Un nuevo informe destacó la renovación de concesiones portuarias en América Latina, y los distintos desafíos para operadores y concedentes. Plazos e inversión, diseñados en base a la estrategia gubernamental.
Las inversiones portuarias representan una apuesta directa a un modelo económico. Cada puerto especializado en contenedores forma parte de una cadena productiva, de una conexión regional o global, y de un esquema logístico de largo plazo.
Antes de invertir, las empresas miran los desafíos presentes, pero también futuros. Una inversión en un puerto que genera capacidad ociosa implica perder dinero; una inversión que no resuelve las necesidades de ese puerto, en cambio, implica perder mercado.
Además del grado económico previsto, las inversiones portuarias también están atadas a las regulaciones locales en cuanto a plazos y, en algunos casos, tarifas previstas.
En América Latina -y en el mundo- la continuidad operativa es la norma en cuanto a las concesiones portuarias. Ante cada vencimiento, la autoridad de aplicación y el concesionario buscan acuerdos sobre montos a invertir, mejoras necesarias y proyección.
Así suelen definirse también los plazos: una mayor inversión exigirá una concesión a más largo plazo, mientras que otra moderada puede tener una duración menor, aunque la media suele ubicarse en torno de los 30 a 35 años de concesión o ampliación.
Argentina avanza en el ordenamiento institucional y administrativo de la concesión de su principal puerto, especializado en contenedores, al tiempo que define los objetivos e inversiones previstas para una futura extensión de concesión
Un informe de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) de Latinoamérica repasó el escenario regional sobre inversiones en puertos de la región, considerando marcos regulatorios, concesiones y nivel de inversión.
Allí señalan también algunos de los principales desafíos de la infraestructura portuaria, como la digitalización de procesos, la transición energética, la resiliencia y continuidad operativa, y la gestión administrativa y gubernamental.
En sus conclusiones, el reporte marca que si bien la continuidad es la norma, cada puerto debe ser analizado en forma individual, vinculado a sus regulaciones, inversiones requeridas y contexto productivo.
“La evolución contractual prevista entre 2026 y 2035 evidencia la ausencia de una secuencia uniforme en los países estudiados. Extensiones de vigencia, vencimientos, nuevas licitaciones, adendas y regímenes transitorios derivan de circunstancias jurídicas y operativas particulares, aun cuando coincidan dentro de un mismo horizonte temporal”, señala.
“Esta diversidad se extiende a las inversiones asociadas, cuyos montos reflejan etapas de ejecución, fuentes de financiamiento y alcances distintos. El análisis conjunto de estos procesos exige conservar la relación entre la actuación contractual, la estructura financiera y el ámbito específico al que se refiere la información disponible”.
Argentina y la reorganización del Puerto de Buenos Aires
Al analizar los vencimientos de concesión de Argentina, el reporte de AAPA Latam destaca la continuidad contractual y la redefinición del Puerto Buenos Aires.
“Los acuerdos de adecuación contractual suscritos en 2023 y ratificados mediante la Resolución 502 del mismo año extendieron por tres años, hasta el 31 de mayo de 2027, la vigencia de los contratos correspondientes a las Terminales 1, 2, 3 y 4 de Puerto Nuevo de Buenos Aires”, enumera el informe.
Dichas extensiones incluyen además una cláusula de renovación automática hasta 2030.
En América Latina -y en el mundo- la continuidad operativa es la norma en cuanto a las concesiones portuarias. Ante cada vencimiento, la autoridad de aplicación y el concesionario buscan acuerdos sobre montos a invertir, mejoras necesarias y proyección.
“El Decreto 602 de 2025 mantuvo la validez de esos instrumentos, reorganizó el esquema del proyecto portuario y dispuso la unificación de las concesiones vigentes de las Terminales 1, 2 y 3, sin modificar las restantes condiciones contractuales”, añade.
En tanto, destaca que “la reorganización contractual coincide con cambios en la estructura institucional del sector portuario nacional. Desde 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación concentra competencias nacionales vinculadas con la administración portuaria y la navegación, conforme a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 3 de 2025”.
En ese marco, concluye que “Puerto Nuevo se encuentra, por tanto, en una etapa caracterizada por la continuidad temporal de contratos vigentes con una redefinición institucional cuyo desarrollo posterior dependerá de las decisiones adoptadas dentro del nuevo marco administrativo”.
Así, Argentina avanza en el ordenamiento institucional y administrativo de la concesión de su principal puerto, especializado en contenedores, al tiempo que define los objetivos e inversiones previstas para una futura extensión de concesión.
La excepción regional y la adaptación en cada país
El dossier técnico resalta la continuidad operativa de la mayoría de las concesiones portuarias, y los procedimientos en marcha para renovar los contratos actuales, con una única excepción: el caso de Panamá.
El país centroamericano rescindió su contrato con una concesionaria de origen asiático a pedido del gobierno de los Estados Unidos, y avanzó con un esquema provisorio que todavía está consolidando su diseño jurídico y operativo.
Más allá de la ruptura panameña -en todo el mundo, se cuentan menos de cinco en las últimas décadas- el mundo y la región se consolidan en un esquema de renovaciones y discusión respecto de las necesidades logísticas de cada ecosistema.
Así, menciona que en Perú convive la principal novedad portuaria de la región -el puerto de Chancay, con una inversión y concesiones inéditas de cara a China- y el puerto de Callao, el histórico operador que sigue siendo el que mayor movimiento de contenedores registra en el país.
Recientemente, DP World Callao elevó al gobierno una propuesta de inversiones por 1.400 millones de dólares, a cambio de una extensión de 30 años de su contrato, que incluye la modernización de los equipos y accesos al puerto.
En Chile, en tanto, los puertos de San Antonio, San Vicente y Valparaiso lograron durante 2026 extensiones temporarias a sus concesiones, mientras se llevan adelante diversos procedimientos reglamentarios -de Defensa de la Competencia y gubernamentales- destinados a definir las condiciones para una renovación de largo plazo.
En todos los casos, se otorgaron extensiones por tres años, llevando el plazo de vencimiento a 2029, 2030 y 2031, según cada contrato.
