El freno en los accesos a las terminales de la región altera el normal funcionamiento del comercio exterior agroindustrial. Empresas del sector advierten sobre consecuencias económicas crecientes, con buques sin cargar y una cadena logística en tensión durante un momento decisivo del calendario productivo.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) encendieron una señal de alarma ante la virtual detención de los puertos en Bahía Blanca y Necochea.
La entidad empresarial denunció que los bloqueos impulsados por transportistas autoconvocados derivaron en un colapso operativo que interrumpe el flujo normal de la cosecha gruesa hacia los mercados internacionales.
Frente a la escalada del conflicto, diversas entidades, entre ellas la Bolsa de Cereales y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, anunciaron medidas para restablecer la operatividad.
Desde la cámara consideraron que el cuadro actual no tiene margen de sostenibilidad y remarcaron que el impacto trasciende lo logístico.
“Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y está afectando también al país”, señalaron en un comunicado.
El conflicto expone, además, una dificultad estructural: las exportadoras no participan directamente en las instancias de negociación provincial, lo que limita su capacidad de intervención.
Aun así, indicaron que las gestiones recientes en territorio bonaerense no lograron acercar posiciones ni generar avances concretos.
En paralelo, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) estima pérdidas superiores a los US$ 100 millones debido al paro de transporte en los puertos bonaerenses.
Costos en alza y disputa por tarifas
El origen del conflicto se ubica en la discusión por la actualización del flete. Los transportistas reclaman una recomposición del 15% para compensar el aumento de sus costos operativos, mientras que los acopiadores ofrecieron un ajuste del 10%, una diferencia que, en el actual contexto inflacionario, resulta determinante.
La tensión se agravó en plena etapa de movimiento de granos, con más de 20 accesos estratégicos afectados.
En los puertos del sur bonaerense, al menos ocho muelles permanecen inactivos y las embarcaciones comienzan a acumularse en rada, a la espera de poder completar carga.
El impacto económico es inmediato: cada buque detenido implica un costo adicional cercano a los USD 50.000 diarios.
A esto se suma la necesidad de almacenar la producción en origen, mayormente en silobolsas, lo que agrega unos USD 5 por tonelada, en concepto de resguardo.
El cuestionamiento a la protesta de los trasnportistas
Desde Ciara-Cec cuestionaron con dureza la metodología de protesta. “No podemos avalar prácticas que impiden cargar libremente o llegar a los puertos. Urge levantar estas medidas y retornar a la normalidad”, remarcaron.
La situación de los fondeaderos muestra una parálisis generalizada, con Bahía Blanca como uno de los puntos más congestionados después del Gran Rosario (obviamente, fuera de la región en conflicto, pero con la afluencia habitual que complica los accesos).
Allí se registran cerca de 20 buques fondeados. Aunque se han reportado principios de acuerdo locales para normalizar accesos, la carga sigue demorada por la falta de flujo constante de camiones.
Puerto Quequén, en la zona de Necochea, mantiene al menos 8 buques en espera. La situación aquí es reportada como «crítica» o «parálisis total», ya que las terminales se quedaron sin stock físico de granos en los silos, provocando que algunos barcos decidieran cancelar su escala y desviarse hacia Brasil para completar carga.
En la Zona Río de la Plata (Up River / Gran Rosario) hay 30 embarcaciones en espera en rada. Previo al recrudecimiento del paro, el complejo Rosario-San Lorenzo operaba en niveles récord con más de 70 buques en sistema, pero los bloqueos han frenado el ritmo de exportación.
La presión de los insumos y la rentabilidad del transporte
El reclamo de los choferes encuentra sustento en el incremento de los costos del sector. Según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el gasoil registró una suba del 24,7% en marzo y acumula un aumento interanual del 48%.
Este insumo representa alrededor del 35% de la estructura de costos de un camión, lo que impacta directamente en la ecuación económica de la actividad.
En este contexto, los valores de referencia muestran tarifas de $25.389 por tonelada para trayectos de 100 kilómetros, mientras que los viajes de larga distancia —en torno a 1.500 kilómetros— superan los $148.000 por tonelada. Sin embargo, los transportistas sostienen que los acuerdos reales con los acopiadores quedan por debajo de esos niveles, generando márgenes negativos en numerosos casos.
La falta de actualización tarifaria, sumada a la volatilidad de los insumos, configura un escenario en el que la sustentabilidad del transporte de cargas se vuelve cada vez más frágil.
Refuerzos de seguridad y presión institucional
Frente a la escalada del conflicto, diversas entidades, entre ellas la Bolsa de Cereales y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, anunciaron medidas para restablecer la operatividad.
En un comunicado conjunto, afirmaron su compromiso de “salvaguardar el derecho constitucional al trabajo” y confirmaron la llegada de refuerzos de fuerzas de seguridad.
“A partir de la fecha se contará con un refuerzo efectivo de fuerzas de seguridad nacionales quienes actuarán en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires para garantizar la libre circulación y la integridad física de los transportistas en rutas de acceso y en las inmediaciones de la Playa El Triángulo”, indicaron.
El despliegue busca garantizar que los conductores que no adhieren a la protesta puedan retomar la actividad “sin temor a represalias”. La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación de Acopiadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.
Un riesgo creciente para las exportaciones
La paralización de las terminales -sostiene la cámara de las aceiteras- afecta compromisos comerciales en un contexto en el que la campaña proyecta unas 158 millones de toneladas.
Las demoras en los embarques pueden derivar en incumplimientos contractuales y penalidades, lo que erosiona la reputación internacional del complejo agroindustrial.
“La situación es insostenible”, reiteraron desde Ciara-Cec, advirtiendo que la disputa sectorial ya compromete a toda la cadena.
Para 2026, el sector prevé una liquidación de divisas cercana a los USD 34.530 millones. Sin embargo, ese flujo se encuentra hoy condicionado por la imposibilidad de operar con normalidad en los puertos.
