La Legislatura aprobó una ley que obliga a las futuras operadoras de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila a pagar el equivalente al 1% de su facturación eléctrica. Los fondos se destinarán a obras e infraestructura hídrica en la provincia.
La Legislatura de Río Negro aprobó la ley que establece un canon por el uso del agua en las represas hidroeléctricas emplazadas sobre el río Limay, una herramienta que permitirá cobrar una retribución específica a las empresas que operen esos complejos de generación eléctrica.
La iniciativa se inscribe en el proceso de redefinición de las concesiones hidroeléctricas del Comahue, donde se encuentran centrales clave para el sistema energético nacional, como Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila.
La norma también habilita la posibilidad de que el canon pueda cobrarse parcialmente en especie. Esa alternativa abre la puerta a que la empresa provincial EDHIPSA participe en la comercialización de energía.
En ese contexto, el gobierno encabezado por Alberto Weretilneck busca consolidar un esquema que reconozca económicamente el aprovechamiento de un recurso natural que se encuentra bajo jurisdicción provincial.
La propuesta se apoya en el principio incorporado por la reforma constitucional de 1994, que otorgó a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en sus territorios.
Bajo ese criterio, la administración rionegrina sostiene que corresponde percibir una compensación adicional por el uso del agua destinada a la generación de energía.
Un ingreso adicional a las regalías
La nueva normativa establece que las futuras operadoras de las centrales hidroeléctricas deberán abonar un monto equivalente al 1% de la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Ese ingreso se sumará a las regalías hidroeléctricas que actualmente recibe la provincia.
Desde el oficialismo provincial destacan que se trata de una figura distinta a las concesiones nacionales de las represas.
El argumento central es que Río Negro no interviene sobre la operación de las centrales ni modifica los contratos de generación eléctrica, sino que regula la utilización del recurso hídrico provincial que hace posible esa actividad.
La ley contempla además que la Secretaría de Estado de Ambiente y Energía sea la autoridad encargada de controlar y fiscalizar la correcta liquidación de los montos correspondientes al canon.
Según estimaciones oficiales, la aplicación del nuevo esquema podría representar un incremento significativo de los recursos asociados a la actividad hidroeléctrica.
Si bien el monto final dependerá de los niveles de generación y de la evolución de los precios de la energía, desde el gobierno provincial señalan que la recaudación potencial podría ubicarse en torno a los 40 millones de dólares anuales.
El debate por la renta de los recursos naturales
Para Río Negro, la creación del canon representa una oportunidad para actualizar los mecanismos de participación económica sobre una actividad que desde hace décadas constituye uno de los pilares del sistema eléctrico argentino.
En paralelo, el gobierno provincial busca fortalecer su rol dentro de la administración y control de los recursos hídricos, aprovechando la instancia de renegociación de las concesiones hidroeléctricas del Comahue.
Las centrales ubicadas sobre el Limay aportan aproximadamente una cuarta parte de la generación hidroeléctrica nacional, lo que convierte a la región en un activo estratégico para el abastecimiento energético del país.
La norma también habilita la posibilidad de que el canon pueda cobrarse parcialmente en especie.
Esa alternativa abre la puerta a que la empresa provincial EDHIPSA participe en la comercialización de energía, un aspecto que el Ejecutivo considera relevante para fortalecer herramientas de política energética propias.
Impacto sobre la minería y otros sectores productivos
Uno de los interrogantes que surgió durante la discusión del proyecto fue si la medida podría generar efectos sobre otras actividades económicas, especialmente la minería, que atraviesa un proceso de expansión en distintas regiones del país.
Sin embargo, el alcance del canon está dirigido exclusivamente a las empresas concesionarias de las represas hidroeléctricas y no a los usuarios finales de la electricidad. Por esa razón, no implica la creación de un nuevo tributo para los proyectos mineros ni para otras industrias que consumen energía.
En el corto plazo, el impacto sobre las operaciones mineras resulta prácticamente inexistente. No obstante, algunos especialistas consideran que el antecedente puede cobrar relevancia en futuras discusiones vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales y a los mecanismos mediante los cuales las provincias buscan capturar una mayor porción de la renta generada en sus territorios.
