La oficialización de una sociedad anónima con el 60% de las acciones en poder estatal instala un modelo que combina apertura a capital privado y planificación a largo plazo. Apuntan a ordenar la gestión de la electricidad, pero también a ampliar capacidades técnicas y posicionarse ante los desafíos de la transición energética. También a las telecomunicaciones.
La provincia del Chubut avanzó en la consolidación de su estrategia energética con la publicación oficial de la constitución de Energía Pública del Chubut Sociedad Anónima Unipersonal (EPECH S.A.U.), una firma que operará bajo el formato de sociedad anónima con participación exclusiva del Estado en su origen.
Con sede administrativa en Rawson, la compañía inicia su recorrido con un capital social fijado en 1.000 millones de pesos, marcando una señal concreta de respaldo político e institucional.
La empresa no se limitará a la administración del sistema eléctrico, sino que podrá intervenir en la investigación y explotación de recursos energéticos, con especial énfasis en las fuentes renovables y el desarrollo del hidrógeno.
El diseño accionario contempla una arquitectura mixta que proyecta su evolución a mediano plazo. Mientras el 60% del paquete accionario permanecerá en manos estatales, el 40% restante se reservará para una eventual apertura al mercado, lo que permitirá captar financiamiento externo y sumar socios estratégicos para el desarrollo de infraestructura.
Este esquema busca equilibrar el control público con la posibilidad de atraer inversiones, en un contexto donde la expansión energética requiere volumen de capital y capacidad de gestión.
Un directorio con perfil técnico y político
La conducción de la empresa estará encabezada por Carlos Fabián Piguala, ingeniero mecánico oriundo de Comodoro Rivadavia, con experiencia tanto en el ámbito privado como en la gestión pública.
Su designación, que ya había sido avalada por la Legislatura el año pasado, apunta a dotar a la compañía de una mirada operativa sólida, especialmente en relación con el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista del Chubut (MEMCH), considerado un eje clave dentro del nuevo esquema.
Piguala cuenta con antecedentes en firmas como Pérez Companc y en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de su ciudad de origen, lo que le otorga conocimiento directo del entramado energético regional.
El resto del directorio combina perfiles técnicos con dirigentes cercanos al Ejecutivo provincial. La vicepresidencia quedó en manos del ingeniero civil José Manuel González Alvado, con trayectoria en infraestructura.
Como directores titulares se suman Macarena Ayelén Acuipil, actual Secretaria General de Gobierno, junto a Ramiro Daniel Outeda y Fernando Nicolás Fantín, ambos vinculados a la comunicación institucional y la gestión política.
Este armado refleja una apuesta por integrar capacidades profesionales con alineamiento político, en un sector donde la toma de decisiones requiere tanto expertise técnico como coordinación con las políticas públicas.
Mecanismos de control y expansión del objeto social
En paralelo, se estableció una Comisión Fiscalizadora encargada de supervisar la operatoria de la empresa.
Este órgano estará integrado por el abogado José Manuel Pendón y Rodrigo Mariano Miquelarena, actual subsecretario de Justicia, quien llega tras su paso por la Fiscalía de Estado. Como síndica suplente fue designada Viviana Caren Lloyd, también con funciones en el ámbito laboral provincial.
Más allá de la estructura de control, uno de los aspectos más relevantes del estatuto es la amplitud del objeto social.
La empresa no se limitará a la administración del sistema eléctrico, sino que podrá intervenir en la investigación y explotación de recursos energéticos, con especial énfasis en las fuentes renovables y el desarrollo del hidrógeno.
Además, la normativa habilita su participación en áreas como telecomunicaciones, lo que posiciona a la firma como una herramienta multisectorial para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico en todo el territorio.
Planificación estratégica y transición energética
La creación de EPECH se enmarca en una política más amplia que redefine el rol del Estado en el sector. La ley sancionada establece una Política Electro Energética Provincial que incluye un plan estratégico de carácter plurianual, orientado a articular generación, transporte y distribución bajo criterios de eficiencia y equidad territorial.
Entre los lineamientos centrales se destaca el impulso a las energías renovables, el desarrollo de tecnologías limpias y la incorporación de sistemas de almacenamiento.
En este esquema, el hidrógeno verde aparece como uno de los vectores prioritarios para posicionar a la provincia en el escenario internacional.
También se contemplan iniciativas vinculadas a la capacitación, la educación y la investigación aplicada, con el objetivo de fortalecer el ecosistema energético local y generar nuevas oportunidades de desarrollo.
En materia regulatoria, se refuerza el papel del Estado en la definición de tarifas, priorizando la eficiencia operativa y la participación social. El ENRE tendrá a su cargo la fijación de valores de referencia en las distribuidoras bajo jurisdicción provincial, al tiempo que se invita a los municipios a adherir al esquema.
Respaldo político y aval legislativo en Chubut
El gobernador Ignacio Torres celebró la conformación del directorio y destacó el alcance de la iniciativa. “Por primera vez, Chubut cuenta con una política energética propia, moderna, con base en la soberanía y el desarrollo”, afirmó. Además, subrayó que la empresa permitirá consolidar un rol más activo en el mercado regional.
“Vamos a garantizar que la energía deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho en cada rincón de Chubut. El desarrollo de vectores energéticos como el hidrógeno verde y otras fuentes renovables nos posiciona a nivel global”, agregó.
El respaldo político también se expresó en el ámbito legislativo. A comienzos de mayo del año pasado, la Legislatura provincial aprobó la creación de la empresa con 23 votos a favor sobre 24 diputados presentes, en el marco del proyecto de Ley Nº 47/25 impulsado por el Ejecutivo.
La norma establece que la nueva compañía deberá centralizar la gestión de los recursos energéticos, consolidando un esquema institucional que busca mayor eficiencia, coordinación y proyección a largo plazo dentro del sistema provincial.
