Mientras el EPRE volvió a reclamar un esquema equitativo para el uso de la infraestructura eléctrica vinculada al proyecto, la minera reaccionó tras las quejas por sus contrataciones y busca adecuarse a la nueva ley sanjuanina de compre local.
El proyecto minero Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena por dos cuestiones que marcaron buena parte del debate en torno a su desarrollo durante las últimas semanas.
Por un lado, la empresa anunció una nueva ronda de negocios destinada a “fortalecer” la participación de proveedores sanjuaninos en futuras licitaciones, en un contexto atravesado por la reciente aprobación de la Ley de Compre Local y tras las críticas que generó la adjudicación de los módulos habitacionales del campamento a una firma de capitales chinos.
«Los hechos y los acontecimientos actuales claramente nos están dando la razón»
Por el otro, la discusión por el acceso a la infraestructura eléctrica continúa abierta luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) reiterara ante Nación su pedido para que la capacidad de transporte no quede concentrada en un único emprendimiento.
La primera novedad llegó de la mano de una nueva convocatoria impulsada por Vicuña, que el próximo 13 y 14 de julio realizará una ronda de negocios presencial en Iglesia y el Gran San Juan.
La iniciativa se desarrollará en el marco de las licitaciones para la distribución eléctrica en 33 kV y la expansión del sistema eléctrico del Campamento Fase II, con el objetivo de generar reuniones entre las empresas que competirán por esos contratos y potenciales subcontratistas locales.
La compañía convocó a firmas dedicadas al alquiler de oficinas móviles, ferreterías industriales, provisión de materiales eléctricos, servicios de ingeniería, grupos electrógenos, camionetas, baños móviles, transporte de cargas y de personal, indumentaria de trabajo, consultoría en higiene y seguridad y servicios de grúas, entre otros rubros.
Las empresas interesadas deberán estar inscriptas en el registro Achilles, acreditar su documentación legal y cumplir con los estándares de seguridad, higiene y ambiente exigidos por la minera.
Cuestionamientos empresariales y gremiales
La convocatoria llega en un momento particularmente sensible para la relación entre el proyecto y la cadena de valor local.
Hace una semana, San Juan sancionó la Ley de Compre Local con el objetivo de fortalecer la participación de empresas provinciales en los grandes desarrollos mineros, mientras que Vicuña todavía enfrenta cuestionamientos por la decisión de adjudicar la construcción de los módulos habitacionales del campamento a una empresa de capitales chinos.
En ese sentido, cabe marcar que las críticas no provinieron únicamente de las cámaras empresarias. Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), el secretario general de la seccional San Juan y secretario adjunto nacional, Iván Malla, sostuvo que la situación confirmó las advertencias que el gremio había realizado durante el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
«Los hechos y los acontecimientos actuales claramente nos están dando la razón», afirmó el dirigente, quien considera que el nuevo esquema dejó a muchos proveedores argentinos en una posición de desventaja frente a competidores internacionales.
Malla rechazó además la idea de que las empresas nacionales puedan competir en igualdad de condiciones. «Por supuesto que es imposible competir. Todos sabemos que hoy la Argentina no es competitiva en sus niveles productivos. Inclusive, hasta con empresas chilenas, no van a estar en las mismas condiciones los proveedores locales que los proveedores que puedan venir desde países de la región», aseguró.
El dirigente también advirtió que la pérdida de contratos para firmas locales puede afectar la denominada licencia social de la minería. A su entender, las comunidades respaldan los grandes proyectos porque esperan que generen empleo y actividad económica en la provincia.
En paralelo, cuestionó la falta de diálogo institucional tras el cambio de autoridades en la Cámara Minera de San Juan.
«Lamentablemente no conocemos al presidente, no sabemos qué piensa, no hemos tenido la posibilidad de conocerlo ni tampoco hemos sido convocados por estas nuevas autoridades», expresó, al tiempo que confirmó que AOMA mantiene conversaciones con distintos sectores de proveedores para analizar posibles acciones conjuntas.
La disputa por la capacidad eléctrica sigue abierta
Mientras la empresa intenta fortalecer el vínculo con los proveedores locales, otro de los frentes que abrió un intenso debate en la provincia continúa sin resolverse.
El EPRE volvió a insistir ante el Gobierno nacional con la necesidad de establecer reglas equitativas para el acceso a la red de transporte eléctrico asociada a Vicuña, luego de la resolución del ENRE que otorgó al proyecto el 90% de la capacidad remanente de la línea, una decisión que generó objeciones tanto del organismo provincial como de otros emprendimientos mineros interesados en utilizar esa infraestructura.
El vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, explicó que la presentación fue realizada el 3 de julio ante el ente regulador nacional, después de la audiencia pública celebrada un mes antes. Según aclaró, la postura del organismo «es justamente de apoyo a la inversión», aunque remarcó que el crecimiento de la minería debe darse bajo reglas claras y previsibles para todos los actores.
Ferrero sostuvo que asignar la capacidad disponible a un solo proyecto «atentaría contra la seguridad jurídica» y podría terminar demorando nuevas inversiones. Por ese motivo, el EPRE volvió a proponer un esquema multiusuario que permita aprovechar la infraestructura existente y garantizar el acceso de otros desarrollos mineros y también de futuros proyectos de energías renovables.
Como parte de esa presentación, el organismo incorporó un estudio elaborado por el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan-Conicet, que analiza experiencias de países con fuerte desarrollo minero como Canadá, Australia, Perú y Chile.
Además, recordó que las ampliaciones previstas, estimadas en unos 370 millones de dólares, se apoyan sobre una red que ya existe y cuya construcción contó con financiamiento parcial de la provincia.
El funcionario agregó que el objetivo final es que la infraestructura eléctrica acompañe el crecimiento de todo el sector y no únicamente de un emprendimiento.
En ese sentido, señaló que la prioridad sigue siendo consolidar un esquema de acceso compartido antes de avanzar en nuevas alternativas de conexión, al tiempo que consideró indispensable completar en el futuro la interconexión con La Rioja para fortalecer la estabilidad y la capacidad del sistema eléctrico provincial.
