Los grandes anuncios de inversión del sector energético hoy llevan la etiqueta de que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una condición casi excluyente para su concreción. Pero distintas voces comenzaron a cuestionar el argumento de que la industria está atada al éxito de este marco normativo y que se pasa por alto la dinámica previa de los hidrocarburos no convencionales.
Uno de los principales argumentos contra los beneficios del RIGI para las empresas esta en que el segmento del shale consolidó previo al RIGI un ritmo de crecimiento propio, sustentado en su rentabilidad y sin ventajas impositivas excepcionales que suman distorsiones al mercado.
Por el contrario, quienes defienden la necesidad del RIGI sostienen que la velocidad de escala de un recurso como Vaca Muerta no puede medirse con la vara de la normalidad macroeconómica.
En un contexto global de alta competencia por la atracción de capitales de riesgo, y frente a las históricas restricciones de la economía de la Argentina -de la inestabilidad cambiaria, de cepo cambiario y de la falta de crédito internacional-, el régimen opera como un puente de confianza indispensable.
Distintas voces comenzaron a cuestionar el argumento de que la industria está atada al éxito de este marco normativo y que se pasa por alto la dinámica previa de los hidrocarburos no convencionales.
Las grandes obras de infraestructura que el país postergó por décadas requieren desembolsos de magnitudes que el mercado local no puede financiar por sí solo. Bajo esta perspectiva, el RIGI no es una muleta artificial, sino el único mecanismo capaz de garantizar la seguridad jurídica y la libre disponibilidad de divisas necesarias para acelerar inversiones multimillonarias.
Sin este blindaje, los proyectos de escala global habrían tardado años en materializarse, condenando al país a perder una ventana de oportunidad única en el mercado energético internacional.
Hecha esta aclaración necesaria, difícil de refutar, y siguiendo el mensaje de las voces críticas se citan casos de evidencia tangible en materia de infraestructura de transporte, tal como refleja un reciente informe del CEPA.
El proyecto «Duplicar» de Oleoductos del Valle (Oldelval), fundamental para elevar la capacidad de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina hacia el Atlántico, demandó un desembolso de 1.400 millones de dólares. Esta obra se financió íntegramente con capital privado y se ejecutó sin requerir exenciones impositivas ni regímenes especiales de divisas.
Del mismo modo, el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Sur (no confundir con el VMOS) sumó más de 100 kilómetros de traza crítica mediante decisiones de inversión tomadas bajo condiciones regulatorias ordinarias.
De la producción a la industria: luces y sombras del RIGI
Ambos proyectos, pilares de la actual plataforma exportadora récord de petróleo, se estructuraron sobre la lógica de la rentabilidad inherente al negocio y la calidad del recurso geológico, y no bajo la expectativa de un marco de promoción excepcional.
De la misma manera el informe rescata la historia reciente de Vaca Muerta que expone que los mayores bloques productivos del país se consolidaron bajo normativas de menor laxitud fiscal que el esquema actual.
El Decreto 929/2013, que otorgaba beneficios acotados en comparación con las facilidades que brinda el RIGI, sirvió de base para el despegue del shale.
A partir de esa normativa, el área Loma Campana, operada por YPF en sociedad con Chevron, recibió más de 10.567 millones de dólares desde 2013. En una línea similar, el yacimiento La Amarga Chica, desarrollado por la petrolera estatal junto a Petronas, registró desembolsos superiores a los 5.124 millones de dólares desde 2015.
Estos desarrollos masivos demuestran que la certidumbre de los contratos y la escala del recurso operaron como los vectores de capital de largo plazo.
El informe rescata la historia reciente de Vaca Muerta que expone que los mayores bloques productivos del país se consolidaron bajo normativas de menor laxitud fiscal que el esquema actual.
El debate técnico actual no se centra en la conveniencia de captar inversión extranjera directa, sino en las asimetrías que el nuevo marco genera en el tejido productivo. El principal punto de discusión radica en los efectos distorsivos sobre los proveedores locales.
En proyectos mineros y energéticos de gran escala, se observa cómo el marco normativo facilita la importación de bienes de capital e insumos que poseen capacidad de fabricación instalada en el territorio nacional.
Las cámaras metalmecánicas y las pymes industriales advierten que las facilidades para ingresar equipamiento del exterior, sin aranceles y con libre disponibilidad de divisas, introducen una competencia desigual.
El riesgo señalado por los especialistas es que el régimen termine operando como un canal para introducir infraestructura modular cerrada, sustituyendo ingeniería y mano de obra local en segmentos donde la industria argentina es competitiva.
La disyuntiva sectorial plantea si es indispensable un esquema de excepción arancelaria y fiscal para viabilizar los proyectos energéticos, o si la velocidad de ejecución que propone el RIGI compromete la sustentabilidad de la cadena de valor.
El sector petrolero alcanzó marcas históricas en fracturas, producción y tendido de ductos bajo reglas comunes. Por lo tanto, el interrogante técnico pendiente es si la sostenibilidad de la cuenca debe ligarse a un régimen de excepción o al fortalecimiento de reglas claras que promuevan la inversión sin desplazar al eslabón proveedor nacional.
En el ámbito académico y de consultoría provincial, economistas como Gabriela Lirussi estiman que, al sumar las fases preoperativa y operativa completa (proyectada con mayor fuerza entre 2026 y 2030), el costo fiscal total escalará al 1,1% del PBI.
En proyectos mineros y energéticos de gran escala, se observa cómo el marco normativo facilita la importación de bienes de capital e insumos que poseen capacidad de fabricación instalada en el país.
Los cuestionamientos técnicos en este punto apuntan a la redistribución de los recursos públicos.
Las críticas advierten que el achicamiento de la base imponible -mediante la reducción de Ganancias del 35% al 25%, las retenciones cero a las exportaciones y la devolución del IVA vía Certificados de Crédito Fiscal- obligará a sostener recortes en otras áreas de la gestión pública para mantener el equilibrio financiero.
El argumento central del oficialismo es que, sin estos incentivos, las inversiones no se radicarían en la Argentina, por lo que la recaudación teórica de referencia de todos modos sería cero.
Sin embargo, los relevamientos de las consultoras Paspartú y Fundar cuestionan este principio de adicionalidad: más del 50% de los montos correspondientes a los proyectos que ya obtuvieron luz verde gubernamental corresponden a desarrollos ya anunciados, planificados o económicamente rentables antes de la sanción de la ley.
Bajo esta óptica, las críticas de los especialistas concluyen que el Estado está resignando ingresos públicos genuinos sobre actividades productivas que ya estaban en marcha, convirtiendo el beneficio en una transferencia directa de recursos sin una contrapartida efectiva en la generación de nuevos eslabones industriales o desarrollo de proveedores locales.
Quizás, para otros, sea el costo de revertir el historial de fracasos y oportunidades perdidas de la Argentina de al menos los últimos 50 años.
