El conflicto desatado por el decreto 609 mantiene los puertos paralizados. Mientras el sector agroexportador reclama una solución urgente, los profesionales esperan una decisión del gobierno nacional.
Tras la intimación pública de Prefectura Naval Argentina, el conflicto entre los prácticos y el gobierno nacional continuó sin cambios durante este martes, con la navegación paralizada en todo el país.
Los profesionales del practicaje manifestaron una vez más su rechazo al decreto, advirtiendo sobre una suba de costos de seguros y el peligro de la navegación sin seguridad operativa.
“El gobierno considera que el costo logístico que implica este servicio afecta la competitividad de los productores del país o el bolsillo de los consumidores, y quiere bajarle ese costo”, afirmó el capitán John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje.
“Pero, en vez de atender este punto, el económico, lo que hacen es romper todo el sistema”, aseguró.
El especialista destacó el esfuerzo y capacitación técnica necesaria para trabajar en el sector, actualmente integrado por cerca de 500 profesionales.
“Uno se convierte en práctico luego de un trabajo o sacrificio de muchos años”, señalando que primero se debe ser navegante y ascender hasta capitán, y recién desde ese momento comienza el proceso para poder convertirse en práctico.
El conocimiento del río es una especialización muy exclusiva y lleva muchísimos años. Esto es como las horas de vuelo para ser piloto. El practicaje y los baquianos requieren esa misma experiencia
Ryan también puso el foco sobre la responsabilidad de los profesionales para garantizar una navegación segura, considerando las exigencias que presentan diversas maniobras en los ríos de nuestro país.
“Somos los especialistas que hacemos que todo el sistema de navegación sea eficiente. Cualquier inconveniente significa cientos de miles de dólares y nuestra tarea es de altísima responsabilidad”, afirmó en declaraciones al sitio Bichos de Campo.
En ese marco, reafirmó la postura de otras cámaras y asociaciones que representan a los prácticos, al señalar que el conflicto podría destrabarse si el gobierno suspendiera el decreto 609. “Todo depende del gobierno, no está de nuestro lado”, resumió.
El gobierno advierte con sanciones a los prácticos
Por su parte, el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó la medida y descartó cualquier marcha atrás. “Esto es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial ¿Va a tener esto sanciones? Seguramente”, aseguró en su conferencia de prensa semanal.
El funcionario remarcó que “es muy importante para que los costos logísticos bajen, y por supuesto hay personas que operaban en ese mercado que ante la entrada de competidores plantean este reclamo y eventualmente hacen este paro que perjudica la logística”.
También se defendió la iniciativa gubernamental desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que consideró que “esta coyuntura crítica evidencia la necesidad impostergable de adecuar, modernizar y desregular el sistema de practicaje en nuestro país en línea con lo propuesto por el Gobierno nacional”.
Agroexportadores piden una solución, aunque destacan la baja de costos
Mientras se dirime el conflicto, el sector agroexportador subrayó la urgencia para lograr una solución que reactive la navegación.
“Entendemos y compartimos lo que el gobierno propone de desregular, transparentar y facilitar. Es el momento de que, con el decreto implementado, llame a la mesa a los prácticos y busquen una agenda de trabajo con la condición de que vuelvan a trabajar a partir del día de hoy” aseguró Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).
El dirigente destacó la calidad técnica que poseen los prácticos argentinos, al manifestar que “el conocimiento del río es una especialización muy exclusiva y lleva muchísimos años. Esto es como las horas de vuelo para ser piloto. El practicaje y los baquianos requieren esa misma experiencia”, comparó.
Y, si bien destacó el objetivo del decreto 609, planteó reparos sobre la falta de una transición: “la forma de avanzar en una desregulación justamente me parece que es publicar los cambios con ciertos plazos y tiempos que permitan ir adaptándose a esa transición. Esto es como la seguridad aérea. Acá estamos hablando de la seguridad fluvial y marítima”, explicó.
En ese marco, enumeró las complicaciones que genera la falta de navegación para el sector: “La capacidad de almacenamiento y recepción de camiones se va a ir ralentizando y probablemente se empiece a suspender. Es decir que aguas abajo y aguas arriba toda la cadena de valor va a estar afectada: el productor agropecuario, el transportista, la acopiadora, la cooperativa”.
