La minera apartó a la UTE encargada de construir unos 50 kilómetros de la ruta que conecta a la mina. El futuro de la infraestructura entra en revisión en un escenario atravesado por conflictos sociales y ambientales.
El proyecto Vicuña sumó un nuevo capítulo en su desarrollo que ya viene cargado de controversias. Esta vez la problemática se vincula a la ejecución de una de sus obras logísticas clave.
La compañía decidió apartar a la unión transitoria de empresas encargada de dos tramos del llamado “Corredor Norte”, un movimiento que vuelve a poner el foco sobre los reclamos que recibió la minera por la falta de contratación de mano de obra local y abre más cuestionamientos sobre la capacidad de gestión y ejecución del mega desarrollo.
La salida de los contratistas en este momento sugiere que la planificación inicial no logró sostenerse en la práctica.
La decisión afecta a los segmentos más exigentes del trazado que promete agilizar el traslado de insumos y el movimiento de las onzas de cobre. Los trabajos suspendidos deben realizarse en plena cordillera sanjuanina y son fundamentales para conectar la zona de La Majadita con el campamento Batidero.
Se trata de unos 50 kilómetros atravesados por condiciones extremas, donde las dificultades técnicas elevan tanto los costos como los riesgos operativos. Desde la empresa evitaron confirmar incumplimientos de manera explícita, pero el argumento de la necesidad de “mayor previsibilidad en los tiempos” deja entrever problemas en la ejecución.
Cambio de constructora en un momento crítico
La firma sanjuanina Terusi y la puntana Semisa habían conformado una UTE, que resultó adjudicada para la obra hace apenas un año. La salida de los contratistas en este momento sugiere que la planificación inicial no logró sostenerse en la práctica, un punto sensible en proyectos de esta escala.
“Los trabajos en los tramos E-F del Corredor Norte estaban previstos para interrumpirse hacia fines de abril, en línea con el inicio del Operativo Invierno, período en el que muchas actividades se restringen por condiciones climáticas”, explicaron desde Vicuña, pero lo concreto es que buscarán nuevas constructoras
Asimismo, señalaron que “los trabajos se retomarán cuando las condiciones lo permitan, con contratistas que serán definidos conforme a los procesos habituales de la compañía. En función de los análisis realizados, se identificó que para la próxima etapa era necesario ajustar el esquema de ejecución, para asegurar mayor previsibilidad en los tiempos y consistencia en la ejecución”.
Sin embargo, más allá de la estacionalidad, la decisión de redefinir el esquema de ejecución introduce incertidumbre sobre los plazos reales del proyecto, en un contexto donde cada retraso tiene impacto financiero y estratégico.
El Corredor Norte no es una obra secundaria. Con más de 170 kilómetros de extensión, constituye la columna vertebral logística para los desarrollos de Josemaría y Filo del Sol. Sin esta infraestructura, el despliegue operativo del distrito pierde viabilidad, lo que amplifica la relevancia de cualquier contratiempo en su construcción.
Este episodio se suma a una serie de tensiones que ya venían marcando el avance del proyecto. Desde cuestionamientos por la falta de empleo local hasta disputas por el uso de infraestructura energética, Vicuña enfrenta un escenario donde los desafíos no se limitan a lo técnico, sino que también abarcan lo social e institucional.
En ese sentido, cabe señalar que los tramos afectados generaban cerca de 100 empleos directos y 20 indirectos, cuya continuidad ahora queda sujeta a la redefinición de la obra. En un contexto donde ya existen reclamos por la escasa incorporación de mano de obra local, esta situación agrega un nuevo foco de incertidumbre.
El fallo que suspendió a Vicuña
En paralelo al tema de la ruta, un fallo judicial emitido en La Rioja puso en pausa al proyecto y encendió alertas en toda la industria. La resolución ordena suspender por 30 días las actividades del proyecto Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining, e incluye la instalación de retenes policiales para impedir el tránsito de equipos vinculados a la operación.
La medida no tiene antecedentes recientes por su alcance y se produce en un momento clave para el desarrollo del cobre en la Argentina. La decisión, firmada por la jueza María Greta Decker el 16 de abril de 2026, profundiza además el conflicto entre las provincias de La Rioja y San Juan.
Si bien el yacimiento se ubica en territorio sanjuanino, el acceso logístico histórico se realiza a través de suelo riojano, lo que genera una superposición de competencias y tensiones sobre el control de la actividad. En términos operativos, la suspensión impacta directamente sobre el cronograma de obras del emprendimiento, considerado estratégico para el crecimiento del sector cuprífero.
Sin embargo, el conflicto no se limita a lo productivo, también expone una deuda social vinculada al desarrollo regional, ya que desde La Rioja sostienen que el uso de su territorio no se tradujo en beneficios concretos para las comunidades locales.
El eje de la disputa combina aspectos territoriales, ambientales y logísticos. Actualmente, más de 600 vehículos circulan regularmente hacia el campamento minero a través de un corredor de 140 kilómetros en territorio riojano.
Desde el punto de vista jurídico, el fallo plantea que la empresa carece de permisos válidos para operar en el tramo riojano, al tiempo que cuestiona la falta de evaluaciones de impacto ambiental específicas y la ausencia de un análisis conjunto entre ambas provincias. Este escenario otra complejidad para el proyecto: la coordinación interjurisdiccional y las reglas de operación en territorios compartidos.
La advertencia del CEO de Vicuña: «si no hay aprobación, no habrá puestos de trabajo»
El fallo judicial que frenó el tránsito minero en La Rioja también provocó una dura reacción desde la conducción del proyecto Vicuña. José Morea, country director de la iniciativa y presidente de la Cámara Minera de San Juan, advirtió sobre el impacto directo en el clima de inversiones que puede tener este tipo de situaciones.
El directivo cuestionó además la forma en que se implementó la medida, al señalar que la empresa no fue notificada formalmente. “Nos enteramos por los medios como el resto”, afirmó, al tiempo que confirmó la presencia de controles policiales que impiden el paso de vehículos, afectando la logística del proyecto e incluso a otras compañías del sector.
Ante este escenario, la operación debió reorganizarse mediante un corredor alternativo en San Juan, lo que implica mayores costos y dificultades. En paralelo, Morea rechazó los cuestionamientos ambientales y los encuadró como una disputa legal. “Son discusiones legales” que deberán resolverse en otro ámbito, afirmó, y aseguró: “Estamos convencidos de estar 100% alineados con la regulación vigente”.
Por último, el ejecutivo dejó entrever que podría haber consecuencias concretas sobre uno de los temas que más controversia generó: el empleo local. El CEO puntualizó que existen inversiones en marcha vinculadas a proveedores locales y proyectos de infraestructura, pero que “si no hay aprobación, difícilmente se creen esos puestos de trabajo”.
