La llegada de las bajas temperaturas vuelve a exponer la tensión, ya casi histórica en el esquema energético, entre una producción industrial que necesita urgente encontrar factores de competitividad y la persistente indisponibilidad de la infraestructura para distribuir un combustible tan clave como el abundante gas de Vaca Muerta.
La formación neuquina vuelve a generar una nueva paradoja en la Argentina que lleva adelante desarrollos millonarios para exportar ese shale gas, alimentar la matriz productiva de otras regiones del planeta pero aún no tiene ni en etapa de diseño los fierros que necesita buena parte del país para aprovechar la ventaja comparativa de tener a pocos cientos de kilómetros la segunda reserva más importante de shale gas del mundo.
Las restricciones en el suministro de gas natural, que al promediar mayo ya afectan de forma directa a decenas plantas fabriles en Córdoba, el Litoral y el Noroeste Argentino (NOA), configuran un escenario complejo para la planificación macroeconómica y la competitividad sectorial.
Este fenómeno no responde a una escasez del recurso en origen, sino a las limitaciones de los sistemas de transporte de hidrocarburos.
Otra paradoja de la Argentina energética es desarrollar inversiones millonarias para exportar gas, mientras carece de la infraestructura interna necesaria para abastecer a sus propias regiones industriales.
La falta de obras críticas de infraestructura de red impide canalizar el fluido desde las cuencas productivas hacia las principales regiones industriales del centro y norte del país. En este esquema, los contratos denominados «interrumpibles» sufren las primeras desconexiones automáticas cuando el consumo residencial se eleva.
No obstante, la actual coyuntura muestra que las restricciones comenzaron a alcanzar también a establecimientos con contratos firmes y semifirmes, obligando a las empresas a recalibrar esquemas de turnos, suspender líneas de producción o migrar hacia combustibles alternativos líquidos, cuyos valores de mercado duplican o triplican los costos del gas por redes.
El debate de fondo excede la habitual contingencia invernal e ingresa de lleno en la política fiscal y tarifaria del Gobierno nacional.
Ante la necesidad de cubrir el déficit de transporte con la importación de gas natural licuado (GNL) a través de la terminal de Escobar, la administración central dispuso que el sector industrial asuma la totalidad de los sobrecostos asociados.
Esta decisión traslada de forma directa a los balances de las industrias ya golpeados por la caída generalizada de demanda, la carga tributaria histórica y la apertura importadora, el impacto de la volatilidad internacional de las materias primas.
Debido a los conflictos bélicos en Oriente Medio, el valor del millón de BTU de GNL escaló desde un promedio histórico de 10 a 11 dólares que se pagó el año pasado hasta los 22 dólares actuales del mercado spot global.
Al trasladar el costo total del GNL importado al sector fabril, el Estado prioriza el equilibrio fiscal pero expone a la producción local a la volatilidad de los precios internacionales por el conflicto bélico.
Frente a esta medida, la Unión Industrial Argentina (UIA) propuso semanas atrás al Gobierno nacional una fórmula para compartir el sobre costo que atraviesa el GNL por la crisis bélica en Medio Oriente.
De Medio Oriente al consumidor, así impacta el precio del gas en la cadena argentina
La idea de los industriales era absorber el costo real de base del insumo, pero exceptuar a las empresas del componente adicional generado por el efecto de la guerra. La negativa oficial bajo argumentos presupuestarios deja un final abierto a las puertas del invierno.
El Estado nacional abandona el rol de amortiguador de shocks externos para los sectores productivos priorizando el equilibrio de las cuentas públicas, y las empresas se dedican a mirar los pronósticos extendidos del clima para decidir si parar la producción o afrontar sobre costos que eliminan toda chance de competitividad.
Es que por un lado, aquellos sectores de procesos continuos que no pueden detener su actividad se ven forzados a convalidar las tarifas internacionales de GNL o el uso de gasoil, lo que incrementa los costos unitarios de fabricación.
Este encarecimiento colisiona con el objetivo oficial de desaceleración de los índices de precios al consumidor, ya que las cadenas de valor tienden a trasladar el incremento del componente energético hacia los bienes finales.
Por otro lado, las industrias que optan por no convalidar dichos valores reducen sus niveles de actividad, lo cual resiente la recaudación tributaria vinculada al consumo y profundiza la contracción del mercado interno y termina afectando el empleo y el consumo de esas familias.
La postergación de obras clave como el tramo Tratayén-La Carlota mantiene al norte del país desconectado de la abundancia de Vaca Muerta, postergando por al menos dos años el autoabastecimiento pleno.
De fondo, la resolución de este cuello de botella estructural depende de la finalización de proyectos estratégicos de transporte. Las obras de expansión en el Gasoducto Perito Moreno, proyectado para aportar unos 14 millones de metros cúbicos diarios adicionales al sistema a partir del invierno 2027 es una promesa de mediano plazo que va aliviar la situación sobre todo en la región centro.
Pero el nudo del problema se encuentra en las provincias del norte argentino. La reversión del Gasoducto del Norte permitió al país dejar atrás las importaciones de Bolivia que cada año eran más insuficientes y reemplazarlo por el gas neuquino.
Pero las condiciones de infraestructura apenas alcanzan a cubrir la demanda prioritaria, dejando una deuda grande con el sector productivo.
La llave que puede conducir al autoabastecimiento casi pleno de la demanda doméstica es la construcción de un gasoducto largamente analizado y detallado en la industria energética que cubre la traza entre Tratayén, el nodo gasífero neuquino, con la Carlota en el sur de Córdoba, concebido por Transportadora de Gas del Norte (TGN) para interconectar Vaca Muerta de manera segura y abundante al NOA. Una solución real que demandará no menos de dos años si se tomara ya la decisión de avanzar.
