La legislatura sanjuanina definió uno de los temas centrales del desarrollo minero: cómo conciliar competencia en precios y desarrollo local con el avance de los proyectos de cobre, tras el antecedente de la compra de Vicuña a una empresa china.
Con 32 votos positivos y 2 negativos, San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Minero Local, una iniciativa central impulsada por la gobernación y las cámaras empresarias locales.
Conocido popularmente en el sector como la «ley de proveedores», el proyecto había llegado a la Legislatura provincial con el respaldo de haber sido previamente consensuado y acordado entre el Gobierno de San Juan y las principales cámaras empresarias e industriales de la provincia.
El texto, compuesto por 32 artículos, no impone esquemas de contratación obligatorios por la fuerza, sino que establece un marco de previsibilidad, transparencia e incentivos fiscales diseñado para que las grandes corporaciones mineras presenten planes concretos y medibles que potencien la mano de obra y el compre sanjuanino.
Entre sus puntos principales, la normativa exige que las empresas mineras diseñen y presenten un plan de acción orientado a alcanzar un objetivo del 80% de trabajadores con residencia en San Juan, otorgando una prioridad absoluta a los habitantes de los departamentos que tienen la influencia directa de los yacimientos.
En sintonía con este fomento al empleo, la iniciativa fija la meta de direccionar al menos el 60% del monto anual total de las contrataciones corporativas a empresas y pymes radicadas en la provincia, siempre y cuando las mismas ofrezcan condiciones competitivas de mercado.
Se establece la meta de orientar el 60% del monto anual de contrataciones a empresas sanjuaninas, siempre que existan condiciones competitivas.
Para asegurar la trazabilidad de estos objetivos, tanto las empresas operadoras como sus grandes contratistas principales tienen la obligación de presentar programas detallados con metas progresivas y verificables de empleo y desarrollo de proveedores, los cuales deberán actualizarse de forma obligatoria cada dos años.
Como pilar operativo del control estatal, la ley constituye formalmente el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), un sistema público y digitalizado en el que solo podrán inscribirse aquellas firmas prestadoras que acrediten un «arraigo real», expresado en tener domicilio operativo en la provincia, tributar a nivel local y contar con un mínimo del 80% de personal sanjuanino en sus planillas.
El control social en San Juan y el desarrollo de la minería de cobre
Con el fin de evitar contrataciones improvisadas y brindar previsibilidad a las pymes, las mineras estarán obligadas a publicar con suficiente antelación sus planes de demanda y cronogramas estimados de compras y licitaciones, permitiendo que los proveedores locales conozcan anticipadamente las necesidades de la mina y puedan prepararse técnicamente para competir.
Aquellas compañías mineras que logren alcanzar de forma simultánea las metas del 80% de empleo local y el 60% de compre sanjuanino serán recompensadas con un Certificado de Crédito Fiscal transferible, el cual podrá utilizarse tanto para cancelar impuestos provinciales como para cederse a sus proveedores pymes.
La transparencia en las adjudicaciones también se encuentra regulada, ya que la ley exige la implementación de procedimientos públicos para las convocatorias y la posterior comunicación oficial de los resultados de los contratos, permitiendo que la sociedad civil audite el nivel de compromiso regional de cada firma.
Asimismo, el RE.PRO.MIN. clasificará rigurosamente a las firmas inscriptas según sean industriales, comerciales, constructoras o de servicios, beneficiando positivamente a quienes generen mayor valor agregado local para diferenciar explícitamente a un fabricante industrial de un mero intermediario comercial.
La contratación de Vicuña, principal proyecto minero de San Juan, de una ciudad modular a una firma china, aceleró el debate y la sanción de la ley de proveedores.
En el plano social, las acciones voluntarias de responsabilidad social empresaria (RSE) implementadas por las mineras no podrán ser esfuerzos aislados, sino que deberán alinearse obligatoriamente con los planes estratégicos de cada municipio en áreas clave como salud, educación e infraestructura, fomentando un desarrollo planificado.
Por último, el Ministerio de Minería de la provincia será la autoridad de aplicación encargada de auditar el cumplimiento, asistido de cerca por un Consejo Consultivo de carácter público-privado.
En caso de detectarse infracciones o desvíos a las metas pautadas, las empresas afrontarán duras sanciones que podrán derivar en multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias o, en su defecto, sufrir la suspensión directa del registro de proveedores.
Con la ley de proveedores, San Juan busca edificar un modelo de desarrollo minero moderno, asegurando que el histórico flujo de inversiones que capta la provincia se traduzca de forma directa en un círculo de crecimiento, empleo de arraigo y fortalecimiento industrial para todos los sanjuaninos.
