La continuidad de la protesta de transportistas en el puerto bonaerense mantiene paralizada la operatoria y suma preocupación en el sector agroindustrial. Desde la entidad alertaron por las consecuencias económicas, mientras crecen los reclamos para destrabar una negociación que no muestra avances concretos.
La actividad en el puerto de Quequén continúa virtualmente paralizada tras más de dos semanas de conflicto con transportistas autoconvocados, que mantienen bloqueado el acceso a la terminal.
La situación, lejos de encaminarse, profundiza el impacto sobre la cadena agroexportadora, que depende de ese nodo logístico para despachar granos y subproductos.
Según estimaciones del sector, las pérdidas económicas ya rondan los 300 millones de dólares, en un contexto donde cada jornada sin operaciones agrava los sobrecostos y retrasa compromisos comerciales.
Según estimaciones del sector, las pérdidas económicas ya rondan los 300 millones de dólares, en un contexto donde cada jornada sin operaciones agrava los sobrecostos y retrasa compromisos comerciales.
La interrupción de la actividad en este punto clave del sur bonaerense no solo afecta a exportadores, sino también a productores, acopiadores y operadores logísticos.
Desde la Sociedad Rural Argentina advirtieron sobre la magnitud del problema: “Manifestamos nuestra profunda preocupación por el conflicto en el puerto de Quequén, que afecta seriamente la cadena agroexportadora y deteriora la competitividad del país”.
Un puerto bajo presión
El puerto de Quequén ocupa un lugar estratégico dentro del esquema exportador argentino, especialmente para la salida de granos provenientes de la región pampeana. Su paralización, por lo tanto, genera un efecto dominó sobre toda la economía vinculada al agro.
En ese sentido, la entidad rural remarcó el rol central de la terminal: “Quequén constituye un nodo central para la salida de granos y subproductos. Cada interrupción en su operatoria genera demoras, sobrecostos y pérdida de confianza en los mercados internacionales, impactando negativamente en productores, corredores, acopiadores, exportadores y en la economía en su conjunto, por la menor generación de divisas”.
A nivel nacional, otras terminales lograron normalizar sus operaciones tras negociaciones similares. Sin embargo, en Necochea el conflicto persiste, impulsado por reclamos vinculados a la actualización de tarifas del transporte de granos, en un contexto de fuerte aumento del costo del gasoil.
Reclamos cruzados y negociación estancada en puerto Quequén
Mientras las entidades empresariales denuncian la continuidad del bloqueo, desde el frente sindical y de transportistas sostienen una versión distinta del conflicto. La disputa se agravó luego de más de 15 días de negociaciones que no lograron cerrar un acuerdo definitivo.
Desde cámaras vinculadas a la agroexportación calificaron la situación como el accionar de un “minoritario grupo que mantiene de rehén” a la actividad productiva, y alertaron por la existencia de “prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas”.
En contrapartida, organizaciones como la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADE), el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Quequén-Necochea y la UATRE Seccional 10 señalaron que “algunos sectores empresarios buscan agravar el conflicto, no dándole la seriedad que amerita la negociación y rompiéndola intempestivamente”.
Además, rechazaron las acusaciones sobre bloqueos violentos y remarcaron que “no existen piquetes ni cortes de ruta, y la medida consiste en un cese de actividades pacífico”.
El origen del conflicto se ubica en la discusión por la actualización del flete. Los transportistas reclaman una recomposición del 15% para compensar el aumento de sus costos operativos, mientras que los acopiadores ofrecieron un ajuste del 10%, una diferencia que, en el actual contexto inflacionario, resulta determinante.
Presión institucional para destrabar la crisis
El conflicto ya escaló a un plano institucional, con pedidos concretos de intervención estatal. Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales advirtieron que la terminal permanece “paralizado” y que la continuidad de la medida solo contribuye a “profundizando el perjuicio económico y logístico”.
En ese marco, solicitaron la intervención de autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como del Poder Judicial, para restablecer la operatoria: “restablezcan el orden con urgencia, dentro del marco de la ley, a fin de poner fin al uso ilegítimo de prácticas abusivas que lesionan a toda la cadena agroexportadora”.
La Sociedad Rural Argentina también hizo un llamado a encauzar la negociación: “Instamos a las partes a retomar el diálogo con responsabilidad y urgencia, priorizando el interés general. Es imprescindible garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
Más allá de la disputa sectorial, el principal afectado es el productor agropecuario, que enfrenta un escenario de incertidumbre creciente. La imposibilidad de despachar mercadería en tiempo y forma se traduce en costos adicionales, pérdida de competitividad y dificultades para cumplir contratos.
Desde la entidad rural alertaron que el sector “está enfrentando costos adicionales, incertidumbre comercial y trabas logísticas ajenas a su control. Preocupa, además, que un conflicto que parecía encauzado continúe afectando la normal operatoria portuaria”.
