demanda energética inicial que necesita Josemaría es de 260 MW un volumen de energía comparable a una parte significativa del consumo provincial.
Para abastecerse, la firma impulsó una serie de obras sobre la red de transporte eléctrico, incluyendo ampliaciones en el corredor de 500 kV entre Nueva San Juan y Rodeo, nuevas conexiones hacia la zona cordillerana donde se ubican los yacimientos y la construcción de una Estación Transformadora (ET) denominada Chaparro.
La controversia surgió cuando una resolución del organismo regulador nacional habilitó el tratamiento del pedido, que contempla que Vicuña tenga prioridad de uso del 90% de la capacidad remanente de Nueva San Juan – Rodeo por 25 años. Además de que la conexión con la ET Chaparro afectaría el diseño del plan nacional de infraestructura energética para la región.
El primero en levantar el guante fue el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE), el cual critico la normativa de ENRE, advirtiendo sobre los riesgos de otorgar una prioridad excesiva a un único proyecto sobre una infraestructura considerada estratégica para el futuro de la provincia.
Desde el ente provincial exigen mecanismos de compensación a partir del uso de infraestructura preexistente construida por fondos públicos y privados. Estos últimos provistos por empresas mineras en un acuerdo de cooperación con la administración pública.
El EPRE llegó incluso a amenazar con judicializar el expediente, postura apoyada por los municipios de la zona y las mineras intervinientes.
¿Qué se dijo en la Audiencia?
En representación de Vicuña, Rizatto comenzó su exposición señalando la importancia macroeconómica del proyecto y las oportunidades de desarrollo que este tiene para el país. Aseguró que todo el accionar de la empresa está amparado por la Ley y que tiene derecho a integrarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
“Aunque las obras se generan en una necesidad concreta del proyecto Vicuña, sus efectos son más amplios. Una vez habilitadas, las obras de 500 KV se integrarán al SADI y formarán parte de su infraestructura permanente operada por Transener”, señaló. En ese sentido, señaló la necesidad de precisar algunas cuestiones regulatorias.
“La prioridad de uso solicitada por Vicuña es un aspecto específico del régimen de ampliaciones, se refiere exclusivamente a la capacidad incremental generada por obras determinadas, promovidas y financiadas por quien origina la solicitud de ampliación. No limita el acceso abierto, ni futuras ampliaciones”, completó.
Seguidamente, habló Carlos García en representación de Transener S.A. y dio los detalles técnicos de las obras, la repotenciación de Nueva San Juan – Rodeo, la construcción de la ET Chaparro y de la línea de conexión entre ambas, concluyendo que “la solicitud de ampliación respeta los lineamientos y especificaciones técnicas del sistema de transporte”.
A su turno, el vicepresidente del EPRE local, Roberto Ferrero comenzó por marcar las fisuras en la posición de Vicuña. «San Juan apoya a la minería, no se viene a obstruir ni demorar la inversión privada, el único y excluyente mandato institucional es asegurar que el abastecimiento de la demanda eléctrica, asuma los costos que demanda su proyecto. Que el abastecimiento se mantenga seguro y confiable para las personas usuarias del servicio eléctrico en San Juan y que no se traslade carga económica, hacia las tarifas de los hogares comercios e industrias de la provincia», puntualizó.
«La infraestructura eléctrica que hoy viabiliza el acceso de Vicuña Argentina no surgió de la casualidad, es el resultado de una planificación de largo plazo, financiada mediante el esfuerzo de las personas usuarias del servicio eléctrico y de empresas beneficiarias que nos precedieron. Permitir que un nuevo actor económico disponga de activos públicos, sin internalizar sus costos, vulneraría el principio de igualdad ante la ley y discriminaría de manera directa a las empresas que ya invirtieron y cumplieron con la normativa sanjuanina”, agregó Ferrero.
Por último, solicitó que no se acuerde la “pretensión de Vicuña Argentina de tener una prioridad física de uso exclusivo sobre el 90% de la demanda de la capacidad del corredor excedente por un plazo de 25 años».
