Por primera vez en años, el Gobierno nacional avanzó de manera concreta en un nuevo esquema de gestión vial que rompe con la tradición centralizada de la obra pública en rutas nacionales.
A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, la Casa Rosada habilitó a nueve provincias a licitar, administrar y explotar tramos de rutas nacionales mediante concesiones con peaje, bajo una delegación que el propio texto legal define como “funcional, limitada, temporal y revocable”.
La medida, que excluye por ahora a la mayoría de las jurisdicciones y deja fuera a la provincia de Buenos Aires, reconfigura el vínculo entre Nación y provincias en materia de infraestructura y abre una etapa de negociaciones finas, cautelas políticas y debates sobre el alcance real del federalismo en tiempos de ajuste fiscal y retracción de la obra pública.
Un cambio de paradigma en un contexto crítico
El decreto se inscribe en un escenario marcado por el deterioro acelerado de la red vial nacional, la paralización de obras financiadas por el Tesoro y la decisión del Gobierno libertario de reducir al mínimo la inversión pública directa.
Frente a ese panorama, el esquema de concesiones por peaje aparece como una vía alternativa para sostener el mantenimiento y, en algunos casos, la ampliación de corredores estratégicos.
Sin embargo, el paso no es neutro ni meramente técnico. Si bien la Nación conserva la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal, delega en los gobiernos provinciales la potestad de licitar, adjudicar y controlar contratos de largo plazo con operadores privados.
La medida reconfigura el vínculo entre Nación y provincias en materia de infraestructura y abre una etapa de negociaciones finas, cautelas políticas y debates
En la práctica, las provincias asumen costos políticos, responsabilidades operativas y el desafío de equilibrar tarifas, inversión y mantenimiento en un contexto económico restrictivo.
La reacción de las provincias al manejo de rutas: de la necesidad al desafío de gestión
Las provincias habilitadas por el decreto son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Todas ellas están gobernadas por mandatarios que mantienen, en mayor o menor medida, vínculos fluidos con la Casa Rosada, lo que refuerza la lectura política del recorte territorial de la medida.
Entre esos gobernadores predominó una reacción prudente. Hubo respaldo conceptual al mecanismo, pero también pedidos de precisiones y advertencias sobre los riesgos de asumir competencias sin reglas claras, plazos adecuados y garantías de sostenibilidad a largo plazo.
El caso de Santa Fe ilustra esa ambivalencia. El decreto habilita a la provincia a concesionar la autopista A012, una circunvalación clave de Rosario, de 67 kilómetros, utilizada intensamente por el transporte de cargas.
El gobernador Maximiliano Pullaro celebró el avance, pero rápidamente marcó límites. Advirtió que el decreto fija un plazo máximo de concesión, pero no uno mínimo, lo que podría derivar en cesiones cortas que desalienten inversiones estructurales.
Pullaro fue explícito: la provincia está dispuesta a invertir, incluso con una licitación ya preparada por casi 6.000 millones de pesos, pero exige seguridad jurídica y un horizonte de 30 años para justificar el esfuerzo financiero.
El posicionamiento del mandatario santafesino se explica también por el contexto local. Desde mediados del año pasado, la provincia colocó carteles en rutas nacionales deterioradas —como la Ruta 9 y la Ruta 33— para deslindar responsabilidades y visibilizar el abandono por parte de Vialidad Nacional. La A012 aparece así como un primer paso, pero no agota las demandas provinciales.
Córdoba: Ruta 19, un corredor estratégico
En Córdoba, el decreto alcanza a la Ruta Nacional 19, que conecta San Francisco, en el límite con Santa Fe, con la capital provincial. Se trata de un corredor productivo clave, con alto tránsito y obras largamente reclamadas.
El gobierno de Martín Llaryora observa la concesión como una oportunidad para destrabar inversiones y mejorar una vía central para la logística regional.
No obstante, al igual que otros gobernadores, evita definiciones públicas contundentes hasta conocer cómo se estructurará el reparto de riesgos entre el Estado provincial, la Nación y el concesionario privado.
San Luis y Mendoza: la disputa por la Ruta 7
En San Luis, el gobernador Claudio Poggi puso el foco en la Ruta Nacional 7, eje del corredor bioceánico y una de las trazas más transitadas del país. Aunque la ruta ya cuenta con peaje, la actual concesión vence en tres años.
