Tras una semana donde fueron el centro del debate entre empresas oferentes, los privados solicitaron que se avance de manera definitiva con la adjudicación de la VNT, así como una consideración impositiva para la concesión.
Los usuarios privados de la Hidrovía volvieron a pronunciarse respecto de la licitación para la privatización de la vía navegable troncal: en un comunicado, reclamaron al gobierno acelerar con la adjudicación y el inicio del nuevo contrato de concesión.
La señal política es de peso: tal como lo hicieron cuando el gobierno presentó los pliegos de la licitación –y en todas las etapas siguientes-, se mostraron alineados con las decisiones tomadas por los funcionarios, y respaldaron lo actuado en el proceso licitatorio.
De esta manera, los usuarios descartaron intervenir en la disputa entre las empresas oferentes sobre la licitación, y avalaron de forma directa lo realizado por el gobierno nacional.
“El Gobierno Nacional debe adoptar las medidas necesarias para concluir de manera prioritaria y definitiva los procesos de adjudicación”
A través de una nota dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y con copia al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Arreseygor, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) remarcaron la necesidad de terminar el proceso.
“El Gobierno que Nacional debe adoptar las medidas necesarias para concluir de manera prioritaria y definitiva los procesos de adjudicación de la Vía Navegable Troncal, actualmente en etapa final de preadjudicación”. Asimismo, sostuvieron que la VNT “constituye la infraestructura estratégica más relevante para la competitividad del sistema agroexportador argentino, del comercio exterior regional y de la logística fluvial del Cono Sur”.
Respecto del proceso licitatorio, CIARA y CEC argumentaron que el marco normativo vigente establece con claridad la necesidad de avanzar hacia un esquema concesionado definitivo. En ese sentido, citaron el Decreto 949/2020, que dispuso la continuidad del régimen de concesión para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable bajo el sistema de peaje a riesgo empresario.
En ese contexto, afirmaron que “la prolongación indefinida del esquema transitorio contradice el espíritu de los decretos mencionados y genera incertidumbre regulatoria incompatible con un servicio público esencial”.
La quita del IVA
Otro de los planteos centrales de la nota se refiere al tratamiento tributario de los servicios de dragado y balizamiento. Según expresaron, resulta “prioritario que el Poder Ejecutivo avance en los procedimientos internos para formalizar la no aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de dragado y balizamiento prestados por el futuro concesionario”.
Las cámaras sostuvieron que esta definición es necesaria para “asegurar un marco contractual claro y evitar distorsiones económicas”.
Como fundamento, mencionaron que la Ley de IVA exime del impuesto a los servicios directamente vinculados con operaciones de exportación y que el decreto reglamentario amplía ese criterio a prestaciones indispensables para concretar exportaciones, aun cuando no sean brindadas directamente al exportador.
Además, recordaron que durante la concesión anterior de la hidrovía el servicio de dragado no estuvo alcanzado por IVA, situación que consideran un antecedente administrativo consolidado. También señalaron que la AFIP y la jurisprudencia han reconocido la necesidad de preservar la neutralidad fiscal de las exportaciones.
En función de ello, las entidades afirmaron que el Poder Ejecutivo cuenta con las facultades necesarias para emitir una resolución, dictamen vinculante o decreto aclaratorio que confirme la no aplicación del tributo al futuro concesionario de la VNT.
Finalmente, CIARA y CEC advirtieron que una pronta resolución de ambos aspectos permitirá “otorgar certeza regulatoria a los operadores y usuarios del sistema, asegurar la continuidad operativa sin riesgos para el comercio exterior, evitar costos fiscales y administrativos innecesarios” y consolidar un marco contractual estable, alineado con estándares internacionales de concesiones de infraestructura crítica.
En este contexto, la definición sobre el tratamiento del IVA se produce en medio de la disputa que mantienen las dos empresas que llegaron a la instancia final de la licitación de la Vía Navegable Troncal. Tras no prosperar los planteos administrativos y judiciales presentados contra el proceso, la belga DEME intensificó sus gestiones para intentar reabrir la discusión.
Primero lo hizo mediante una nota dirigida al Ministerio de Economía, y luego ante los propios usuarios.
Sin embargo, el comunicado pidiendo una rápida adjudicación cerró ese camino.
Los últimos pasos de la licitación de la Hidrovía
Tras el nuevo comunicado de los usuarios, el gobierno de Javier Milei se dispone a dar el último paso de la licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal
En las próximas horas, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación determinaría la adjudicación del contrato a Jan de Nul – Servimagnus, que se impusieron en la evaluación de la licitación por 186 contra 162. Es decir, una diferencia de 24 puntos.
Hasta el viernes, el gobierno no había recibido ninguna impugnación formal al dictamen de Preadjudicación, por lo que el plazo para reclamar contra la evaluación habría concluido sin interrupciones.