El pedido de “internalizar los costos” fue replicado por los intendentes de Jáchal e Iglesias, que demandaron compensación en infraestructura y mantenimiento para la red de distribución de sus localidades. Por su parte, el secretario de Energía de La Rioja, Alfredo Pedrali agregó que las obras de Vicuña impactan directo en los planes de expansión de su provincia.
“La Rioja ha sostenido durante años la necesidad de completar el tramo Rodeo-La Rioja Sur del corredor de 500 KV previsto en la planificación nacional. De lo manifestado surge que la ET Rodeo debe contar con una calle de playa de 500 KV destinada expresamente la interconexión con la ET La Rioja Sur y la utilización de dicha posición para vincular con la futura ET Chaparro, destinada a abastecer exclusivamente el proyecto minero privado implica privar y limitar a la provincia de La Rioja de la interconexión prevista”, aseveró el funcionario.
A pesar de estos argumentos, el vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, Gerardo Rabinovich mostró su apoyo total al proyecto Vicuña en las condiciones actuales, respaldó las obras propuestas y catalogó a la prioridad de uso como “una herramienta razonable y necesaria para que se haga la inversión”.
Bronca en las competidoras
Los cuestionamientos más duros vinieron desde las mientras que utilizan el entramado eléctrico en disputa. En primer lugar, Juan Pablo García Diez, director titular y apoderado de Minas Argentinas Sociedad Anónima, señaló que el pedido de vicuña puede llega a afectar la reserva de 30 MW de capacidad de transporte que por ley posee Minas Argentinas. “No nos oponemos a esta solicitud en tanto y en cuanto se respete el derecho preexistente que nos asiste”, sentenció.
Desde Hualilán y Barrick, en tanto, se subrayó que no deben desestimarse los aportes realizados por estas empresas para la construcción de la infraestructura existente y que la extensión en la prioridad de uso es excesiva, pero abrieron la posibilidad de dialogar hasta alcanzar algún tipo de consenso. La critica más dura, sin embargo, provino de Andes Corporación Minera, compañía a cargo de Los Azules.
Miguel Gil Uliese, doctor en Ingeniería eléctrica para esa firma, fue tajante: “La cuestión central puede formularse de modo simple, la pregunta no es su Vicuña tiene derecho a prioridad por la infraestructura nueva que financia, la pregunta es si esa prioridad puede extenderse por arrastre, a infraestructura preexistente que no forma parte de su inversión. Esa es la verdadera cuestión de fondo. Al ENReGE le hace falta leerse a sí mismo”.
En ese sentido, aseguró que “la capacidad que se asigna no existe en los términos que se asigna. El artículo 9 de la resolución otorga, frente a terceros, prioridad de uso del 90% sobre capacidad remanente de Nueva San Juan – Rodeo en 500 KV, le atribuye esa magnitud a un cálculo de Cammesa a que esa capacidad equivale al 71% de una capacidad total de 854 MVA, lo que resulta finalmente en una prioridad de uso de 545,7 MVA. Son tres números que no resisten contraste con un análisis real de la red”.
Para Uliese, tomar ese número no auditado “no es regulación, es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable”. Asimismo, señaló que la demanda que se reservó no estaba autorizada y la peticionante “no acreditó lo que cualquier agente del MEM debe acreditar”.
Por último, marcó que el artículo 9 de la resolución, en su redacción original reservo a capacidad para abastecer dos complejos, Josemaría y Filo del Sol, “el propio ENRE mediante la resolución 214 publicada posteriormente, corrigió esa redacción y suprimió la referencia a Filo del Sol, calificándola como un error material. Aun así, después de la rectificación la prioridad de 545,7 MVA por 25 años permaneció intacta, una reserva originalmente pensada para dos proyectos hoy sostiene esa misma pretensión con uno solo, sobre un corredor troncal preexistente y por un cuarto de siglo”.
Con las posturas asentadas, la pelota la tiene el ente regulador nacional. Si bien Vicuña tiene aval del gobierno y promete un ingreso de divisas monumental, la asignación energética para su abastecimiento generó un malestar muy grande en la región tanto para actores públicos como privados, y todo parece indicar que, si esto avanza, la polémica llegará a la justicia.
