Fraude, conexiones clandestinas y manipulación de medidores explican una parte importante de la energía que las distribuidoras entregan, pero no logran cobrar. Un informe advierte que el problema genera pérdidas millonarias y mantiene al país por encima de los estándares internacionales.
Más de uno de cada siete kilovatios hora que se consumen en Argentina nunca llega a transformarse en una factura, principalmente a causa de los «colgados de la luz».
Según un estudio elaborado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida en el país no es efectivamente cobrada por las empresas prestadoras.
El relevamiento, que analizó información de 26 países y 37 distribuidoras, ubica a Argentina en una posición intermedia. Perú aparece entre los casos más eficientes, mientras que Paraguay exhibe pérdidas cercanas al 25%. Los escenarios más complejos corresponden a Venezuela, Honduras y Jamaica.
La mayor parte de ese volumen corresponde a las denominadas pérdidas no técnicas, una categoría que incluye conexiones ilegales, adulteración de medidores, fraudes comerciales y otras irregularidades que impiden registrar correctamente el consumo.
El fenómeno no es exclusivo de Argentina. Sin embargo, los porcentajes relevados se ubican ligeramente por encima del promedio latinoamericano y muy lejos de los niveles que exhiben los países desarrollados.
Un problema millonario para la región
El informe, titulado «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe», estima que la energía distribuida y no facturada genera pérdidas anuales cercanas a los 16.600 millones de dólares en América Latina.
Los especialistas calculan que el impacto económico equivale a entre 0,19% y 0,33% del Producto Bruto Interno regional, una magnitud que convierte a este fenómeno en uno de los principales desafíos financieros para las empresas distribuidoras.
Pero las consecuencias no terminan allí. Cuando una parte relevante del consumo permanece fuera de los mecanismos de cobro, el sistema pierde recursos para mantenimiento, ampliación de redes e inversiones tecnológicas. En muchos casos, además, esos desequilibrios terminan trasladándose indirectamente al conjunto de los usuarios.
«Las pérdidas de electricidad constituyen uno de los desafíos estructurales más persistentes y de mayor impacto financiero en los sistemas eléctricos de América Latina y el Caribe», sostiene el estudio.
Colgados de la luz, por encima de la media internacional
Los valores observados en Argentina contrastan con las referencias utilizadas por los países más desarrollados.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera aceptable que las pérdidas totales de energía —incluyendo tanto las técnicas como las comerciales— no superen el 10%.
En la práctica, muchas economías avanzadas logran mantenerse cerca del 6%, menos de la mitad de los registros observados actualmente en buena parte de América Latina.
El relevamiento, que analizó información de 26 países y 37 distribuidoras, ubica a Argentina en una posición intermedia.
Perú aparece entre los casos más eficientes, mientras que Paraguay exhibe pérdidas cercanas al 25%. Los escenarios más complejos corresponden a Venezuela, Honduras y Jamaica.
Tecnología y regularización para reducir el fraude
Frente a este escenario, varias distribuidoras argentinas comenzaron a profundizar estrategias orientadas a disminuir el consumo irregular.
El estudio destaca experiencias desarrolladas por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que impulsaron programas de regularización en barrios populares mediante obras de infraestructura, formalización de usuarios y acciones de capacitación comunitaria.
A la par, las compañías avanzan en la incorporación de herramientas tecnológicas como sistemas de telemedición, monitoreo remoto, geolocalización de redes e inspecciones digitalizadas para detectar anomalías con mayor rapidez.
Los autores concluyen que la combinación entre controles más eficientes, modernización tecnológica e inclusión social constituye una de las estrategias más efectivas para atacar una problemática que continúa drenando recursos y condicionando el funcionamiento de los sistemas eléctricos en toda la región.
