El nuevo plazo para la presentación de ofertas para cuatro centrales hidroeléctricas será el 7 de noviembre, pasadas las elecciones. El gobierno espera recaudar unos US$500 millones.
El gobierno nacional postergó la fecha de recepción de las ofertas para la reprivatización del 100% del paquete accionario de las represas del Comahue —El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, que en conjunto aportan 4.107 MW de potencia y representan el 14% de la generación nacional.
Con la incertidumbre electoral, desde el Ejecutivo aceptaron el pedido de las empresas interesadas y fijaron el 7 de noviembre como nuevo plazo para la apertura de sobres de la licitación.
La gran novedad es que el proceso se realizará por primera vez de forma totalmente digital, a través de la plataforma Contrat.Ar, el portal de compras de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), reemplazando al tradicional mecanismo de sobres físicos y lacrados.
El debut del Sistema de Gestión Electrónica Contrat.Ar en una licitación de esta escala genera inquietud entre los oferentes, principalmente por la seguridad de la información económica y técnica.
La decisión marca un punto de inflexión en las licitaciones públicas del sector energético. Si bien Contrat.Ar ya se había utilizado para adjudicar tramos de la Red Federal de Concesiones —como los 741 kilómetros de rutas nacionales de la llamada Ruta del Mercosur—, esta será la primera vez que el sistema digital se aplica a una operación de magnitud millonaria y por un plazo de tres décadas.
De acuerdo con fuentes del mercado, se esperan ofertas por hasta US$700 millones, cifras muy superiores a las que suele gestionar la plataforma, habitualmente destinada a compras menores del Estado.
“Es un cambio de paradigma tanto para afuera como para adentro de las empresas. En el caso nuestro, el número del Sobre B (donde se colocan las mejoras de ofertas) lo escribía directamente el accionista de la compañía para evitar cualquier tipo de filtraciones. Ahora, al ser digital la presentación, es más complejo”, señaló una fuente empresaria que evalúa su participación en el proceso a Econojournal.
Preocupación por la seguridad de la información
El debut del Sistema de Gestión Electrónica Contrat.Ar en una licitación de esta escala genera inquietud entre los oferentes, principalmente por la seguridad de la información económica y técnica.
Algunas empresas expresaron dudas sobre cómo garantizará el Estado la integridad del sistema informático ante eventuales ciberataques o filtraciones de datos. Incluso, una de ellas solicitó mantener un sobre físico firmado y lacrado, con certificación notarial, como respaldo del procedimiento digital, según informa el mismo medio especializado.
La implementación de Contrat.Ar fue oficializada mediante el Decreto 416 del Poder Ejecutivo y la Disposición 29/2025 de la ONC, publicada en el Boletín Oficial el 11 de agosto, que autoriza su uso para procesos de gran envergadura como privatizaciones o concesiones de servicios públicos.
Transparencia y modernización administrativa
El Gobierno nacional busca que Contrat.Ar se convierta en el canal unificado para la venta o concesión de activos públicos.
Con ese objetivo, la ONC aprobó un nuevo módulo digital que regula las privatizaciones bajo las Leyes 27.742 y 23.696, estableciendo criterios de transparencia, competencia y máxima concurrencia.
El módulo —denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”— permite gestionar de manera electrónica licitaciones, concursos, ventas de acciones, concesiones, permisos o locaciones de activos públicos.
Los interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos, siguiendo el procedimiento detallado en el Anexo I de la disposición. Además, deberán presentar actas de Administrador Legitimado y declaraciones juradas de elegibilidad, beneficiario final y habilidad para contratar.
Un paso hacia la digitalización estatal
La ONC estableció que las políticas y condiciones de uso de Contrat.Ar, aprobadas por la Resolución N°197/17 del Ministerio de Modernización, regirán para todos los nuevos procesos de privatización o concesión.
Para los concursos vinculados a obras e infraestructura bajo la Ley 17.520, se mantendrá el mismo procedimiento de validación de usuarios, según la Disposición ONC N°84/24. Aquellos ya registrados como Concesionarios Ley 17.520 podrán participar sin necesidad de reinscribirse.
La reprivatización de las represas del Comahue, ubicadas entre Neuquén y Río Negro, no solo pone en juego un activo estratégico del sistema eléctrico argentino, sino que también estrena el uso de una herramienta digital que busca modernizar y transparentar los procesos de contratación pública.
El desafío ahora será demostrar que la tecnología puede garantizar el mismo nivel de seguridad y confidencialidad que ofrecían los antiguos sobres lacrados.
