El reclamo comenzó tras la publicación del nuevo régimen de practicaje y pilotaje, y se tradujo en una reducción del servicio. De acuerdo a la nueva normativa Prefectura y Armada tomarían los servicios.
La entrada en vigencia del Decreto 609/2026 abrió un conflicto en la navegación argentina. En rechazo a la desregulación del régimen de practicaje y pilotaje, las cámaras que representan a prácticos, pilotos y baqueanos anunciaron una reducción de los servicios.
La medida comenzó a impactar durante el domingo sobre la operatoria de ingreso y salida de buques en distintos corredores navegables. Frente a ese escenario, la Prefectura Naval Argentina envió intimaciones a los profesionales para que retomen la prestación del servicio, al considerar que se trata de una actividad pública regulada cuya interrupción puede afectar la navegación.
El Decreto 609/2026 reemplaza buena parte del reglamento que regía la actividad desde hace 34 años.
En paralelo, el Gobierno, con participación de la Armada Argentina, avanzó en un esquema para garantizar una dotación mínima que permita sostener las maniobras esenciales mientras continúa el conflicto.
El reclamo surgió apenas se conoció el decreto firmado por el presidente Javier Milei, que modifica el reglamento vigente desde hace más de tres décadas.
Desde el sector cuestionan el alcance de la reforma y sostienen que algunos de los cambios afectan aspectos centrales de la actividad, mientras que el Ejecutivo argumenta que las nuevas reglas buscan eliminar restricciones, fomentar la competencia y reducir los costos de la navegación.
Qué cambia con el nuevo régimen de practicaje
El Decreto 609/2026 reemplaza buena parte del reglamento que regía la actividad desde hace 34 años.
En sus fundamentos, el Gobierno sostiene que la normativa vigente había quedado desactualizada frente a los avances tecnológicos aplicados a la navegación y que contenía exigencias que actuaban como barreras para la incorporación de nuevos prestadores.
En ese sentido, uno de los objetivos centrales de la reforma es reducir los costos asociados al practicaje, un servicio que el propio decreto define como público y esencial para la seguridad de la navegación. Según el Ejecutivo, el régimen anterior generaba restricciones que terminaban encareciendo el transporte marítimo y fluvial sin una mejora proporcional en materia de seguridad.
Entre los principales cambios figura la liberalización del transporte de los prácticos hacia los buques. Hasta ahora, ese traslado era organizado por los propios profesionales. Con el nuevo esquema,podrá ser contratado libremente por los usuarios o por terceros.
La norma también fortalece las facultades de la Prefectura Naval Argentina para garantizar la continuidad del servicio. En caso de no haber prácticos disponibles, el organismo podrá prestar directamente el servicio o habilitar a capitanes para realizar esas tareas en situaciones determinadas.
Otro de los cambios relevantes alcanza al esquema tarifario. A partir de ahora será la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la encargada de establecer los valores del practicaje. Además, el decreto prohíbe cobrar adicionales por maniobras específicas, como atraques o fondeos.
El punto que mayor rechazo despertó dentro del sector es la posibilidad de que determinados capitanes prescindan del práctico.
La nueva normativa permite que quienes acrediten experiencia suficiente en un mismo trayecto —con un mínimo de diez viajes de ida y diez de regreso durante los últimos tres años, de los cuales al menos tres deberán haberse realizado en el último año— puedan navegar sin contratar ese servicio. En el caso de oficiales que no hablen español, deberán acreditar conocimientos de inglés.
Finalmente, el decreto también transfiere a la Prefectura Naval Argentina la certificación y habilitación de prácticos y baqueanos, una función que hasta ahora ejercía la Armada Argentina. El traspaso tendrá un período de adecuación de 180 días para coordinar la transición entre ambos organismos.
