El megaproyecto minero prevé iniciar obras en 2027 con foco en Josemaría, pero siguen los cuestionamientos por empleo, infraestructura y el esquema de desarrollo binacional.
El desarrollo del distrito minero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, atraviesa una etapa clave que combina definiciones técnicas, consolidación de activos y crecientes tensiones en el plano social. Esta semana, el CEO de la minera canadiense, Jack Lundin, confirmó que la compañía espera iniciar en el primer trimestre de 2027 la construcción de la fase 1.
De esta manera, el proyecto binacional completar su cronograma de trabajo y empieza a completar todos los pasos previos para empezar las obras. Ayer, Lunding cerró la compra de una participación adicional del 5% en SCM Minera Lumina Copper Chile, propietaria de la mina Caserones, lo que eleva su control sobre ese activo al 75%.
El avance del proyecto Vicuña empieza a mostrar una brecha cada vez más evidente entre el discurso de desarrollo y su impacto real en el territorio.
Esta operación no solo incrementa su presencia en el mercado del cobre, sino que también le permite sumar una producción anual atribuible estimada entre 6.500 y 7.000 toneladas del mineral. Con una inversión proyectada de gran escala y una hoja de ruta ya delineada, la iniciativa se posiciona como uno de los complejos cupríferos más relevantes a nivel global.
Sin embargo, su avance también expone desafíos estructurales vinculados al modelo de desarrollo y su impacto en La Rioja. De hecho, su avance ya comenzó a generar fricciones. En el departamento de General Lamadrid, comunidades y autoridades plantearon cuestionamientos por la escasa incorporación de mano de obra local.
A estas tensiones se suman reclamos institucionales vinculados al uso de infraestructura. Intendentes de la región advirtieron sobre el tránsito intensivo de vehículos pesados sin compensaciones adecuadas por el desgaste de rutas locales, e incluso mencionaron posibles irregularidades en materia de permisos.
Con el cronograma listo, Vicuña espera por el RIGI
La compañía confirmó que la construcción de la primera etapa comenzaría en el primer trimestre de 2027, con foco en el yacimiento Josemaría. Durante 2026, el presupuesto asignado rondará los 800 millones de dólares, destinados a tareas de ingeniería y preparación.
Esta fase inicial forma parte de un esquema más amplio que contempla una inversión total cercana a los 18.000 millones de dólares, distribuida en tres etapas sucesivas que buscan escalar la producción de manera progresiva.
El diseño técnico del proyecto, basado en el Integrated Technical Study difundido este año, plantea un desarrollo por fases que prioriza la generación temprana de flujo de caja. En ese esquema, Josemaría aparece como el activo más avanzado, mientras que Filo del Sol continúa en una etapa más incipiente.
La lógica financiera detrás del plan apunta a que la primera fase contribuya a financiar las siguientes, una estrategia que, si bien resulta habitual en proyectos de gran escala, también introduce riesgos asociados a la volatilidad de los mercados y a la ejecución operativa.
En paralelo, la iniciativa espera por los incentivos estatales para mejorar su viabilidad. La presentación al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) marca un punto relevante, ya que habilita beneficios fiscales y cambiarios de largo plazo, sin embargo el gobierno aún no dio el visto bueno.
Este aspecto no es menor: el atractivo del proyecto no solo descansa en su potencial geológico, sino también en un marco regulatorio que busca captar inversiones, aunque a costa de resignar recursos fiscales en el corto plazo.
Otro elemento central del esquema es su carácter binacional. La exportación del mineral se realizaría a través de puertos en Región de Atacama, lo que implica que una parte significativa del valor logístico y de la cadena de salida quedará del lado chileno.
Si bien esta decisión responde a criterios de eficiencia y disponibilidad de infraestructura, también abre interrogantes sobre el nivel de captura de valor que efectivamente quedará en Argentina, especialmente en términos de desarrollo industrial asociado.
En términos productivos, las proyecciones son ambiciosas, dado que el distrito podría alcanzar una producción promedio de unas 500.000 toneladas anuales de cobre durante su primera década, además de volúmenes relevantes de oro y plata. Estas cifras ubicarían a Vicuña entre los principales desarrollos mineros a nivel mundial, en un contexto donde la demanda de cobre crece.
No obstante, la magnitud del proyecto también amplifica las exigencias en materia ambiental, regulatoria y social, y es acá donde los poblemas para el mega desarrollo.
Se intensifica el conflicto
El avance del proyecto Vicuña empieza a mostrar una brecha cada vez más evidente entre el discurso de desarrollo y su impacto real en el territorio. En zonas como General Lamadrid, la promesa de empleo local no se traduce en contrataciones concretas, incluso después de programas de capacitación impulsados con ese objetivo.
Esta falta de resultados tangibles complica cada vez más la credibilidad de la empresa y deja en evidencia un esquema donde la generación de valor local parece quedar relegada. A esto se suma un modelo operativo que prioriza la eficiencia global por sobre la integración regional.
La decisión de exportar el mineral a través de Chile refuerza esa lógica: mientras la extracción se realiza en Argentina, buena parte de la cadena de valor logística y portuaria se desplaza fuera del país. Este enfoque, aunque rentable desde el punto de vista corporativo, profundiza la dependencia de infraestructura externa.
En el plano institucional, los cuestionamientos también crecen. Autoridades locales advierten sobre el uso intensivo de rutas sin compensaciones adecuadas y señalan posibles irregularidades en materia de permisos.
Finalmente, el encuadre del proyecto dentro del régimen de incentivos abre otro frente de debate. Los beneficios fiscales y cambiarios otorgados para atraer inversiones contrastan con los reclamos por falta de derrame económico en las comunidades cercanas. En ese equilibrio, Vicuña corre el riesgo de consolidarse como un enclave extractivo de gran escala, con fuerte proyección internacional pero escasa integración con el entramado productivo y social local.
La cuestión energética, otro reclamo pendiente
Además de las controversias con las contrataciones en La Rioja, el proyecto tiene otro frente abierto vinculado al manejo de la energía. Se trata del conflicto por el uso de la línea de 500 kV en San Juan que dejó al descubierto una disputa de fondo que va más allá de lo técnico.
El esquema inicial, que otorgaba prioridad a Vicuña sobre gran parte de la capacidad disponible, encendió alertas por su potencial para condicionar el desarrollo de otros proyectos. La reacción de La Rioja y de varias compañías mineras evidenció el rechazo a una lógica de concentración sobre una infraestructura clave.
Frente a ese escenario, comenzó a tomar forma una alternativa que busca descomprimir la tensión: que el excedente energético sea administrado por el Estado sanjuanino y no por una empresa. Aunque el cambio aparece como una corrección necesaria, también refleja que el diseño original favorecía de manera desproporcionada a un solo actor, sin contemplar adecuadamente el impacto regional.
El planteo de fondo tiene que ver con la posibilidad de que una compañía concentre capacidad en una línea estratégica no solo limita el acceso de terceros, sino que también condiciona la planificación productiva a largo plazo. En ese contexto, la intervención estatal surge más como una respuesta a un desequilibrio previo que como parte de una estrategia anticipada.
La definición final, que deberá pasar por audiencia pública, será determinante para el futuro del desarrollo minero en la región. Lo que está en juego no es solo el acceso a la energía, sino el modelo bajo el cual se distribuyen recursos críticos. El caso deja una señal clara: cuando la infraestructura se diseña en función de un proyecto dominante, el riesgo de exclusión y conflicto deja de ser potencial y pasa a ser inmediato.
