El gobierno dispuso un esquema de financiamiento a empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Ecogas en busca de contener el impacto de las tarifas en los hogares y evitar una presión adicional sobre el índice de inflación en los meses más fríos.
El Gobierno resolvió implementar un esquema de financiamiento para sostener las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) durante el invierno y evitar que el fuerte incremento de ese combustible se traslade de manera inmediata a las facturas de gas residenciales.
La medida alcanza a las principales distribuidoras del país, entre ellas Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, que contarán con respaldo estatal para afrontar el abastecimiento adicional requerido en los meses de bajas temperaturas.
Mientras el Precio Anual Único (PAU) incorporado en las boletas ronda los US$3,80 por millón de BTU, el valor del gas licuado adquirido en el mercado internacional puede acercarse a los US$20 por millón de BTU.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad energética derivada de la guerra en Medio Oriente.
Bajo este esquema, el Tesoro cubrirá durante el semestre mayo-octubre el costo del GNL consumido por los usuarios residenciales y las distribuidoras recién comenzarán a cancelar esos montos desde noviembre, mediante seis cuotas mensuales que se extenderán hasta abril de 2027.
La asistencia oficial permitirá postergar un desembolso estimado entre 150 y 200 millones de dólares, evitando así que el precio del gas importado impacte de lleno sobre las facturas en el momento de mayor consumo del año.
El gas importado y la presión sobre las tarifas
El principal problema para el sistema energético es la brecha entre el precio reconocido actualmente en las tarifas y el costo real del GNL importado.
Mientras el Precio Anual Único (PAU) incorporado en las boletas ronda los US$3,80 por millón de BTU, el valor del gas licuado adquirido en el mercado internacional puede acercarse a los US$20 por millón de BTU.
La diferencia responde al encarecimiento global del combustible, impulsado por el conflicto en Irán y la tensión geopolítica en Medio Oriente, factores que alteraron tanto la disponibilidad como los precios internacionales del GNL.
En el Gobierno consideran que trasladar de manera directa esa diferencia a las tarifas implicaría un nuevo golpe sobre la inflación y sobre el poder adquisitivo de los hogares. Por esa razón, Economía optó por “aplanar” el impacto mediante un esquema de financiamiento temporal que permita distribuir el costo a lo largo del tiempo.
Las distribuidoras, además, venían advirtiendo que no cuentan con espalda financiera suficiente para asumir compras de esa magnitud sin algún tipo de asistencia estatal o garantía regulatoria que les asegure el recupero posterior de los fondos.
Cómo funcionará el mecanismo de recupero
La herramienta elegida para canalizar el recupero de esos recursos son las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA’s), un instrumento contemplado dentro del marco regulatorio del gas natural.
A través de ese sistema, el Enargas controla las diferencias entre los precios y volúmenes proyectados en las tarifas y los costos reales pagados por las distribuidoras a productores, comercializadoras o a Enarsa, la empresa estatal encargada de importar GNL.
Cuando el costo efectivo del gas supera el valor reconocido en las boletas, las distribuidoras quedan habilitadas a trasladar posteriormente esa diferencia a los usuarios mediante cargos adicionales.
Ese mecanismo comenzará a aplicarse desde noviembre, cuando las empresas incorporen en las facturas un concepto destinado a recuperar el gasto que el Estado realizó durante el invierno para importar el combustible.
En la práctica, las compañías actuarán como agentes de cobranza: recaudarán los fondos incluidos en las boletas y luego deberán transferirlos al Estado, que será quien financie inicialmente la operatoria.
La industria, bajo un nuevo esquema de abastecimiento
En paralelo, la Secretaría de Energía endureció su postura frente a las grandes industrias consumidoras de gas natural. El Gobierno dejó en claro que las empresas que no aseguren esta semana sus volúmenes de GNL podrían enfrentar cortes de suministro durante junio, cuando el sistema alcance los niveles más altos de exigencia.
La señal oficial marca un cambio relevante respecto del modelo vigente en los últimos años. La intención es que las industrias comiencen a abastecerse directamente en el mercado y dejen de depender de un esquema con fuerte intervención estatal.
Bajo este criterio, la prioridad seguirá concentrada en el abastecimiento residencial y comercial, mientras que las grandes plantas industriales deberán asumir costos más elevados para garantizarse suministro en períodos críticos.
El sistema exige previsión logística debido a que la llegada de los buques metaneros requiere una planificación mínima de 45 días. Por eso, las definiciones adoptadas en las próximas jornadas serán determinantes para la disponibilidad de gas durante el invierno.
Las licitaciones de GNL y la resistencia del mercado
Hace pocas semanas, la Secretaría de Energía desistió de incorporar un agregador comercial privado para gestionar las compras de GNL y decidió mantener a Enarsa al frente de las importaciones, tal como ocurre desde hace casi dos décadas.
En ese contexto, el Gobierno impulsó licitaciones a través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa), aunque las primeras subastas encontraron escasa respuesta.
Las industrias rechazaron convalidar valores cercanos a US$19,76 por millón de BTU para garantizarse suministro durante mayo, aunque las generadoras eléctricas sí mostraron interés debido a que esos costos seguían siendo inferiores a los combustibles líquidos alternativos.
El mismo escenario se repitió entre las distribuidoras. En la licitación realizada el 29 de abril apenas se colocaron unos 50.000 metros cúbicos diarios sobre una oferta total de 11 millones. El motivo fue la falta de garantías regulatorias para trasladar posteriormente esos costos a las tarifas finales.
