Un fallo prohibe seguir con los trabajos en el emprendimiento de BHP y Lunding, que está en San Juan pero tiene acceso desde la provincia vecina. El conflicto jurisdiccional y la deuda social exponen las tensiones en torno a infraestructura, regulación ambiental y distribución de beneficios.
La industria minera nacional quedó en estado de alerta tras un fallo judicial sin antecedentes recientes que pone en pasua la mayor iniciativa de cobre en la Argentina.
En La Rioja, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dispuso la suspensión por 30 días del proyecto Vicuña, operado por BHP y Lundin Mining, y ordenó la instalación de retenes policiales en territorio riojano para impedir el tránsito de vehículos y equipos vinculados a la mina.
La resolución, fechada el 16 de abril de 2026, no solo interrumpe la dinámica operativa del emprendimiento, sino que también profundiza la disputa entre La Rioja y San Juan.
En términos prácticos, la medida impacta de lleno sobre el cronograma de obras de un desarrollo considerado estratégico para el crecimiento del sector cuprífero argentino.
Más allá del aspecto ambiental, el conflicto tiene una dimensión social de larga data vinculada al empleo y al desarrollo regional. Autoridades riojanas sostienen que el uso intensivo de su territorio no ha derivado en beneficios proporcionales para las comunidades locales.
Este episodio introduce un elemento de incertidumbre jurídica que trasciende el caso puntual: pone bajo revisión la coordinación interjurisdiccional en proyectos de gran escala, donde las cadenas logísticas atraviesan múltiples territorios con normativas propias.
El acceso en disputa y el frente ambiental
El eje central del conflicto combina factores territoriales, logísticos y políticos.
Si bien el yacimiento se ubica en San Juan, el acceso histórico —utilizado durante más de 15 años— se realiza exclusivamente por la localidad riojana de Guandacol. Esta situación implica un tránsito constante de vehículos pesados sobre rutas provinciales de La Rioja.
Actualmente, más de 600 unidades, entre camiones y camionetas, circulan de forma regular hacia el campamento Batidero, atravesando un corredor de 140 kilómetros que incluye Guandacol, Santa Elena, Zapallar, Las Cuevas y La Ciénaga, en los departamentos General Lamadrid y Coronel Felipe Varela.
Según el planteo de la provincia, este flujo se desarrolla sin la correspondiente autorización ambiental local.
En ese sentido, el fallo judicial advierte que dicho tránsito «entraña riesgos ambientales como afectación de suelos, de cursos de agua, de infraestructura vial, o la eventual circulación de sustancias peligrosas, todos ellos bienes colectivos cuya tutela corresponde a esta jurisdicción«.
El reclamo también se apoya en la ausencia de evaluación de impactos específicos.
Entre los puntos señalados, se destaca la falta de inclusión del glaciar El Potro en los estudios aprobados por San Juan y la negativa a realizar una evaluación ambiental conjunta entre ambas provincias.
Desde la interpretación jurídica del fallo, esto implica que la empresa carece de permisos válidos para operar en el tramo riojano.
La deuda social de Vicuña: empleo y desarrollo local
Más allá del aspecto ambiental, el conflicto tiene una dimensión social de larga data vinculada al empleo y al desarrollo regional. Autoridades riojanas sostienen que el uso intensivo de su territorio no ha derivado en beneficios proporcionales para las comunidades locales.
El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, sintetizó el reclamo: «Hace más de 15 años el acceso al proyecto es por La Rioja, por Guandacol. Se construyó desde ahí, se exploró desde ahí y hoy sigue ingresándose por ese lugar, con un movimiento de vehículos muy importante». Y agregó: «Ese impacto tiene que ser compensado con empleo, desarrollo de proveedores y obras para los municipios aledaños».
En la misma línea, el intendente de General Lamadrid, Luis Orqueda, expresó: «El proyecto pasa por nuestro territorio y usa nuestros caminos, pero nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. Hace más de 15 años que transitan por acá y venimos pidiendo trabajo para nuestra gente, pero fuimos postergados«.
Aunque unos 160 trabajadores riojanos participan actualmente en el proyecto, la cifra es considerada insuficiente frente a la magnitud de la operación.
La situación se complejiza al analizar el esquema de inversión presentado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde no se incluyó infraestructura clave como un derivador de tránsito en Guandacol, obra largamente reclamada para mitigar el impacto urbano.
Cobre, energía, transporte y una disputa de alcance federal
El conflicto suma además un capítulo energético. La Resolución N° 079/26 del ENRE otorgó al proyecto prioridad sobre el 90% de la capacidad disponible de la línea de alta tensión Nueva San Juan-Rodeo (500 kV) por 25 años, una decisión que generó resistencias en distintos actores del sector.
Empresas mineras como Los Azules, Casposo y Hualilán, junto con organismos regulatorios y municipios sanjuaninos, manifestaron su oposición.
La Rioja se alineó con ese rechazo, argumentando que «legalmente, no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo y excluyente sobre una obra que tiene naturaleza de bien público federal y que fue proyectada para la interconexión regional».
En paralelo, San Juan y la compañía avanzan en un acuerdo que será presentado en una audiencia pública convocada por el ENRE en las próximas semanas, en busca de destrabar la situación.
El frente judicial, sin embargo, aparece como el más inmediato y disruptivo. La posibilidad de que el caso escale hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación agrega una dimensión institucional que podría redefinir las reglas de juego para futuros desarrollos mineros.
Un caso testigo para la minería argentina
El episodio Vicuña expone con claridad los desafíos de coordinar grandes proyectos en contextos federales complejos.
Cuando la infraestructura se organiza en torno a un emprendimiento dominante, las tensiones por el uso del territorio, los recursos y los beneficios se vuelven inevitables.
Desde el gobierno riojano insisten en que las exigencias planteadas no difieren de las que cumplen otras empresas en la provincia, incluyendo operaciones vinculadas a Lundin a través de NGEX.
La posición oficial es contundente: el tamaño del proyecto no habilita excepciones regulatorias.
Con una inversión prevista de 800 millones de dólares para 2026 en tareas de ingeniería y el inicio de construcción proyectado para 2027, el desarrollo enfrenta ahora un punto de inflexión.
La paralización judicial no solo pone en riesgo los plazos, sino que también abre un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo minero en Argentina.
