El protagonismo que tuvo la compañía en la comisión binacional reactivó las críticas de proveedores sanjuaninos, que advierten sobre el riesgo de que futuras contrataciones beneficien a empresas chilenas.
El megaproyecto Vicuña volvió a quedar en el centro de la polémica sobre el desarrollo de proveedores locales. La discusión se reavivo tras la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, realizada el pasado 7 de julio en Buenos Aires.
Aunque el encuentro tuvo como objetivo avanzar en los mecanismos que permitirán agilizar las iniciativas binacionales, entre las empresas sanjuaninas creció la inquietud por el protagonismo que comienza a ganar el lado chileno de la cordillera.
Chile cuenta con más de un siglo de desarrollo de la industria minera.
La reunión puso en el centro del debate un instrumento firmado en 1997 para facilitar la explotación de yacimientos ubicados sobre la frontera.
Entre las figuras que participaron, se destacó José Morea, Country Manager del Distrito Vicuña, quien se desempeñó como subsecretario de Participación Público-Privada en la esfera del Ministerio de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y recientemente fue designado presidente de la Cámara Minera de San Juan.
Durante el encuentro, el ejecutivo destacó la necesidad de acelerar la aprobación de los Protocolos Adicionales Específicos que permitirán el tránsito de personal, equipos e insumos entre ambos países y sostuvo que la coordinación binacional será determinante para destrabar inversiones.
Las alarmas de los locales
Sin embargo, esa mayor integración no es observada con el mismo entusiasmo por todos los actores de la cadena minera. Entre los proveedores sanjuaninos crece la preocupación de que la búsqueda de mayor eficiencia económica termine trasladando una parte importante de las futuras contrataciones hacia Chile, donde existe una estructura de servicios mucho más desarrollada y competitiva.
Cabe señalar que Chile cuenta con más de un siglo de desarrollo de la industria minera, una infraestructura consolidada, acceso directo a puertos sobre el Pacífico y costos operativos considerablemente inferiores. Según estimaciones del sector, la diferencia de costos para determinados servicios oscila entre el 40% y el 50%.
Mientras el alquiler mensual de una camioneta 4×4 puede alcanzar los u$s3.000 en San Juan, en Copiapó ronda los u$s1.700.
En el caso de los camiones regadores, la brecha también resulta significativa: cerca de u$s30.000 mensuales del lado argentino frente a unos u$s19.000 en Chile. A ello se suman menores cargas tributarias y una estructura logística más competitiva.
En ese contexto, el desarrollo de Vicuña incorpora además componentes que fortalecen la integración con el país vecino.
El proyecto prevé utilizar agua desalinizada proveniente de la costa chilena y aprovechar infraestructura trasandina para parte de su operación, una estrategia que para los proveedores locales incrementa el riesgo de que también se consolide un esquema de abastecimiento con mayor participación de empresas chilenas.
Un antecedente que todavía genera ruido
La preocupación de las pymes sanjuaninas encuentra respaldo en un antecedente reciente. Meses atrás, la adjudicación de un contrato cercano a los u$s52 millones para la construcción delcampamento del proyecto a la empresa china PowerChina provocó fuertes cuestionamientos entre cámaras empresarias y proveedores locales, que esperaban una mayor participación de firmas de la provincia en las primeras grandes inversiones del emprendimiento.
Aquella decisión dejó instalada la incertidumbre sobre cómo se distribuirán los contratos más importantes durante la etapa de construcción de la mina. Ahora, la profundización del esquema binacional vuelve a alimentar esos interrogantes.
Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), expresó su preocupación por la ausencia de representación política provincial en una instancia donde se discuten aspectos estratégicos para el futuro de los proyectos cordilleranos.
Según sostuvo, los recursos pertenecen a la provincia y las decisiones sobre su desarrollo deberían contar con una presencia institucional acorde a su importancia.
Más allá de esa discusión, dentro del sector empresario el foco está puesto en otro aspecto: que los criterios de eficiencia económica terminen inclinando la balanza hacia proveedores ubicados en Chile, relegando a las pymes sanjuaninas en uno de los proyectos de cobre más importantes de América Latina.
Desde Vicuña destacan que la actualización del Tratado de Integración Minera permitirá acelerar inversiones, brindar previsibilidad y facilitar el desarrollo de proyectos transfronterizos de gran escala. La visión también es compartida por autoridades chilenas, que consideran que la cooperación permitirá reducir costos, compartir infraestructura y fortalecer la competitividad regional.