La provincia busca ahora una extensión de entre 25 y 30 años, con posibilidad de lanzar una licitación internacional que permita encarar obras de fondo.
En todos los casos, se trata de trazas fundamentales para la minería, el comercio regional y la integración bioceánica.
Mendoza, por su parte, también quedó habilitada para concesionar la Ruta 7, pero suma además las Rutas Nacionales 40 y 143. La RN 40 atraviesa la provincia de norte a sur a lo largo de 610 kilómetros y constituye no solo un corredor productivo y turístico, sino un símbolo vial del país.
Su concesión plantea desafíos particulares por su extensión, diversidad geográfica y volumen de tránsito heterogéneo.
San Juan: las rutas de la minería
San Juan es una de las provincias con mayor cantidad de rutas incluidas en el esquema. El decreto habilita la concesión de las Rutas Nacionales 40, 20 y 150.
La RN 150 recorre 293 kilómetros desde el límite con La Rioja hasta el paso internacional de Agua Negra y es clave para el vínculo con Chile. La RN 20, con 166 kilómetros, conecta la capital sanjuanina con San Luis.
En todos los casos, se trata de trazas fundamentales para la minería, el comercio regional y la integración bioceánica.
Río Negro: apoyo político y cautela técnica
Río Negro podrá concesionar tramos de las Rutas Nacionales 22 y 151. El gobernador Alberto Weretilneck valoró la decisión como un quiebre frente al “abandono histórico” de las rutas del interior y destacó que la provincia logró recuperar poder de decisión.
Sin embargo, el propio mandatario remarcó la complejidad técnica del proceso: contratos vigentes, diseños inconclusos, tránsito pesado y segmentos sin definir obligan, según advirtió, a actuar con extrema precaución para no asumir compromisos inviables.
Neuquén: peaje y pesaje como política vial
Neuquén quedó habilitada para avanzar sobre las Rutas Nacionales 22 y 242. El gobernador Rolando Figueroa precisó que la RN 242 corresponde al paso internacional Pino Hachado, mientras que el tramo de la RN 22 va desde el ingreso desde Río Negro a la capital neuquina hasta Arroyito.
Figueroa fue claro en el enfoque: además de peajes, se instalarán balanzas para camiones, con el objetivo de evitar la destrucción prematura de las calzadas por sobrepeso, una demanda histórica de la provincia.
Santa Cruz: un tramo acotado pero sensible
En Santa Cruz, la concesión abarcará unos 53 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre el límite con Chubut y Caleta Olivia. El plan incluye no solo peajes, sino también balanzas, control fitosanitario y facultades amplias de gestión.
Aunque se trata de un tramo relativamente corto, su importancia económica y logística es significativa, en una provincia con extensas distancias y fuerte dependencia de la red vial.
Corrientes: expectativas, pero sin definiciones
Corrientes es la gran incógnita del esquema. El decreto la incluye, pero Nación aún no precisó qué rutas serán concesionadas. El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que la provincia gestionó activamente su incorporación y adelantó que busca administrar la Ruta Nacional 12 y la 14, especialmente el tramo de 260 kilómetros entre Paso de los Libres y Gobernador Virasoro, vital para la industria forestal y yerbatera.
Además, Corrientes pretende sumar las Rutas 118 y 120, que articulan la red interna y refuerzan la conectividad productiva.
Exclusiones, tensiones y el caso Buenos Aires
La decisión de limitar la medida a nueve provincias generó tensiones políticas. La exclusión de la provincia de Buenos Aires generó sorpresa, dada la cantidad de rutas y la necesidad de su mantenimiento.
El propio decreto, no obstante, invita a las provincias no incluidas a solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior, dejando abierta una negociación futura.
Un federalismo en redefinición
El esquema redefine el equilibrio entre Nación y provincias. Para algunos analistas, implica un federalismo más activo, con distritos que asumen un rol protagónico frente al repliegue nacional. Para otros, abre el riesgo de una gestión fragmentada, con desigualdades tarifarias y capacidades dispares entre jurisdicciones.
El impacto final dependerá de variables aún abiertas: duración de las concesiones, atractivo para inversores privados, nivel de tarifas, control estatal y coordinación interjurisdiccional. Por ahora, el decreto marca un punto de inflexión. Las rutas, históricamente símbolo del abandono federal, se convierten en el nuevo eje de una negociación política, económica y territorial que recién empieza.
