El municipio bonaerense estableció un cargo que se calcula en base a la potencia instalada de los aerogeneradores. Y proyecta una recaudación de hasta US$ 380.000 anuales. El antecedente de Puerto Madryn, en Chubut.
Olavarría comenzará a cobrar una Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) específica a los parques eólicos instalados en ese municipio bonaerense, bajo un esquema que finalmente quedó establecido entre US$ 700 y US$ 850 por MW de potencia instalada.
Con la entrada en operación del nuevo parque de PCR y ArcelorMittal Acindar, la recaudación municipal podría ubicarse entre US$ 360.000 y US$ 380.000 anuales.
La medida se inscribe en un debate más amplio sobre cómo deben financiarse los servicios municipales vinculados con grandes proyectos energéticos.
En Olavarría funcionan o están en desarrollo cuatro proyectos eólicos que reúnen 82 aerogeneradores. Entre ellos se encuentra el Parque Eólico Cementos Avellaneda, operado por YPF Luz junto con la cementera, que cuenta con nueve equipos y 84 MW de potencia instalada.
El caso adquirió relevancia en el sector porque la nueva tasa llega después de que otros municipios intentaran establecer cargos específicos sobre instalaciones renovables.
Un esquema que cambió durante el debate
La propuesta inicial contemplaba una TISH equivalente al 1,38% de la facturación de los parques eólicos. Posteriormente, el esquema fue modificado y se planteó un cargo fijo de US$ 5.200 por cada aerogenerador.
La ordenanza finalmente aprobada estableció una metodología diferente: la base imponible es la potencia nominal instalada de cada equipo, expresada en megavatios.
La escala parte de US$ 850 por MW para aerogeneradores de hasta 3,8 MW y disminuye hasta US$ 700 por MW para equipos de 9 MW o más.
Otro de los cambios incorporados fue la extensión de la estabilidad tributaria. Los contribuyentes alcanzados tendrán previsibilidad sobre el régimen durante 20 años, un plazo relacionado con los períodos de recuperación de las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura de generación eólica.
Con el nuevo esquema, el municipio estima una recaudación anual de entre US$ 360.000 y US$ 380.000. El monto será percibido al comienzo de cada año y aumentará cuando se incorpore plenamente el parque que se encuentra en construcción.
Cuatro parques y más de 80 aerogeneradores
En Olavarría funcionan o están en desarrollo cuatro proyectos eólicos que reúnen 82 aerogeneradores. Entre ellos se encuentra el Parque Eólico Cementos Avellaneda, operado por YPF Luz junto con la cementera, que cuenta con nueve equipos y 84 MW de potencia instalada.
También está el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar. El proyecto se encuentra a unos 27 kilómetros de la localidad, contempla 30 aerogeneradores y demandó una inversión de US$ 276 millones. Fue aprobado bajo el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y tendrá inicialmente una capacidad de alrededor de 184 MW.
Los otros dos emprendimientos son Vientos de Olavarría y La Rinconada, pertenecientes respectivamente a Ternium y Tenaris, compañías del Grupo Techint. Entre ambos reúnen 43 aerogeneradores y unos 194 MW de potencia.
El nuevo régimen llega así sobre una actividad que requiere desembolsos elevados y largos períodos para recuperar el capital invertido. La escala de los proyectos también supone desafíos logísticos relevantes: las palas de los aerogeneradores pueden superar las 20 toneladas y deben trasladarse desde los puertos hasta los sitios de instalación mediante operaciones de transporte especializado.
El antecedente de Puerto Madryn
La discusión sobre los cargos municipales aplicados a parques renovables tiene un antecedente relevante en Puerto Madryn.
En 2020, empresas como Genneia y PAE recurrieron a la justicia federal ante un esquema que implicaba una carga cercana al 5% de la facturación de los parques eólicos instalados en esa localidad.
Aquel conflicto se produjo después de una modificación del ejido municipal y terminó con la intervención judicial para frenar la aplicación del gravamen.
El sector volvió a poner el tema sobre la mesa a partir de la situación de Olavarría.
“Casos como los de Olavarría y Madryn son un dilema: ¿hasta dónde forzás el conflicto con el entorno en donde operás?”, dijo a Infobae un ejecutivo de una empresa con parques eólicos, aunque no involucrada en los proyectos de Olavarría.
El proyecto de Olavarría avanzó luego del vencimiento, a fines de 2025, del artículo 17 de la Ley 27.191, que impedía aplicar gravámenes nacionales, provinciales o municipales sobre las energías renovables. La generación y el transporte eléctrico, además, se encuentran regulados por normas de alcance nacional.
El escenario podría cambiar nuevamente. En mayo, Diputados dio media sanción a una prórroga de esa protección por 20 años y, la semana pasada, el Senado emitió dictamen de mayoría para extenderla hasta 2045.
Si se convierte en ley, volvería a establecerse un marco nacional que limite la aplicación de este tipo de cargas sobre los proyectos renovables.
