La disputa entre el gobierno provincial y Newmont se profundizó luego de que las autoridades tuvieron que recurrir a la Justicia para garantizar el ingreso de inspectores al yacimiento de oro, donde según informaron luego, detectaron varias irregularidades.
La relación entre el Gobierno de Santa Cruz y la minera Newmont se tensó en los últimos días a raíz de un conflicto por el ingreso de inspectores a la mina Cerro Negro.
La provincia recurrió a la Justicia luego de denunciar que los accesos al complejo habían sido cerrados con candados, una situación que impedía continuar con las tareas de fiscalización.
La medida judicial permitió finalmente que los funcionarios provinciales ingresaran al establecimiento para realizar controles laborales y de seguridad.
Participaron más de veinte agentes provinciales y las verificaciones derivaron en seis ceses preventivos de tareas en distintos sectores del complejo, entre ellos áreas bajo mina, plantas y laboratorios.
El conflicto podría tener este lunes una instancia decisiva. Funcionarios provinciales y representantes de Newmont podrían reunirse para evaluar el escenario tras las inspecciones y analizar las condiciones necesarias para normalizar las actividades.
Según aclararon desde Santa Cruz, no se trató de un allanamiento penal vinculado con una investigación criminal, sino de una orden destinada a garantizar el desarrollo de un procedimiento administrativo.
El operativo de inspección había comenzado el 9 de septiembre y fue planificado para extenderse entre 72 y 96 horas.
Los problemas que detectaron en la mina Cerro Negro
Las medidas dispuestas por la Secretaría de Trabajo no implican una clausura general de Cerro Negro. Se trata de suspensiones focalizadas sobre actividades determinadas, que permanecerán vigentes hasta que se subsanen las observaciones efectuadas por los inspectores.
Entre los principales señalamientos aparecen vehículos que no tendrían las habilitaciones correspondientes, deficiencias relacionadas con el traslado de combustibles y sustancias peligrosas y problemas en equipos utilizados para la medición de gases.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue informado por el secretario de Trabajo santacruceño, Javier Aravena, quien señaló que durante las tareas se verificó una situación que podría estar vinculada con un derrame de cianuro.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron un informe técnico completo que permita dimensionar cada una de las irregularidades detectadas. Tampoco se había conocido públicamente una respuesta específica de Newmont frente a los cuestionamientos.
Por eso, el alcance definitivo de las observaciones dependerá de las actas elaboradas durante el procedimiento y de las presentaciones que realice la compañía.
Negociaciones con Newmont para bajar la tensión
El conflicto podría tener este lunes una instancia decisiva. Funcionarios provinciales y representantes de Newmont podrían reunirse para evaluar el escenario generado por las inspecciones y analizar las condiciones necesarias para normalizar las actividades.
Según información publicada por La Opinión Austral, tampoco se descarta un encuentro con el gobernador Claudio Vidal.
La posibilidad de una reunión política y empresarial adquiere relevancia en un contexto en el que la Provincia viene reclamando respuestas sobre seguridad, contratación de personal y participación de trabajadores locales.
Los controles de septiembre, de hecho, se inscriben en un proceso previo. Durante 2026, Santa Cruz ya había realizado inspecciones y solicitado correcciones, mientras que organizaciones gremiales habían planteado reclamos sobre las condiciones laborales, las empresas contratistas y la necesidad de contar con responsables de Newmont con capacidad efectiva para tomar decisiones en la provincia.
El antecedente más sensible se remonta a abril de 2024, cuando dos trabajadores murieron mientras realizaban tareas en Cerro Negro. En aquel momento, la compañía confirmó los fallecimientos, suspendió las actividades e inició una investigación para determinar las circunstancias de ambos hechos.
Inversiones que avanzan en paralelo
La disputa ocurre mientras Newmont impulsa nuevos proyectos para sostener la producción y extender el horizonte operativo de Cerro Negro. En febrero, la compañía presentó junto con el Gobierno provincial Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), un programa que contempla una inversión cercana a los US$800 millones durante seis años.
La iniciativa incluye más de 30 obras, tanto en superficie como en interior mina, y apunta a prolongar la vida útil del yacimiento más allá de 2035.
Durante su ejecución se prevé además la creación de unas 270 posiciones laborales, con énfasis en trabajadores y contratistas de Santa Cruz. La compañía espera que el proyecto contribuya a elevar la producción anual a partir de 2028.
A este plan se sumó Open Pit, una iniciativa cuyo comienzo de ejecución está previsto para septiembre y que demandará una inversión superior a US$60 millones. El proyecto de explotación a cielo abierto busca mejorar la productividad de la operación y generaría alrededor de 100 puestos de trabajo en la provincia.
La escala de estos desembolsos explica la importancia de resolver el conflicto sin afectar el cronograma de las obras. Sin embargo, la continuidad de las inversiones queda condicionada también por el cumplimiento de las exigencias provinciales en materia de seguridad, condiciones laborales y empleo local.
