El proyecto contempla 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, una estación transformadora y sistemas de compensación para incorporar unos 2.000 MW de capacidad. Es la primera de 16 obras previstas a nivel nacional y será financiada y ejecutada con participación privada.
La Secretaría de Energía puso en marcha la convocatoria para ampliar la infraestructura de transporte eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mediante un esquema que busca atraer capital privado nacional e internacional.
El primer proyecto, denominado AMBA I, demandará una inversión estimada en USD 800 millones y forma parte de un programa más amplio de 16 obras consideradas prioritarias para fortalecer la seguridad del sistema.
La necesidad de avanzar con estas obras está vinculada al desbalance acumulado entre el crecimiento del consumo y la expansión de la red.
La convocatoria habilita a empresas privadas a financiar, construir, operar y mantener infraestructura considerada crítica, sin que la ejecución dependa de partidas presupuestarias nacionales.
En la última década, la demanda residencial de electricidad aumentó 20%, mientras que la infraestructura de transporte de alta tensión avanzó apenas 8%.
La diferencia dejó al sistema metropolitano con márgenes cada vez más reducidos para afrontar los períodos de mayor consumo.
Una red que opera cerca de su límite
El AMBA concentra alrededor del 40% de la demanda eléctrica argentina, por lo que cualquier restricción en su infraestructura tiene una incidencia significativa sobre el funcionamiento general del sistema.
La capacidad disponible para transportar energía hacia hogares, comercios e industrias se encuentra actualmente sometida a una elevada exigencia.
El problema adquiere especial relevancia durante el verano, cuando las temperaturas elevan el uso de equipos de climatización y llevan el consumo a sus niveles máximos. En esas condiciones, la saturación de determinados corredores puede generar restricciones para atender la demanda y aumentar el riesgo de que se superen los límites técnicos de operación.
AMBA I fue diseñado para ampliar ese margen de seguridad. El proyecto incluye unos 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en niveles de tensión de 500 kV, 220 kV y 132 kV.
También contempla la construcción de una nueva Estación Transformadora en Plomer, con transformación de 500/220/132 kV, además de sistemas de compensación reactiva STATCOM y otras instalaciones destinadas a vincular la nueva infraestructura con las distribuidoras metropolitanas.
De acuerdo con la planificación oficial, las obras permitirán incorporar aproximadamente 2.000 MW de capacidad adicional al sistema eléctrico.
Un programa de USD 6.600 millones
La licitación de AMBA I representa el primer paso de un plan que contempla 16 iniciativas estratégicas para ampliar el transporte eléctrico en distintas regiones del país. En conjunto, el programa prevé inversiones superiores a USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV.
La estrategia oficial apunta a recomponer una infraestructura que acumuló necesidades de inversión durante años y que ahora enfrenta el desafío de acompañar el crecimiento de la demanda.
En ese contexto, el transporte eléctrico aparece como un eslabón crítico: no alcanza con aumentar la generación si la energía disponible no puede trasladarse hasta los principales centros de consumo.
El nuevo esquema también modifica la participación prevista para el Estado en este tipo de proyectos. La convocatoria habilita a empresas privadas a financiar, construir, operar y mantener infraestructura considerada crítica, sin que la ejecución dependa de partidas presupuestarias nacionales.
Garantías e incentivos para atraer inversiones
Para reducir los riesgos asociados al financiamiento, el Gobierno incorporó herramientas destinadas a mejorar las condiciones para los potenciales oferentes. Una de ellas es una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya estructuración se encuentra actualmente en proceso.
El proyecto también podrá acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), siempre que el adjudicatario solicite su incorporación y cumpla con los requisitos establecidos. El objetivo es ofrecer un marco de mayor previsibilidad y estabilidad para inversiones de largo plazo en infraestructura.
El modelo supone un cambio frente al mecanismo tradicional de construcción de redes eléctricas, históricamente sostenido mediante recursos públicos o endeudamiento soberano.
En este caso, el riesgo de ejecución recaería sobre los inversores, que a cambio tendrán a su cargo la operación y el mantenimiento de los activos durante el período establecido en el contrato de concesión.
Licitación y construcción
El proceso licitatorio establece como próximo hito la presentación y apertura del Sobre N° 1, correspondiente a la documentación técnica y financiera de los participantes. Esa instancia está prevista para la primera quincena de diciembre de 2026, aproximadamente 120 días corridos después de la publicación oficial de la convocatoria.
Luego se realizará la evaluación de los oferentes y se avanzará con la apertura del Sobre N° 2, que contendrá las propuestas económicas. La adjudicación está proyectada para comienzos de 2027, mientras que la firma del contrato de concesión se concretaría en los meses siguientes.
Una vez formalizado el acuerdo, el plazo máximo previsto para completar AMBA I será de 52 meses, dividido en dos etapas.
